El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en su momento uno de los miembros más respetados del gabinete del presidente Gustavo Petro, entró oficialmente a la lista de alfiles del primer mandatario en responder penalmente por el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Bonilla, a quien el escándalo tumbó de su cargo a finales del año pasado por petición del primer mandatario, será imputado por dos delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. De ser hallado responsable, podría enfrentar una pena superior a los 12 años de prisión. El martes, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, anunció que la audiencia se tramitará una vez un juez avale el principio de oportunidad para María Alejandra Benavides, la asesora del exminhacienda que fue su enlace con el Congreso y que ahora será la principal testigo en su contra. “La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla, a partir de un acercamiento en virtud de una negociación de principio de oportunidad con la señora María Alejandra Benavides. Ese principio se va a radicar a finales de esta semana, y una vez el juez a quien corresponda decidir la legalidad de este principio lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de imputación contra el exministro”, señaló al respecto la fiscal Patiño.Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Foto:Ministerio de HaciendaLos testimonios de Olmedo López, exjefe de la UNGRD, y su segundo, Sneyder Pinilla (ya condenado por el robo al erario) completan la matriz sobre la que la Fiscalía avanzará en el proceso penal contra una de las fichas más cercanas al presidente Petro.Bonilla, quien acompaña a Petro desde sus épocas en la Alcaldía de Bogotá, se convierte en el quinto ex alto funcionario de este gobierno en responder penalmente por el escándalo de la UNGRD. El mismo Olmedo López (ex-M-19, preso), el exjefe del Dapre y la DNI Carlos Ramón González (también exmiembro de esa guerrilla y hoy por fuera del radar de la justicia); la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz (presa) y el exjefe de la Función Pública César Manrique están en una lista de altos alfiles del petrismo en la que puede añadirse un sexto nombre: el del detenido expresidente de la Cámara Andrés Calle, militante del liberalismo, pero en realidad petrista purasangre. Olmedo López, exjefe de la UNGRD. Foto:Archivo EL TIEMPO.El exministro, que en todo momento ha asegurado que sus actuaciones en el Ministerio de Hacienda fueron las mismas realizadas por sus antecesores en el trámite de proyectos y otras iniciativas ante el Congreso, aparece señalado como ficha clave de un esquema de corrupción que habría desviado millonarios contratos de la UNGRD hacia miembros de las comisiones económicas para aceitar iniciativas del Ejecutivo, entre ellos cupos de endeudamiento. “Este caso no se desarrolló solamente en Bogotá: está involucrada contratación en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Hemos tenido que realizar labores de corroboración que requieren tiempo”, dijo ayer la fiscal Patiño sobre las investigaciones de esa contratación. Los congresistas indagados por la Corte. Foto:Archivo particularAntes de que termine la semana debería estar, según las cuentas de la Fiscalía, avalado el principio de oportunidad para Benavides, quien en 2023 llegó como asesora del entonces ministro en reemplazo de Andrea Ramírez, quien ya rindió hace semanas una diligencia de arraigo en el ente acusador.Los principales elementosLos testimonios de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, ahora reforzados por la exfuncionaria que fue el enlace entre Bonilla y los congresistas, apuntan al supuesto direccionamiento de contratos por 92.000 millones de pesos para comprar apoyos con proyectos claves para el gobierno del presidente Petro. Los parlamentarios inmersos en ese capítulo, uno de los cuatro de la empresa criminal montada en la UNGRD, son Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, así como el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes son investigados en este momento por la Corte Suprema por el presunto delito de cohecho impropio.María Alejandra Benavides, exasesora de Minhacienda. Foto:Archivo particular“Se tuvieron en consideración más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas testimoniales. Esto permitió construir una hipótesis según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”, señaló la Corte en noviembre pasado. Lo anterior, al anunciar que asumía su parte en las investigaciones por el que hasta ahora es el mayor escándalo de la actual administración.Ese grupo de legisladores habría sido el que a finales de 2023 se interesó en contratos a cambio de favorecer las operaciones que el Gobierno Nacional tramitaba en las comisiones económicas.El capítulo que abrirían López y Pinilla tiene que ver con el famoso cónclave que se llevaba en el Palacio de Nariño, donde varios miembros del gabinete ministerial se reunían a planear la agenda de gobierno. De acuerdo con el exdirector de la Unidad, allí se comprometieron varios proyectos para materializar con recursos de su entidad. Entre los presentes en esas reuniones estaban Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Olmedo López.El exministro del Interior Luis Fernando Velasco (izq.). Foto:Ministerio del InteriorPor su parte, el testimonio de María Alejandra Benavides está ligado a que era el enlace entre Bonilla y los congresistas interesados en la contratación. En ese punto, conocería de las intenciones del exministro por direccionar ciertos proyectos.En una declaración dada a la fiscal Patiño el año pasado, la exasesora manifestó que “él (Bonilla) lo sabía. Todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera”, y añadió: “Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitamos allá adentro”.Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Foto:AsobancariaLa defensa del exministro Bonilla la encabezan los penalistas Javier Torres y Jorge Mario Gómez, quienes desde hace meses han asistido a distintas diligencias en el Tribunal Superior de Bogotá, en aras de prepararse para contrarrestar el material probatorio que tiene la fiscal María Cristina Patiño en contra de su cliente. En diálogo con EL TIEMPO, Gómez manifestó que su cliente “siempre ha comparecido y ha estado dispuesto a presentarse, de manera presencial, a todos los escenarios de la justicia”, y que así lo seguirá haciendo.Hasta ahora, la Fiscalía General no ha avanzado en sus indagaciones contra el también exministro Luis Fernando Velasco, quien como jefe de la cartera del Interior, según las versiones de López y Pinilla, habría estado enterado de las supuestas exigencias de los congresistas y del desvío de plata hacia sus contratistas en las regiones.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com