En el consejo de ministros del 3 de marzo, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, expuso el nuevo plan del gobierno para acabar con el cultivo de la hoja de coca en el Catatumbo.Este fue adoptado en virtud del estado de conmoción interior mediante el Decreto 180 de 2025, que establece “(…) medidas excepcionales para desvincular a los núcleos familiares que dependan de cultivos de uso ilícito y promover su tránsito a economías lícitas (…)”.El plan consiste en dos tipos de medidas: un programa de erradicación voluntaria acompañado de la compra de los cultivos ilícitos; según lo dicho en el consejo de ministros, el Gobierno ofrecería pagos de 1.280.000 de pesos mensuales, por un año, a la población que se sume al programa. Y un programa de promoción de cultivos lícitos, cuya herramienta principal será la formalización de la propiedad privada y la adjudicación de bienes baldíos, incluso en las áreas afectadas por la presencia de cultivos de la hoja de coca. De esta manera se evitaría el traslado de personas de un territorio y se crearían condiciones para otro tipo de cultivos con vocación de mediano plazo.Varios analistas y figuras políticas han señalado que este plan no es novedoso, ya que guarda demasiadas similitudes con el fallido PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), la estrategia del Gobierno que, en lugar de reducir, aumentó las hectáreas de cultivos de coca.Hoja de coca, lista para ser procesada. Foto:Brigada 17 – Ejército NacionalOtros temen que pueda tener efectos negativos en el proceso de certificación de Estados Unidos, porque podría ser interpretado como una negativa del gobierno Petro a la erradicación forzosa.Con el fin de evaluar estas críticas –y de aprender lecciones que pueden ser valiosas–, en este artículo me propongo revisar la experiencia de otros países que han adoptado medidas similares con diversos resultados.TailandiaEl desarrollo alternativo surgió hace más de 50 años de los esfuerzos de sustituir los cultivos de amapola en Tailandia. La idea era hallar algunos cultivos nuevos o mejorar los ya existentes, para lograr cosechas más valiosas.En 1965 Tailandia produjo 265.000 kilos de opio, y después de 35 años logró disminuir esta producción a 4.000 kilos.Para contextualizar este éxito, es importante notar que el crecimiento económico de Tailandia ha sido extraordinario y muy difícil de replicar, pues su PIB per cápita pasó de US$ 722,4 en 1965 a US$ 6.393,9 en el 2023.El programa empezó con una lista de 1.080 cultivos, posibles sustitutos, que se fueron eliminando hasta tener una de 50 cultivos que iban a ser sometidos a estudios más amplios. Estos esfuerzos requerían experimentación, tiempo, generación de confianza entre los campesinos cultivadores y el Estado, así como recursos duraderos, puesto que muchas de las plantas identificadas requerían varios años antes de dar una cosecha satisfactoria.Cultivo de amapola. Foto:PolicíaLos intentos de sustitución demostraron ser más difíciles de lo esperado y no arrojaron resultados satisfactorios, lo que llevó a los gobiernos a formular políticas de desarrollo alternativo. Un enfoque mucho más complejo, enmarcado dentro de las amplias políticas de desarrollo territorial y regional.Un factor crucial para el éxito fue el profundo respeto de la población campesina hacia el rey. Tailandia, históricamente conocida como Siam, se destaca por no haber sido colonizada jamás; no es sorprendente, por tanto, que la ciudadanía tenga un fuerte sentido de identidad nacional y de respeto hacia el Estado y sus normas, características poco comunes en países en vías de desarrollo.También contribuyó el hecho que en la zona cultivadora de amapolas las comunidades tenían problemas de adicción al opio, por lo que no hubo un rechazo significativo a los programas de desarrollo alternativo. Los programas tenían un componente de salud pública, y además el Gobierno desarrolló otros programas que aumentaron sustancialmente los niveles de educación y los servicios sanitarios. Lo que integró físicamente al país.No obstante el éxito del programa, es importante recordar que el narcotráfico no desapareció sino que se transformó. Los cultivos de amapola estaban localizados principalmente en zonas alejadas de los grandes mercados internos, especialmente el de Bangkok; pero las redes comerciales desarrolladas por el mercado del opio fueron aprovechadas por la industria de anfetaminas y metanfetaminas, que de facto ha sustituido a las amapolas y ha inducido al Gobierno a tomar medidas contra la posesión y uso de estas drogas.El ejemplo del programa de reducción de la amapola en Tailandia muestra que estos procesos no son fáciles.BoliviaEl experimento boliviano comenzó con la Ley 1008 de 1988, que reconoce la existencia de cultivos legales de coca para usos tradicionales, y la adopción de un programa de erradicación financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), que ofrecía al campesinado hasta US$ 2.500 por hectárea erradicada.Este programa logró una disminución de cultivos en forma pacífica, gracias a las relaciones de cooperación y confianza entre las comunidades campesinas y el Estado.Estas relaciones han sido el producto de un conjunto de políticas y cambios, que