La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo un encuentro con el alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, en el que se evaluó la compleja situación humanitaria que atraviesa el municipio del departamento de Guaviare.Según lo expresado por las autoridades locales, más de 10.000 personas permanecen en confinamiento como consecuencia de los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales en la zona rural del municipio.Durante la reunión, la defensoría del Pueblo expresó su respaldo a la solicitud del alcalde para que la próxima sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) tenga lugar en San José del Guaviare. La entidad subrayó la necesidad de una acción coordinada entre instituciones del Estado con el fin de atender las implicaciones del confinamiento y brindar respuestas integrales a las comunidades afectadas.Se desplegaron puestos de control en Guaviare. Foto:CortesíaPor su parte, el alcalde Rodríguez manifestó que la situación actual compromete gravemente la seguridad y el bienestar de miles de habitantes del área rural, en particular en las jurisdicciones de Charras y Boquerón, las cuales siguen confinadas. En su declaración, el mandatario agradeció el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, tanto en su instancia nacional como regional, por visibilizar los impactos de la crisis y ayudar a canalizar un llamado a la institucionalidad nacional.En el intercambio de información, la defensora Iris Marín hizo referencia a la Alerta Temprana 001 de 2025, emitida por la Defensoría, que incluye al Guaviare entre los siete departamentos con mayores niveles de riesgo por presencia y accionar de grupos armados ilegales, y calificó la situación en esa zona del país como “dramática”.Drones fueron llevados a la zona. Foto:CortesíaLa funcionaria destacó que la situación en San José del Guaviare y sus corregimientos refleja el escenario advertido en esa alerta, con afectaciones que van desde la limitación de movilidad hasta el acceso restringido a servicios esenciales como salud y educación.Las restricciones impuestas por actores armados (disidencias de Calarcá e ‘Iván Mordisco’) han derivado en el cierre de vías, suspensión de actividades económicas y afectación directa a niños, niñas y adolescentes en sus procesos escolares. Estos hechos llevaron a la Defensoría a emitir recientemente un oficio de consumación de la alerta temprana, lo que confirma que los riesgos advertidos se han materializado en el territorio.Ante la consolidación de los factores de riesgo, el Ministerio del Interior informó que convocará “una sesión de la Ciprat para dar seguimiento a la alerta emitida”.Defensoría en San José del Guaviare. Foto:ArchivoLa Defensoría solicitó que dicha reunión se realice directamente en San José del Guaviare, con la participación de autoridades de orden nacional que tienen competencia en la gestión de esta clase de crisis.Durante el encuentro, la Defensora del Pueblo se comprometió a asistir personalmente a la próxima y reiteró “la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar los derechos de las más de 10.000 personas actualmente afectadas”.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.commMás noticias de Justicia: