“Cristian Andrés López Gómez no fue un delincuente ni se enfrentó a integrantes del Ejército. Cristian fue un joven que murió a los 16 años, un hijo, un hermano, que no debió haber muerto ni haber sido desaparecido”. Con estas palabras, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, oficializó la entrega digna del cuerpo del joven a su familia.El hallazgo, ocurrido en el cementerio de Suaza 17 años después de su homicidio, se produjo gracias a los testimonios de siete exmilitares ante la Jurisdicción, en el marco del caso 03, subcaso Huila, que investiga los homicidios y desapariciones forzadas perpetrados por la Fuerza Pública en esa región.Testimonios de siete exmilitares ante la JEP permitieron hallar el cuerpo de un menor en Huila Foto:JEPEn el universo de los 6.402 casos de ‘falsos positivos’, en los que personas inocentes, sin ningún vínculo con grupos armados, eran asesinadas y presentadas como bajas en combate para engrosar las cifras operacionales del Ejército, Cristian hizo parte de la modalidad de engaño. De acuerdo con la evidencia judicial, las víctimas, en su mayoría personas en situación de vulnerabilidad, “eran atraídas por miembros de la tropa o por civiles que, a cambio de contraprestaciones económicas, las convencían para ser trasladadas desde zonas como Garzón, Pitalito o Neiva a lugares donde terminaban siendo asesinadas”, consignó la JEP. Los perfiles de quienes eran “reclutados” como víctimas corresponden a personas en condiciones socioeconómicas bajas, desplazados, habitantes de calle o con consumo problemático de sustancias, situaciones que, de cierta manera, encubrían el crimen, haciéndolos más reticentes a las investigaciones o cuestionamientos judiciales.Testimonios de siete exmilitares ante la JEP permitieron hallar el cuerpo de un menor en Huila Foto:jepEste es uno de los tres patrones identificados en el subcaso Huila, en los que también se cometieron homicidios o desapariciones a través de simulaciones de combates y asesinatos selectivos, orquestados en asociación con grupos paramilitares.Por estos hechos ocurridos en el departamento, en el marco del conflicto armado, la justicia ordinaria había proferido 15 condenas. A través de la ruta transicional, la JEP logró el esclarecimiento de 200 ‘falsos positivos’ y 32 desapariciones forzadas, aceptadas por los máximos responsables. Además, bajo las garantías judiciales de una sanción no privativa de la libertad a cambio de verdad, y con los testimonios de los comparecientes, se logró la recuperación de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas e inhumadas clandestinamente en cementerios locales, como el caso de Cristian Andrés López.Por este crimen fueron imputados 36 exmiembros de la Fuerza Pública, a quienes se les señala responsables de 200 asesinatos y ocho tentativas de homicidio entre 2005 y 2008, en Huila. Testimonios de siete exmilitares ante la JEP permitieron hallar el cuerpo de un menor en Huila Foto:JEPA través de una audiencia de reconocimiento de verdad, siete comparecientes confesaron la desaparición del menor de edad y, tras las labores forenses, se confirmó que se trabada de Cristian Andrés López Gómez. Su homicidio ocurrió el 29 de junio de 2008, en la vereda La Cabaña, del municipio de Suaza, donde miembros del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ asesinaron a dos jóvenes que fueron trasladados al lugar con este propósito, y luego presentados como muertos en combate. Tras el falso reporte, sus cuerpos fueron enterrados como no identificados.La otra víctima era Carlos Mauricio Duque, a quien su madre, una mujer buscadora, logró localizar en el cementerio, donde, según el sepulturero, fueron inhumados dos cuerpos. Estos fueron exhumados y presentados a Medicina Legal. La identificación de Duque se logró rápidamente y fue entregado a su familia. Sin embargo, en el caso de López, tardó 17 años en regresar a casa, tras el cotejo genético realizado con muestras de ADN proporcionadas por Amalia López, su madre.Magistrado Salazar habla sobre hallazgo en La Escombrera Foto:El pasado sábado se llevó a cabo la entrega digna, en la que sus allegados pudieron darle digna sepultura. En la ceremonia estuvieron presentes el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, y el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo. Después de casi dos décadas de duelo suspendido, sus familiares y amigos lograron “iniciar el duelo suspendido por la incertidumbre de su paradero”, informó el tribunal de paz.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia