El Ministerio de Justicia fue el artífice del decreto presidencial que modificó el reparto de tutelas contra el Presidente, trasladando la competencia del Consejo de Estado a cualquier juez del circuito en primera instancia. La modificación generó polémica por interpretarse, desde distintas voces jurídicas, como una retaliación contra esta alta corte, que ha proferido fallos adversos a los intereses del jefe de Estado.EL TIEMPO habló con Yefferson Dueñas, viceministro de Promoción de la Justicia, sobre el propósito del Ministerio con el decreto y la controversia que lo rodea.¿Cuál es el propósito desde el Ministerio de Justicia de este decreto que devuelve a los jueces del circuito esa función de revisar en primera instancia tutelas contra el Presidente?El decreto tiene varios propósitos. En primer lugar, maximizar el principio de igualdad de manera que la tutela contra todas las autoridades del orden nacional sean conocidas por una misma autoridad, en este caso por los jueces civiles del circuito, los jueces del circuito en primera instancia y por los tribunales en segunda. Eso es un primer objetivo.Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetEl segundo es profundizar en el acceso efectivo a la justicia mediante la desconcentración territorial. ¿Por qué? Porque permite el acceso a jueces del circuito sin tener que remitir todas las tutelas al Consejo de Estado, el trámite que eso implica y, con esa vía, se garantiza igualmente una mayor celeridad.En tercer lugar, el decreto da cumplimiento o va en la misma dirección de la decisión del Consejo de Estado que suspendió o que había suspendido unas reglas de reparto de la tutela en el caso de actuaciones o tutelas relacionadas con seguridad nacional y actuaciones administrativas.Finalmente, y a mi juicio, lo más importante, es dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 86 de la Constitución, que establece que la acción de tutela puede ser presentada en todo momento y lugar ante los jueces de la República sin establecer distinciones de ningún orden.¿Qué les dice a quienes sugieren que esta modificación no podía hacerse por decreto?Sobre eso hay una discusión profunda sobre si el reparto de tutelas establece unas reglas de competencia. En el año 2001, la Corte Constitucional inaplicó por inconstitucional un decreto que establecía reglas de competencia. Se hizo uso precisamente de la excepción de inconstitucionalidad, pero luego el Consejo de Estado dijo que no se violaba la Constitución y entonces se avalaron los repartos por esta vía.En ese orden de ideas, entonces, este decreto es un decreto que establece reglas no de competencia, sino de reparto. Y según la jurisprudencia del Consejo de Estado, eso es viable a través de un decreto reglamentario. De hecho, lo que está modificando es otro decreto reglamentario, que es el decreto 333, y se incorpora en el decreto único del sector.¿Pero esto no es violatorio de la separación de poderes?No. No se modifica la competencia judicial porque se trata de una regla de reparto, no de competencia. Y, por otro lado, no se busca proteger a nadie, porque las acciones de tutela serán repartidas entre los jueces del circuito, sin importar la jurisdicción: laboral, civil o contencioso-administrativa. En segunda instancia, estarán a cargo de los tribunales correspondientes. Además, seguirá existiendo la posibilidad de revisión eventual por parte de la Corte Constitucional. Es decir, se mantienen las reglas de competencia, se ajustan las de reparto y se conservan tanto la segunda instancia como las garantías constitucionales. De hecho, se retorna al esquema que existía antes del año 2021.El presidente Gustavo Petro se refirió al decreto que cambia las competencias del Consejo de Estado. Foto:Presidencia de la RepúblicaEl decreto estuvo antecedido por una serie de tensiones entre el Presidente y principalmente el Consejo de Estado, que es la corte a la que más ha dirigido comentarios desacreditando cierto tipo de decisiones. ¿No podría interpretarse este decreto como una forma de quitarle control al Consejo de Estado?No se trata de cuestionar la competencia del Consejo de Estado, sino de facilitar el acceso a la acción de tutela. No es una respuesta a una decisión, sino que por el contrario es el ajuste institucional a una desarticulación que venía desde el año 2021.¿Por qué lo modifican? ¿Qué errores encontraron en el funcionamiento actual para regresarlo como estaba antes del 2015?Lo que pasa es que en el año 2021 el decreto 333 estableció una regla sui generis y rompió el principio de igualdad en el reparto de tutela para asignar todas las del reparto de tutelas contra el Presidente de la República o asuntos de seguridad nacional al Consejo de Estado. De manera que se generó un juez único, contrario al concepto que establece el artículo 86 de la Constitución, que señala que las tutelas son ante cualquier juez en todo momento y lugar.Pero se hizo por la dignidad del cargo presidencial y por la unificación de criterio que tiene una alta corte…El decreto lo que hace es adecuarlo a las reglas del Consejo de Estado y evitar precisamente que haya un juez específico y único para las tutelas, lo cual está en contravía —a mi concepto— de lo que señala el artículo 86 de la Constitución.Es más, presento una situación: el decreto 333 fue demandado ante el Consejo de Estado por personas o autoridades, justamente con el argumento de que ese decreto violaba la reserva de ley y establecía una regla de reparto arbitrario, para eludir el control de los jueces de la República y concentrarlo solamente en una autoridad.#Colombiaen5minutos Foto:Ya se anuncian varias demandas en contra de este decreto. ¿Qué esperan que ocurra? Además, esas demandas las tendría que revisar el mismo Consejo de Estado por tratarse de la legalidad de un acto administrativo…El acto administrativo, que es objeto de control, se defiende y el Consejo de Estado tomará la decisión a que haya lugar. Consideramos, eso sí, que no hay ningún vicio ni en el proceso de formación del decreto ni en los aspectos sustantivos. Es decir, que no se violan ni la Constitución ni la ley. Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia