Cuando Ana Cecilia Tobón tomó la decisión de vender drogas en su casa, había sufrido un accidente vehicular que le impedía trabajar movilizando pasajeros de un lado a otro en Medellín. No tenía un empleo formal, y mucho menos, garantías de seguridad social. Las deudas de la hipoteca de la casa que le heredó su mamá la estaban ahogando y era la única que velaba por la manutención de su hija.Por una denuncia, las autoridades la capturaron y procesaron y, el 12 de julio de 2023, fue condenada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con fines de comercialización y destinación ilícita de muebles e inmuebles, dictándole una condena intramural de más de cuatro años.Cuatro meses antes de su sentencia, el 8 de marzo de 2023, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2292, más conocida como la ley de utilidad pública, que se convirtió en la primera política criminal con enfoque de género expedida en el país. Esta, en resumen, les permite a las mujeres privadas de la libertad por delitos menores de microtráfico, como Ana Cecilia, salir de la cárcel y pagar sus penas con trabajo comunitario.Cárcel. Foto:iStock“Yo me enteré de la ley estando en la cárcel. La fundación de Johana Bahamón nos hacía capacitaciones sobre esta y ayudó a varias mujeres a quedar en libertad. En mi caso, hice el proceso de solicitud sola, pasé una carta, me entrevistaron unas trabajadoras sociales, me pidieron unos papeles y en abril de 2024 quedé en libertad”, cuenta a EL TIEMPO Ana Cecilia, una mujer de 56 años, madre soltera de tres hijos, una de ellas menor de edad.Yo me enteré de la ley estando en la cárcel. La fundación de Johana Bahamón nos hacía capacitaciones sobre esta y ayudó a varias mujeres a quedar en libertad. En mi caso, hice el proceso de solicitud sola, pasé una carta, me entrevistaron unas trabajadoras sociales, me pidieron unos papeles y en abril de 2024 quedé en libertadAna Cecilia TobónBeneficiaria de la ley.Luego de cumplir nueve meses de su pena en la cárcel El Pedregal, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas de Medellín la remitió al ICBF, donde terminaría de cumplir su condena con servicio público en libertad, junto a su hija menor y con la posibilidad de trabajar. La última semana de febrero, Ana Cecilia terminó de pagar su sentencia haciendo tareas de archivo para dicha entidad.“Trabajé 20 horas semanales, lo máximo que permite la ley. Y en 10 meses terminé de pagar mi condena. Ahora soy una mujer libre”, dice Ana Cecilia, que continuará con su trabajo como conductora de Indriver, la única plataforma que le permitió trabajar en los días que no iba al ICBF a cumplir su pena para generar recursos para su sostenimiento y el de su hija.Dos años de la leyLa ley de utilidad pública de la que Ana Cecilia fue beneficiaria ha cobijado a 130 mujeres en el país (de marzo de 2023 a enero de 2025 y según datos del Ministerio de Justicia), que fueron condenadas con penas iguales o inferiores a ocho años de cárcel o, sin importar el monto, por delitos como hurto simple, calificado o agravado; conservación de plantas ilícitas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de inmuebles y concierto para delinquir cuando esté relacionado con los delitos antes enunciados.Pedir el beneficio de la ley y recibirlo pasa por un cotejo de requisitos. Además de lo antes descrito, la condenada debe demostrar que es una mujer cabeza de familia, con hijos, personas en situación de discapacidad o adultos mayores bajo su cuidado y responsabilidad, y que cometió el delito asociado a su condición de marginalidad (aquí se cuentan motivos de índole económico, nivel de escolaridad, relaciones familiares, procedencia, afiliación en salud y antecedentes de victimización).Una vez comprobadas estas formalidades y, según disposición del juez, la mujer podrá quedar en libertad y terminar de pagar su condena con servicios comunitarios, como medida de pena sustitutiva a la prisión. Tras acordar con la mujer, el juez determinará el lugar donde lo hará y el número de horas para la prestación del servicio, que puede ser entre cinco horas a la semana (que equivale a una semana de privación de la libertad) a 20 horas (que equivale a un mes). Por eso, en apenas 10 meses, Ana Cecilia logró cumplir la pena restante de 40 meses que adeudaba a su condena.Los servicios de utilidad pública incluyen “labores de recuperación o mejoramiento del espacio público; apoyo o asistencia a las víctimas siempre que éstas lo acepten; asistencia a comunidades vulnerables; realización de actividades de carácter educativo”. En caso de ser trabajos que no respondan a los descritos, la normativa demanda que el servicio introduzca “labores que contribuyan a la formación educativa y/o profesional de las condenadas, procurando no asignar únicamente labores tradicionalmente asignadas a las mujeres”.Según la Corporación Mujeres Libres, entre 2.000 y 3.000 mujeres privadas de la libertad podrían solicitar el beneficio de esta ley. Por lo que la cifra de 130 mujeres liberadas en apenas dos años es una muy pequeña frente al universo, dicen organizaciones como Dejusticia, la misma corporación, entre otras. Un nuevo enfoque De acuerdo con Isabel Pereira, coordinadora para la línea de política de drogas de Dejusticia, la tendencia en Colombia y el mundo es que la población carcelaria femenina está creciendo. “Las mujeres cargan con las tareas del cuidado y la expectativa de cumplir con estas, en contextos donde los estados de bienestar están cayendo y hay crisis económicas, en las que las primeras que salen de los esquemas de empleabilidad son ellas, que encuentran en los mercados de drogas una posibilidad de ingresos”, explica Pereira.Las mujeres cargan con las tareas del cuidado y la expectativa de cumplir con estas, en contextos donde los estados de bienestar están cayendo y hay crisis económicas, en las que las primeras que salen de los esquemas de empleabilidad son ellas, que encuentran en los mercados de drogas una posibilidad de ingresosIsabel PereiraCoordinadora para la línea de política de drogas de DejusticiaMientras que 2 de cada 10 mujeres está en prisión por delitos de tráfico de drogas, la proporción en los hombres es de 1 de cada 10, según datos del Inpec, con corte al 17 de febrero de 2024. En 2019, el Gobierno, junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), realizó un estudio aplicado a 2.000 mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con las drogas y encontró que en el 58.6 % de los casos ellas incurrieron en estos delitos debido a que no tenían cómo proveer a sus familias. Además, de las encuestadas, el 83.8 % de estas pertenecían a los estratos 0, 1 y 2.“En los últimos años, se ha documentado que en las cárceles hay una población creciente que cometió delitos de pobreza, es decir, no son personas vinculadas al crimen organizado o estructuras criminales o de corrupción. Son personas que cometieron delitos de supervivencia por mera desesperación en contextos de mucha precariedad socioeconómica donde se encuentran mercados de drogas o extorsión, que ofrecen una única manera de generar ingresos”, agrega Pereira.Desde la posición de la experta, este tipo de delitos no debería ser condenado automáticamente con cárcel. Y eso, por ejemplo, lo ratifican las Directrices Internacionales sobre DD. HH. y Política de Drogas de Naciones Unidas, publicadas en 2019. En el apartado de mujeres y delitos relacionados con las drogas, estos lineamientos recomiendan a los gobiernos, entre otras disposiciones, “poner a disposición intervenciones específicas de género que tengan como objetivo principal la desviación del sistema de justicia penal y abordar los factores subyacentes que conducen a que las mujeres entren en contacto con este” y “considerar los factores atenuantes a la luz de las responsabilidades de cuidado”.Para la jueza tercera de ejecución de penas de Medellín, Mónica Patricia Londoño Yarza, optar por medidas privativas en casos de mujeres que ejercen la jefatura del hogar y cometieron un delito sin violencia va en detrimento del tejido social. “La prisionalización de las mujeres ocasiona un daño significativo a la sociedad, ya que provoca la desintegración familiar, lo que lleva a que los hijos de estas mujeres queden dispersos y vulnerables, siendo fácilmente reclutados por grupos criminales para actividades ilícitas como la comercialización de drogas y otros delitos”, explica la jueza. A diciembre de 2024, su despacho había concedido tres beneficios a la luz de la ley.La prisionalización de las mujeres ocasiona un daño significativo a la sociedad, ya que provoca la desintegración familiar, lo que lleva a que los hijos de estas mujeres queden dispersos y vulnerables, siendo fácilmente reclutados por grupos criminalesTanto Isabel Pereira como la jueza Mónica Londoño reconocen que la ley responde a esos lineamientos de la ONU que también exigen garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad o vinculadas a las drogas. En Colombia, desde 1998, la Corte Constitucional hizo una declaratoria del estado de cosas inconstitucional por la situación carcelaria, debido a las vulneraciones reiteradas de los derechos humanos de la población penada. Este llamado sigue vigente hoy en día. “La cárcel es infrahumana, la comida es mala, la salud es mala, los colchones son malos y llenos de ácaros”, narra Ana Cecilia Tobón.La cárcel es infrahumana, la comida es mala, la salud es mala, los colchones son malos y llenos de ácarosAna Cecilia TobónBeneficiaria de la leySin embargo, a juicio de la jueza Londoño, la ley de utilidad pública no ayuda a conjurar la crisis. “La ley cuenta con muchas restricciones, pues está concebida solo para delitos menores contra el patrimonio económico y/o microtráfico, y la mayoría de las mujeres privadas de la libertad lo están por otro tipo de delitos, con penas más altas, lo que no permite la aplicación de esta ley”.Aun así, la ley a su juicio es muy provechosa no solo para las beneficiarias, sino para la sociedad en sí. “Tiene el potencial de mejorar no solo la calidad de vida de las mujeres, sino la de su núcleo familiar, al evitar su desintegración y promover la reintegración social, contribuyendo a una sociedad más cohesionada y equitativa. La ley es un gran avance dentro de la justicia restaurativa, con un enfoque muy humano”, señala la jueza.Los reparos y retosEn 2021, el entonces presidente Iván Duque objetó la ley de utilidad pública que había cumplido su trámite en el Congreso, al considerar que era una normativa inconstitucional al vulnerar el principio de igualdad entre hombres y mujeres y porque, a su juicio, le quitaba herramientas al Estado en la lucha contra el narcotráfico.“El legislador lesiona derechos e intereses individuales y colectivos, y pone en peligro la existencia misma de la sociedad y del Estado, en tanto incentiva y promueve la comisión de tales conductas delictivas”, se lee en uno de los apartes de las objeciones que fueron trasladadas a la Corte Constitucional para su estudio.La conclusión de la Corte, en julio de 2022, fue que las objeciones eran infundadas y no había inconstitucionalidad en el planteamiento de la ley. “Uno de los objetivos medulares del sistema penitenciario y carcelario es el logro de la resocialización de la población privada de la libertad (…) Y este objetivo no se alcanza exclusivamente con la reclusión penitenciaria. El legislador está llamado a diseñar un tratamiento penitenciario progresivo que respete la dignidad del condenado, garantice el principio de la intervención mínima y promueva la resocialización a partir de mecanismos que garanticen la efectiva reinserción social de quien se encuentra recluido”, dice una de las conclusiones de la decisión de la Corte.Uno de los objetivos medulares del sistema penitenciario y carcelario es el logro de la resocialización de la población privada de la libertad (…) Y este objetivo no se alcanza exclusivamente con la reclusión penitenciaria. El legislador está llamado a diseñar un tratamiento penitenciario progresivo que respete la dignidad del condenado, garantice el principio de la intervención mínima y promueva la resocializaciónLos reparos frente a la Ley también han venido de parte de los operadores de justicia que deben conceder los beneficios de la normativa a las mujeres que la solicitan. En un informe que construyó Dejusticia junto a la Corporación Mujeres Libres y el Centro Internacional de DD. HH. y Política de Drogas de la Universidad de Essex, con recolección informada en tres espacios de interlocución con jueces de todo el país, se identificaron algunas barreras y retos a la hora de aplicar la ley.Por ejemplo, algunos jueces manifestaron temores de hacer una mala interpretación de la ley y de ser investigados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En otros casos, el informe estableció problemas conceptuales en cuanto al alcance de los términos ‘mujeres cabeza de hogar’ y ‘marginalidad’ que apela la ley; las dificultades de probar los requisitos para otorgar el beneficio; la sobrecarga laboral de los operadores y la falta de articulación institucional.En cuanto a las beneficiarias de la ley, las barreras y los retos son diversos. Empezando por la dificultad de encontrar un trabajo alterno mientras prestan el servicio comunitario para su manutención y la de su familia. Adicional a esto, las mujeres pospenadas han manifestado que, en la mayoría de los casos, les piden sus antecedentes penales, lo que termina siendo un obstáculo para continuar en los procesos. Ana Cecilia Tobón lo vivió. Antes de ser admitida como conductora de Indriver, intentó ingresar a Uber y Didi. “Hay muchísima estigmatización sobre nosotras”, comenta.Sin trabajo no hay cómo pagar un arriendo. Igualmente, están las dificultades para acceder al sistema financiero. Isabel Pereira agrega que, antes de la barrera del empleo, está la de la educación, que da oportunidades para acceder a empleos calificados. “Hay un estudio del Ministerio de Justicia de 2018 que hace una encuesta a mujeres encarceladas por delitos de drogas y la mayoría no había terminado el bachillerato”, comenta.Uno de los pendientes de la ley es la política pública de empleabilidad, a cargo del Ministerio de Trabajo en coordinación con el de Educación y el de Comercio. No obstante, después de dos años de sancionada la ley, no existe dicha política pública. De hecho, Colombia está en mora de una política pública para pospenados en general.Ana Cecilia Tobón espera construir una vida tranquila junto a su hija menor, ahora que cumplió su condena. Quiere tener un espacio propio, sin tener que pedirle un techo a su familia, montar un puesto de comidas rápidas, enmendar el daño que le causó a los suyos y redimirse con ella misma.NATALIA TAMAYO GAVIRIA