El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado este martes la segunda edición del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La primera fue publicada en abril de este año. El nuevo informe corresponde al segundo trimestre de 2025 e indica que de las 2.204.784 prestaciones totales del SAAD (que incluye personas en la lista de espera, con expediente en tiempo de tramitación o quienes ya reciben un servicio), el 56% se realizan en los hogares y en el entorno comunitario. El número total de prestaciones ha crecido 54,5% en los últimos cinco años. Esto ha permitido impulsar la tendencia a la personalización y la adaptación de los cuidados, ha explicado Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, desde la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Martínez ha indicado: “Estamos inmersos a un cambio de modelo hacia servicios más personalizados que garanticen la autonomía de las personas y que les permite vivir más tiempo en sus casas”. Y ha añadido: “Es un momento crucial para el sistema, por las tendencias demográficas que hacen que cada vez más gente solicite las prestaciones del sistema”.Por otro lado, indican que a junio de 2025 el número de personas que son atendidas en el sistema ―es decir, con un grado de dependencia reconocido y un programa individual de atención― alcanza las 1.565.838. Esto representa un crecimiento del 7,5% respecto a junio de 2024. Los usuarios, cada vez más, hacen un uso combinado de las diferentes ayudas: desde 2020 ha pasado de 1,27 prestaciones por persona a 1,41. Las prestaciones que más se combinan son la teleasistencia, la ayuda a domicilio y la ayuda económica por cuidados familiares. Siendo dos primeros los más habituales. En los últimos cinco años, el número total de estos servicios ha crecido un 119% en el caso de la teleasistencia y un 42,5% en la ayuda a domicilio. La intensidad del servicio de ayuda a domicilio también ha aumentado. La media de horas que se ofrece a cada persona dependiente ha pasado a ser de 40,4 horas (en 2020 era de 36,8 horas). Sin embargo, este punto todavía representa un reto. “Estamos lejos de lo deseable”, ha indicado Martínez. Según el real decreto aprobado en julio de 2023, una persona con grado tres de dependencia debería tener un máximo de 94 horas de ayuda a domicilio, pero el sistema “aún se encuentra en un periodo de adaptación”, ha añadido. Una de las principales dificultades es la falta de profesionales, especialmente en zonas rurales y en comunidades como Baleares, donde los elevados precios de la vivienda suponen un obstáculo adicional.El Ministerio de Derechos Sociales resalta que otro servicio clave para reducir el peso de los entornos institucionales tradicionales son los centros de día. Esta alternativa supone el 6,4% de las prestaciones, y ha crecido un 24% en los últimos cinco años. De todas formas, los datos presentados este martes indican que una parte significativa del sistema se continúa sustentando en servicios menos integrados en el hogar. La atención residencial representa el 13% de las prestaciones, y ha crecido un 25% en los últimos cinco años. A lo que apunta el ministerio de Pablo Bustinduy es a extender las prestaciones para conseguir personalizar los cuidados. Además, eliminar las incompatibilidades de prestación impuestas en 2012. Por ello, desde el ministerio aseguran que “queda mucho trabajo por delante” y que es necesaria la inversión continuada y un marco normativo actualizado.Más solicitudes y más esperaLa lista de espera en junio de 2025 se redujo 2,4% respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 180.794 personas. Esta lista contabiliza a todas las personas que, habiendo pasado seis meses desde la solicitud, aún no reciben ninguna prestación sin que exista una causa justificada. El primer informe, con datos de marzo de 2025, indicaba que la lista se había reducido en un 9,4% con respecto al mismo mes de 2024. Además, la situación por comunidades autónomas es desigual. Los gobiernos con menor lista de espera son los de Ceuta (41 personas) y Melilla (202), seguidas de Navarra (337) y La Rioja (340). Las autonomías que más tienen son Andalucía (44.253), Cataluña (44.080) y Comunidad Valenciana (20.236).Uno de los grandes retos que tiene el sistema es el tiempo medio de gestión, desde que una persona solicita su valoración hasta que recibe una prestación. A junio de 2025, la espera es de 342 días. Con respecto al 2020 se ha reducido en 61 días. Sin embargo, la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) establece que debe ser un máximo de 180 días. En marzo de 2025, la espera era de 338 días.En ese sentido, las comunidades que menos tiempo necesitan para la tramitación son Ceuta, Castilla y León y el País Vasco. Los que más: Andalucía, Murcia y Canarias. Martínez ha explicado que el aumento en la espera se debe al incremento en el número de solicitudes. “Hablamos de 12.000, 13.000 o 14.000 solicitudes más cada mes que hay que abrir su correspondiente proceso administrativo y también los diferentes tiempos y gestión de comunidades autónomas. Cada vez hay más solicitudes”, ha indicado. En una nota de prensa, La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que tradicionalmente ha hecho un recuento de casos, critica el método del ministerio para contabilizar la lista de espera. “Se refiere exclusivamente a aquellas personas con las que el Ministerio y los Gobiernos Autonómicos no están cumpliendo la Ley, que establece en 180 días el plazo para darles la prestación o servicio a la que tienen derecho”, indica. Por ello, según su recuento, son 286.861 (106.067 más que las del ministerio) las personas en lista de espera, que han solicitado ser valoradas y atendidas por su situación de dependencia

Más de la mitad de las prestaciones de dependencia se dan en los hogares y en el entorno más cercano | Sociedad
Shares: