Trump entierra por primera vez el sueño de una green card para 550.000 migrantes cubanos | Inmigración en Estados Unidos

Castro siempre ha sido un ilegal, un prófugo de la ley. Aquí, o allá, aprendió a vivir en una especie de clandestinidad, porque lo cierto es que a Castro siempre lo han querido expulsar de algún lado. Cuando abandonó Tercer Frente, al oriente cubano, para asentarse en Limonar, al otro extremo del país, la policía se le encarnó, lo persiguió por no contar con documentos como residente en la provincia de Matanzas, lo multó y le confiscó aguacates, limones, cerdos, yogures o el carbón que hacía con sus propias manos, y que luego vendía en su carretón de caballo por las calles rotas y municipales de Cuba. Ahora, en Texas, tampoco quieren que esté. Se podría pensar que Castro es un migrante privilegiado por ser cubano, de los miles que llegaron desde hace décadas y se hicieron residentes, trabajaron duro, adquirieron propiedades, se convirtieron en ciudadanos y contribuyeron a Estados Unidos no solo con taxes, sino con una primera, segunda, y hasta tercera generación en la familia. Pero no es así.Castro no ve problemas en revelar su identidad, aunque solo su apellido, por protección. Tiene una orden de deportación emitida por un juez tiempo después de que saliera de Cuba, atravesara él solo Centroamérica, cruzara a nado el Río Grande, llegara a El Paso, lo detuvieran por varios meses, y luego lo soltaran con una fianza de 15.000 dólares. Cuando en 2022 asistió a la Corte, el juez le comunicó que no había ido a una cita con migración para tomar sus huellas dactilares. “Yo me quedé frío”, dice Castro, de 34 años. “Nunca tuve conocimiento de esa cita”. Tras otros fallos en su proceso migratorio, estafas de abogados y desorientación, supo que era uno más en peligro de ser regresado a la isla, como otros 42.000 cubanos que hoy permanecen con orden de deportación.Desde que se levanta, sobre las ocho de la mañana, Castro enciende su Honda Civic blanco y sale a repartir pedidos de comida a domicilio. Como no tiene documentos legales, le alquila la aplicación Doordash a un conocido, y trabaja y trabaja todas las horas que puede, porque Castro no va al cine, ni a un restaurante, ni a una fiesta, lo único que hace y ha hecho desde que llegó es trabajar. Hace poco, por el anuncio de una redada de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se permitió quedarse en casa, ante el temor de que algo le sucediera. Castro vive como un espectro en el mundo de los tejanos, deslizándose a escondidas, resolviendo como puede, sin licencia de conducción, sin permiso de trabajo. Nunca pensó que iba a ser así, porque nunca fue así para sus conocidos, que llegaron antes, incluso algunos que arribaron después que él. Creyó que, una vez cumpliera el año y un día en territorio estadounidense, iba a aplicar a la vigente Ley de Ajuste Cubano e iba a obtener su Tarjeta Verde, como siempre han hecho sus compatriotas.—Pero ahora yo vivo aquí cómo vive toda la gente que no tiene papeles— asegura.Es decir, vive en las sombras, con miedo, como los casi 14 millones de indocumentados que permanecen hoy en Estados Unidos. Un latino más entre los tantos mexicanos, colombianos, venezolanos, guatemaltecos o ecuatorianos, que representan el 84% de todos los inmigrantes ilegales en el país. Un grupo del que los cubanos, por sus beneficios migratorios especiales, nunca se han sentido parte. No es el único, hoy son casi 550.000 los cubanos que, como el resto de migrantes, ven imposible convertirse en residentes, algo que antes solía ser un camino relativamente fácil.Entre los 681.812 cubanos que llegaron a Estados Unidos entre 2021 y 2024 —en medio del mayor éxodo migratorio de todos los tiempos —, muchos permanecen no solo con el estatus de I-220 B u orden de deportación, sino con el de I-220 A, un permiso de libertad bajo supervisión otorgado a unos 400.000 cubanos de manera azarosa tras su llegada a la frontera, que no les permite ajustar el estatus. A estas se cifras se suman los casi 26.000 cubanos que llegaron al país después de marzo de 2024 y estarían impedidos de tramitar su residencia tras la revocación de la protección a los beneficiarios del parole. También son miles los que han solicitado refugio o asilo político y que, al igual que los migrantes de otras nacionalidades, se verán afectados por la pausa en los procesos de residencia permanente que ordenó hace unos días la nueva administración republicana.Son, en algún sentido, los nuevos migrantes cubanos, muy diferentes incluso a sus familiares, pero muy parecidos a los indocumentados de otras comunidades. A pesar de que los cubanos del sur de Florida le dieron de forma mayoritaria su voto a Donald Trump, para el presidente no hay distinción en su lucha por llevar a cabo la mayor deportación de la historia. Los cubanos, un grupo históricamente beneficiado por leyes que lo amparaban, podría comenzar a verse en dificultades para encontrar trabajo, legalizarse, viajar o tener las ventajas que garantiza no ser un indocumentado, a pesar de que aún buena parte de la comunidad puede ajustar su estatus.“En efecto, uno pudiera afirmar que lo que se ha estado produciendo podría tener un impacto significativo en los procesos de integración social”, asegura la socióloga cubana Elaine Acosta González, investigadora asociada al Instituto Cubano de Investigación, quien lidera un estudio sobre nuevos flujos migratorios. “Nuestra comunidad también está siendo afectada por un discurso homogeneizante, criminalizador de la emigración, que afecta a la comunidad latina en su conjunto, en la que estamos los cubanos, aun cuando muchos de nosotros no nos sintamos parte de esa comunidad, justamente porque no hemos atravesado procesos tan complejos de regularización migratoria como otras. Ese entorno negativo inevitablemente nos iguala, o nos hace de una manera más cercanos a la realidad de esos migrantes, aunque aún tenemos algunas ventajas comparativas”.Entre el temor y la esperanza de una Green CardCuando Nasin Simón Boada, de 48 años, llegó en abril de 2022 a El Paso, Texas, estaba completamente descompensado, aumentaron sus problemas de hipertensión, sufrió varias hipoglucemias. Después de cuatro días detenido tras entregarse a la patrulla fronteriza, firmó los documentos que las autoridades le pusieron delante. “Nunca me preguntaron si temía regresar a Cuba”, dice desde su casa en Lancaster, Pennsylvania. “Al salir firmé varios papeles, no sé inglés, por tanto firmé sin leerlos, estaba desesperado por salir de allí”. El día que lo liberaron, le dieron un documento con el estatus de I-220A. No tenía idea de lo que eso significaba. “Inicialmente lo que sabía era que eso me impediría acogerme a la Ley de Ajuste Cubano”, cuenta. “Me podían haber dado un parole, pero era cuestión de suerte o de mala suerte, una cosa o la otra”.Como miles de cubanos en esta misma situación, Boada abrió un caso de asilo político, que le garantiza el permiso con el que trabaja en una factoría a tiempo completo. Tras cerrar su caso en la Corte, aplicó a la Ley de Ajuste, aprobada por el Congreso en 1966 y que permite a los ciudadanos de la isla obtener la residencia permanente. Aunque algunos con el mismo estatus han obtenido su legalización, es un grupo mínimo comparado con los miles que no tienen garantías. Boada pasa los días preocupado. Si sale a la calle, carga con todos sus documentos en regla. Incluso con una carta en inglés, por si se presenta un inconveniente y tuviera que explicar su caso a la autoridad, decirles que es un inmigrante con permiso para permanecer en el país. “No me siento totalmente a salvo, pero es lo que está en mis manos hacer en este momento”, dice.Los padres de Viviana —quien ha pedido cambiar el nombre por motivos de seguridad— son los últimos cubanos perjudicados de la era Trump. Ella tiene 66 años, él 69. Casi al final de la vida dejaron su campo de Sancti Spíritus para reunirse con su hija en Miami. Nunca pensaron en emigrar, pero la administración de Joe Biden abrió a los cubanos a inicios de 2023 la posibilidad del programa de parole humanitario, una vía legal, rápida, segura y barata con la que llegaron a Estados Unidos 111.000 nacionales de la isla. No ha pasado un año desde que llegaron, desde que conocieron a sus nietas. Nunca se imaginaron en este escenario en el que, en menos de un mes, Trump los declarará ilegales como a tantos. “Nunca pensamos que esto iba a afectar el parole”, dice Viviana. “Pensamos que se iban a poder acoger a la Ley de Ajuste Cubano, no que ellos iban a estar en ese limbo migratorio”.Nunca sospecharon nada porque incluso su familia, asentada en Miami antes que ellos, les aseguraron que Trump era la mejor opción para todos, que bajaría los precios de la gasolina, que mejoraría la economía. “Era muy contradictorio, teníamos miedo y aún así nuestra familia más cercana apoyó a esa persona que nos hacía sentir temor”, asegura la hija. “El hermano de mi papá con toda su familia, o los primos de mi mamá, todos tenían el mismo discurso de que teníamos que vivir un mandato de Trump para saber lo que era vivir un Estados Unidos próspero. Pero aún así, sin haber tenido precedentes, sabíamos que con la emigración iba a ser duro, aunque jamás a los niveles que ha llegado”.A los padres de Viviana les han recomendado aplicar al asilo político, ahora que también se vencen los permisos de trabajo o cualquier beneficio que acompañaba a los paroleados, pero la hija se niega, teme estar cometiendo algún fraude. “Todos los cubanos pueden alegar problemas en Cuba, ¿pero con qué base? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué argumentos? Entonces no tengo pensado hacerlo, ni cuento con los 4.000 dólares que cobran los abogados. Es un riesgo que vamos a tomar”.Darién Álvarez en su casa de Estados Unidos.Entre todos los cubanos que emigraron en los últimos años, quienes entraron con la aplicación CBP One parecen estar más a salvo. Darién Avarez, de 30 años, quien llegó hace menos de uno al país tras esperar su cita en Hidalgo, México, tuvo “la suerte” que no tuvieron algunos de sus conocidos, quienes quedaron atrás una vez Trump puso un pie en la Casa Blanca y eliminó en su primer día de presidente la herramienta con la que Biden pretendió paliar la crisis fronteriza. Ahora tiene permiso de trabajo, licencia para conducir, y aplicará a la Ley de Ajuste Cubano cuando cumpla un año y un día de estancia legal en Estados Unidos.“Yo estoy bastante bien porque apliqué al asilo, y al año y un día voy a aplicar a la residencia, porque es el derecho que me toca”, asegura el joven, quien trabaja en una compañía de pintura en West Palm Beach. A pesar de que todo parece marchar con su proceso, no puede negar que a veces siente temor, más aún cuando dictan una nueva medida que va contra los migrantes. Por eso nunca quiso al republicano. “Yo no quería que saliera Trump”, dice. “El había anunciado las cosas que iba a hacer, ahora las está haciendo. Mucha gente pensó en el precio de la gasolina, pero nadie pensó en los problemas que le trae a muchas familias que tuvieron que empezar de cero para venir aquí a buscar una oportunidad que ahora tampoco se les está dando”.A pesar de las diferentes categorías que mantienen a miles de cubanos en un limbo legal, el abogado de migración Willy Allen cree que quienes más corren peligro son los que permanecen con una I220-B. “Esas personas nunca tuvieron una entrada legal, así que no se podían legalizar. Sospecho que este año será muy duro para ellos”, sostiene el abogado quien, sin embargo, tiene esperanzas de que los I-220A puedan ajustar su estatus, más aún cuando tantos políticos del sur de Florida han dado la pelea por estos casos. “Mi sospecha es que este año puede ser favorable para ellos, porque hay una corte federal que tiene argumentos programados para septiembre. El I-220A fue usado en la frontera al azar. Entonces la inconsistencia con la que se ha aplicado da una garantía mucho más fuerte”. Por otra parte, Allen recomienda a los cubanos que entraron con la aplicación CBP One y parole humanitario que apliquen al asilo político cuanto antes.A pesar de que, entre todas las comunidades, la cubana sigue teniendo ciertos privilegios migratorios, el miedo también se ha apoderado de este grupo, que antes lo desconocía en su mayoría. “Hay un sentimiento de temor que ha aumentado en nuestra comunidad, de desesperanza, de preocupación, de mayor angustia”, dice la socióloga cubana Elaine Acosta. “Es un proceso que han experimentado otras comunidades migrantes de origen latino por muchísimos años, y que nosotros no habíamos experimentado”. No obstante, la investigadora cuenta que, según el estudio que realiza, ha notado que a pesar del limbo legal en la comunidad “hay una especie de negación de lo que está pasando”. “Creo que aún se mantienen las esperanzas de que a nosotros se nos va a procurar un tratamiento diferenciado, como el que hemos tenido previamente. Sin embargo, muchas veces no contamos con la cultura jurídica ni la socialización política necesaria para entender la gravedad del asunto y las consecuencias que va a tener”.