Al magistrado Luis Antonio Rodríguez le correspondió estudiar en el Consejo de Estado la primera demanda interpuesta contra la resolución del Ministerio de Salud que fijó el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para este año.Como ponente, el consejero tendrá que llevarles a sus compañeros de la Sección Cuarta un proyecto sobre si es viable o no la medida que tomó el Gobierno de ubicar en un 5,3 por ciento la UPC para este año. Para el régimen contributivo quedó en $1.521.489, y para el subsidiado en $1.323.403. Es decir, eso es lo que recibirá cada EPS por el afiliado al sistema de salud al que atiendan. El argumento del Ministerio fue que tomó esa decisión porque las EPS supuestamente han generado poca confiabilidad en la información entregada, sin embargo el monto no ha parado de desatar una ola de rechazos por parte de profesores y gremios del sector, los cuales pasaron del discurso a los estrados judiciales. La Fundación para el Estado del Derecho quiere tumbar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Resolución 2717 de 2024 porque, a su consideración, está plagada de irregularidades y de una falsa motivación que ponen en riesgo al sistema y la atención de millones de personas.El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:César Melgarejo EL TIEMPOEn un documento de 51 páginas, recogieron que supuestamente lo hecho por la cartera del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo vulnera principios como el de legalidad y seguridad jurídica al haber tasado el porcentaje con base en criterios discrecionales que carecerían de técnica.Además, para la Fundación se vulneró la participación democrática porque la UPC no fue consultada con otros actores del sistema como las EPS, las organizaciones de pacientes y la academia; ni tampoco la resolución en cuestión habría sido publicada en debida forma, afectando su publicidad.Pacientes del sistema de salud colombiano. Foto:Cortesía”Finalmente, la insuficiencia de la UPC establecida en el acto demandado afecta el principio de eficiencia en el gasto público y compromete la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Al no contemplar variables esenciales como la siniestralidad real, el envejecimiento de la población y las inclusiones tecnológicas recientes, la resolución genera un déficit estructural que impacta negativamente la prestación del servicio”, se lee en la demanda.Lo que ha hecho el ministro Jaramillo con la UPC ha estado en el ojo del huracán porque a comienzos de año la Corte Constitucional declaró que el valor para 2024 fue insuficiente, ordenando reajustarlo para 2025. “Es necesario revaluar la forma en que se incluyen algunos factores en el cálculo como la siniestralidad, la inflación, las destinaciones específicas y las inclusiones y el rezago existente en su valor”, señaló el alto tribunal.Procuraduría se pronunció sobre la UPC. Foto:Sergio Acero / Néstor GómezBuscando un remedio, le solicitó al Ministerio que armara unas mesas de trabajo para discutir el valor, pero la Procuraduría no es optimista con esa medida. Hace una semana, la delegada Diana Ojeda advirtió que aunque el Ministro ha dicho que van a ser incluyentes, ella cree que “él va a tomar las decisiones, no va a tener en cuenta todos los estudios técnicos que tienen los diferentes expertos”.Más observaciones a la resoluciónOtro de los vacíos señalados al Consejo de Estado tendría que ver con que la Unidad se calculó con base en la inflación de noviembre, sin tener en cuenta la siniestralidad, la tecnología y un eventual rezago de las cifras.Demanda a la resolución que fija la UPC para 2025. Foto:Archivo particularLa demanda también contiene una tabla comparativa con los cálculos hechos a la UPC para el régimen subsidiado y el contributivo, sobre los cuales cree que hay una desigualdad que lejos de corregirse, para 2025 se habría incrementado.”La diferencia del porcentaje actual que separa los valores de la UPC refleja que pasó de estar en 7.07 % en el 2021 a 13.02 % en 2025, sin contar la diferencia específica entre cada grupo etario en donde la brecha alcanza el 24,6%, por lo que la Resolución representa un aumento en la desigualdad entre la UPC subsidiada y contributiva”, indicó la Fundación.Para soportar su deseo de que el alto tribunal tumbe la resolución, relacionaron estudios que han hecho distintos sectores como la consultoría actuarial Numeris, Acemi, Gestarsalud, el Centro de Estudios Económicos y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro). Con eso, recordaron que el Ministerio de Salud no atendió las alertas que encendieron en su momento desde estos gremios.Pacientes esperan atención en un centro médico. Foto:EL TIEMPOIncluso, adjuntaron un informe de la Defensoría del Pueblo en el que se lee que una de las principales razones de las tutelas interpuestas en el sector salud se debe a la insuficiencia que hubo en la UPC para 2024.Por todo esto, la Fundación para el Estado del Derecho le está pidiendo al Consejo que decrete medidas cautelares ordenando suspender temporalmente la resolución, mientras analiza la demanda. “Es evidente que un proceso de nulidad simple tarda en decidirse varios años, por lo que, para cuando se profiera sentencia es probable que la UPC fijada para el año 2025 ya no esté vigente”, concluye la demanda.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com