El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, enfrenta actualmente una investigación ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El caso está relacionado con su gestión como concejal de Bogotá hace más de 15 años y se divide en dos eventos. Por el primer evento, la que la Fiscalía solicitó preclusión parcial y está relacionado con una reunión ocurrida en el primer trimestre de 2008, en la que —según el expediente— Sanguino habría negociado con el exalcalde Samuel Moreno y el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, el nombramiento de Liliana Paternina como directora del Hospital de Usme.Como el plazo máximo de prescripción para el delito imputado es de 16 años (al ser cometido por un servidor público), y ya se cumplió, la Fiscalía solicitó archivar ese cargo.Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, en audiencia. Foto:Archivo particularEl segundo hecho aún vigente apunta a la presunta participación de Sanguino en el direccionamiento de un contrato de obras en el mismo hospital, junto con la directora Paternina y el contratista Julio Gómez, con el fin de apropiarse supuestamente del 10 % del valor del contrato. Por este hecho, la Fiscalía solicitó “adecuar el tipo penal”, sin pedir preclusión.En conversación con EL TIEMPO, el ministro abordó públicamente el tema judicial y defendió la legalidad de su actuación: “Respeto plenamente los tiempos y la independencia de la Corte. No establezco ninguna relación entre este proceso y la agenda pública en la que estoy comprometido”.Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en la Comisión Cuarta Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPOTambién explicó que respalda la solicitud de nulidad presentada por su defensa, señalando que el escrito de acusación inicial fue jurídicamente deficiente.Una preclusión que no conocía la fiscal generalEl documento fue radicado por la Fiscalía en febrero, cuando un nuevo equipo asumió el expediente. No obstante, fuentes de la propia entidad confirmaron esta semana al diario que, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, no fue notificada directamente de la solicitud, lo que ha generado preguntas sobre la coordinación interna en el ente acusador. Sanguino ha reiterado que no busca eludir la justicia, sino enfrentar el proceso con las garantías que otorga el Estado de derecho.La circular de Mintrabajo a las empresas sobre el paro convocado por el GobiernoEl otro frente que ha colocado al ministro en el centro del debate es la circular 0061 del 27 de mayo, firmada por él mismo, en la que el Ministerio del Trabajo instruyó a empleadores públicos y privados a permitir que sus trabajadores participaran en el paro convocado por sectores afines al Gobierno, sin imponer descuentos, sanciones o represalias.La circular se emitió con ocasión de las movilizaciones del 28 y 29 de mayo en más de 90 municipios del país, como parte del respaldo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.Sanguino defendió el contenido de la circular como un ejercicio legítimo de las facultades del Ministerio: “La circular es clara con relación a nuestras funciones de inspección, vigilancia y control en la protección del derecho constitucional a la protesta social”.Circular del Ministerio del Trabajo sobre derechos a la protesta. Foto:Archivo particularLa polémica y la demanda ante el Consejo de Estado La medida no pasó inadvertida. Fue demandada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) mediante una acción de nulidad simple, argumentando que el Ministerio alteró el orden jurídico vigente al crear, de facto, un permiso remunerado que no está regulado por ley.El caso está ahora en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar si la circular se extralimitó en sus efectos jurídicos sobre el sector privado y la administración pública.Frente a la demanda, el jefe de la cartera de Trabajo respondió: “no tienen razón y estamos seguros así lo ratificará el Consejo de Estado”.El caso está ahora en manos del Consejo, que deberá determinar si la circular se extralimitó en sus efectos jurídicos sobre el sector privado y la administración pública.El ministro también aclaró que, en caso de incumplimiento de la circular, el Ministerio puede iniciar investigaciones administrativas. En el sector público, los casos podrían ser trasladados a la Procuraduría; y en el privado, podrían resultar en multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales, como lo establece la Ley 1610 de 2013.Esta es la demanda radicada ante el Consejo de Estado por circular de Mintrabajo. Foto:SuministradaLa crítica de expertos a circular de MintrabajoLa circular ha generado respuestas divididas en el ámbito jurídico. En EL TIEMPO, abogados como Juan Felipe Molina afirmaron que las sentencias de la Corte Constitucional citadas por el Ministerio no justifican el carácter obligatorio del permiso, y advierten que la circular puede estar imponiendo condiciones sin marco legal. Otros expertos, como Diego Suárez y Paula Andrea Escobar, señalaron que se trata de una medida más política que jurídica, aunque reconocen el respaldo constitucional al derecho a la protesta.Sobre la consulta popularPor otro lado, el ministro también se refirió a la consulta popular propuesta por el Gobierno y reafirmó su respaldo como estrategia para defender las reformas sociales en caso de que el Congreso las frene:“La reforma laboral sigue en pronóstico reservado y hasta la conciliación no sabremos el resultado final. Por lo tanto, la consulta popular se mantiene. Es el seguro de vida de las reformas sociales”.También le puede interesar…Audiencia en la Corte contra el ministro, Antonio Sanguino Foto: