En la imputación contra César Manrique, el exjefe de Función Pública en el gobierno del presidente Petro, la Fiscalía reveló nuevos detalles del modus operandi que se habría montado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres (UNGRD) para quedarse con millonarios recursos producto de su contratación.Manrique no habría sido la excepción, durante la audiencia del miércoles la fiscal María Cristina Patiño destapó cómo este exfuncionario -que viene de ser condenado en primera instancia por otro escándalo- habría recibido en maletas 3.000 millones de pesos en efectivo en un lapso de 68 días, exactamente entre el 4 de enero y 12 de marzo de 2024.Esa plata habría sido producto de la coima a repartirse entre él y otros presuntos socios, tras habérsele otorgado -con intermediación de Olmedo López- irregularmente un contrato a la Fundación Yapurutú para la compra de 40 carrotanques pequeños, destinados a suplir las necesidades de los habitantes de La Guajira.El dinero llegó en efectivo a través de varios intermediarios que también buscan ser imputados por la fiscal Patiño en una audiencia que se suspendió hasta las 2 de la tarde de este jueves, debido a que la defensa de Manrique indicó que debido a su supuesto fuero, la citación no podía hacerse ante una jueza de control de garantías, sino ante el Tribunal de Bogotá. La cadena de intermediarios comenzó con Ana María Riveros, representante legal de Office Abogados SAS, quien luego de recibir en la cuenta de su firma 5.060 millones de pesos producto de los negocios presuntamente ilegales, fue sacando poco a poco parte del dinero para entregárselo a Manrique. Para ello, habría contactado a Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la UNGRD y ficha de Manrique en la entidad, y a Jorge Aristizábal, exmiembro de Función Pública. “Ana María Riveros, siguiendo las instrucciones de Édgar Riveros, retiró de la cuenta bancaria de Office Abogados, en la cual su firma era la única autorizada para retiros, 3.000 millones en efectivo, y los transportó desde la sucursal del banco Davivienda, ubicado en el primer piso del centro comercial Gran Estación, hasta los baños ubicados al lado de la entidad financiera, donde los entregó a Barreto, quien tenía el compromiso de entregarlos a César Manrique”, expuso la fiscal. Después, Aristizábal se los habría pasado en nueve días distintos a Manrique. La primera entrega fue el 4 de enero de 2024, cuando en la mañana Ana María Riveros retiró en efectivo 500 millones de pesos; la segunda fue el 11 de ese mes, pero por 350 millones; la tercera fue un día después por otros 350 millones, recibidos nuevamente por Luis Carlos Barreto, “quien por disposición de Manrique se apropió de 50 millones, y los otros los entregó a Aristizábal en su apartamento”.Las otras fechas remiten al 23 de enero y 3 de febrero, cuando al parecer Ana María Riveros retiró en efectivo 200 millones y 100 millones, respectivamente. Se los pasó de nuevo en los baños del centro comercial a Barreto, y después este se los llevó a Aristizábal. El 6 de marzo, la misma mujer retiró 300 millones de pesos siguiendo los pasos que venía haciendo.Los intermediaros cambiaron, según la Fiscalía, el 7 de marzo, cuando Luis Carlos Barreto dio a conocer que no podía ir a recibir la plata, por lo que su esposa Erika Cifuentes recibió de manos de Riveros 200 millones de pesos, para después llevarlos a un restaurante donde la esperaba un hombre llamado Sebastián Cerón.Las últimas entregas serían del 8 y 12 de marzo, en una cafetería al lado de una tienda del Gran Estación, donde Barreto se vio con Édgar Riveros, Ana María Riveros y Francisco Estupiñán, también dentro del paquete de personas a imputar. “Este último le entregó a Barreto 500 millones, y siguiendo instrucciones de Manrique se apropió de 100 millones, y los otros 400 los entregó a Aristizábal”, concluyó la fiscal.Es decir, de los 3.000 millones, Luis Carlos Barreto se habría quedado con 150 millones producto de la coima que iría a sus bolsillos tras ser ubicado en la UNGRD bajo recomendación de Manrique. Para la fiscal Patiño, en síntesis “los recursos económicos de los que el entramado criminal liderado por Manrique se apropió mediante actos de corrupción, se hallaban asignados a la UNGRD, cuya razón de ser es dirigir la implementación del riesgo de desastres, es decir, para satisfacer necesidades básicas de la colectividad más vulnerable”.Uno de los temas que más reprochó la fiscal es que Manrique no tenía entre sus funciones intervenir en la Unidad, y aún así quiso sacar provecho de la entidad. “Sin tener vínculos laborales, contractuales ni funcionales con la UNGRD acordó con Olmedo López el pago de una coima del 7 por ciento del valor de cada uno de los contratos que se tramitarían y celebrarían entre la ANT y la Unidad”. En total, son seis contratos los que tienen respondiendo a Manrique y otras siete personas por este capítulo del desfalco a la Unidad, no obstante solamente se desembolsó plata por uno: el de la compra de 40 carrotanques pequeños adjudicada aparentemente a dedo a Yapurutú.La escena de las maletas con plata en efectivo y obtenida de manera irregular no es nueva. Ese escándalo también lo protagonizaron supuestamente la exconsejera Sandra Ortiz y el senador Iván Name, quien en octubre de 2023 habría recibido de parte de ella 3.000 millones de pesos en dos tandas, como coima para que aprobara los proyectos del Gobierno en el Congreso, el cual presidía para esa época.En este capítulo contra Manrique, él tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. El resto de procesados son Édgar Riveros, Ana María Riveros, Sonia Romero, Francisco Estupiñán, Óscar Cárdenas, Édgar Echeverry y Jorge Aristizábal, a quienes les fueron leídos distintos cargos, dependiendo de su vínculo en el escándalo.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com