En Guadalajara, Jalisco, se desató un escándalo después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictaminó que la muerte de una mujer y sus gemelos, ocurrida durante un parto en la Unidad de Medicina Familiar 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social, debe ser investigada como violencia obstétrica.
El caso, que ha ocupado titulares en todo el país, involucra al menos a 11 personas que trabajan en varios hospitales del instituto. Ocurrió en 2020, aunque la lentitud del proceso ha llevado a la familia de la víctima a protestar para exigir que las autoridades esclarezcan lo sucedido.
Mientras tanto, la CNDH recomendó que el Instituto Mexicano del Seguro Social indemnice al esposo y padre de los fallecidos, víctimas indirectas de la presunta negligencia cometida en la clínica.
Cabe mencionar que, ante la creciente falta de insumos y medicamentos en hospitales públicos, el personal médico enfrenta un grave riesgo de criminalización por parte de las autoridades, quienes, mediante investigaciones poco imparciales, vinculan a médicos a proceso tras este tipo de tragedias.
Por ejemplo, la semana pasada, un juez en Oaxaca ratificó que dos médicos de esa entidad habrían cometido homicidio doloso contra un menor de edad que falleció durante una cirugía ortopédica.