se iniciaron a mediados del siglo XX. En 1952 Bolivia experimentó un golpe militar revolucionario, y en 1953 se inició un programa de reforma agraria en la sierra. Muchas haciendas fueron divididas y distribuidas entre un elevado número de campesinos que se organizaron en “sindicatos” con capacidad negociadora frente al Gobierno.Cultivos de coca. Foto:Raúl Arboleda- AFPEl gran crecimiento demográfico que empezó a finales de los años cincuenta motivó al Gobierno a promover la colonización de la provincia del Chapare, que terminó siendo poblada por campesinos que replicaron sus “sindicatos” en esa zona y por mineros desplazados por la caída del precio del estaño.Es importante recalcar que este acuerdo permitió el crecimiento del poder político de Evo Morales, el líder cocalero, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019.El Estado siempre estuvo presente y desarrolló grandes proyectos de infraestructura financiados en parte por agencias multilaterales y bilaterales, especialmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos financiaron una parte sustancial de la carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz y que atraviesa el Chapare. Estas inversiones se complementaron con los programas de desarrollo alternativo financiados por donantes externos, lo que hizo que el Chapare cuente en la actualidad con buenos servicios de electricidad, educación, servicios de salud, comunicaciones, transporte, etc.Bolivia. Foto:iStockEs claro que, en el ambiente político actual de Estados Unidos, que ha eliminado a Usaid, un apoyo similar sería imposible.AfganistánEn Afganistán se han registrado dos casos de erradicación de cultivos ilícitos, ambos bajo la dirección de los talibanes motivados por sus creencias religiosas. El Corán prohíbe el consumo de alcohol y, aunque no se menciona explícitamente el opio, su uso recreativo es generalmente descrito como “haram” (no permitido por las leyes islámicas), por lo que los talibanes han incluido los opiáceos en la misma categoría que las bebidas alcohólicas.En 1999 aplicaron la prohibición total a los cultivos de amapola y lograron su virtual erradicación, pero esto no se mantuvo una vez que el gobierno cambió.Afganistán. Foto:Jaward Jalali / EFELos talibanes retomaron el poder en 2021, después de que el comercio de opio había vuelto a crecer y la mayoría de los agricultores habían plantado amapola para cosecharlo en la primavera de 2022. Los talibanes prohibieron la producción en abril de ese año durante la cosecha de amapola y en 2023, según un informe de la ONU, lograron una disminución de 95 por ciento en el área cultivada.Lecciones aprendidasLos casos de Tailandia, Bolivia y Afganistán muestran que el éxito de una política de erradicación de cultivos depende principalmente del tipo de relación que existe entre el formulador de la política –el Estado– y sus destinatarios.Mientras que la política más exitosa ha sido la de Afganistán, su permanencia en el mediano plazo depende de la existencia de un régimen autoritario. En el caso de Tailandia, los cambios en la economía generaron opciones de empleo e ingreso para los campesinos y les permitieron apartarse del cultivo de amapola; sin embargo, no se ha logrado controlar la industria ilegal de drogas sintéticas que remplazó a la del opio y la heroína. Finalmente, en Bolivia los acuerdos con el Estado le permitieron a la comunidad la legalización de los cultivos para usos tradicionales y el Gobierno ha promovido los usos industriales. Pero el narcotráfico continúa, aunque con niveles muy inferiores a los de Colombia.Otro factor que se resalta en los tres ejemplos mencionados es que la eliminación de los cultivos ilícitos no vino acompañada de violencia porque el Estado tenía control sobre el territorio.Ya hace casi 30 años Clawson y Lee III (1996) señalaban que para que un programa de desarrollo regional en zonas de cultivos ilícitos fuera exitoso debía incluir cinco elementos: 1) sustitución de cultivos, 2) desarrollo de mercados para los productos agrícolas legales, 3) industrialización de los productos agrícolas para añadir valor agregado en áreas rurales, 4) suministro de infraestructura social (salud, educación, seguridad, etc.) y, finalmente, 5) desarrollo de organizaciones en las comunidades involucradas.En los casos de Tailandia y Bolivia, los proyectos han incluido en diversos grados estos elementos, y estos han contribuido a su relativo éxito y estabilidad en el mediano plazo.En el caso de Colombia, el desafío es mayor. A diferencia de estos países, donde los proyectos se hicieron en territorios donde el Estado tenía un mayor o menor grado de control territorial, la finalidad del Decreto 180 de 2025 es lograr control territorial en una zona donde la gobernanza ilegal ha suplantado al Estado.Una vez se logre el control territorial, y el reconocimiento de la comunidad, será posible diseñar políticas que resuelvan el problema. De lo contrario, se requerirá una solución autoritaria como en el caso de Afganistán.Moraleja: la soberanía territorial que no se ejerce se pierde…Doctor en Economía, investigador en el área de política de drogas y cofundador de (**) Razón Pública, un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.