Ley trans: El Gobierno presenta a las autonomías su estrategia LGTBI+: un pacto contra los delitos de odio y protección para los más vulnerables | Sociedad

El Ministerio de Igualdad tiene lista la Estrategia Estatal para la Igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+. De hecho, este lunes ha enviado su propuesta a todas las Comunidades Autónomas. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece “la hoja de ruta en el avance y salvaguarda de los derechos de las personas LGTBI+ para los próximos cuatro años”. Es decir, el desarrollo de mecanismos concretos para garantizar la igualdad y la protección. Esta estrategia llega dos años después de la aprobación de la conocida como Ley trans (la 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+), que obligaba al desarrollo de medidas concretas para aplicar la norma.El ambicioso texto marca tres ejes estratégicos: el abordaje normativo de la violencia lgtbifóbica; la sensibilización y promoción de la diversidad, junto a la prevención y detección de la discriminación; y el acompañamiento, inclusión, protección, reparación y memoria de las personas del colectivo. A lo largo de 160 páginas se detallan casi 300 medidas, que ahora deben ser consensuadas con los gobiernos regionales.Entre sus propuestas, el documento plantea desarrollar una “respuesta específica” a las falsas terapias de conversión. Estas “torturas”, como las describen las víctimas de las mismas, están prohibidas y castigadas, pero solo administrativamente ―actualmente hay una propuesta de ley para que conlleven pena de cárcel―. También busca mejorar la colaboración entre fiscalías y entidades para abordar los delitos de odio, además de fomentar la formación y sensibilización del ecosistema de la justicia con respecto a las personas del colectivo.Además, promueve un Pacto de Estado contra los discursos de odio, una reclamación de la Felgtbi+ (Federación Estatal LGTBI+, que aglutina a 50 organizaciones en defensa de los derechos del colectivo); la modificación de la información que recoge el Registro Civil para que refleje mejor la realidad del colectivo; o el impulso del uso de lenguaje inclusivo en la administración.Con respecto a las víctimas de lgtbifobia se busca mejorar su atención mediante la coordinación de servicios autonómicos y locales. Y para colectivos vulnerables, como refugiados, presos o personas sin hogar, plantea diversas medidas de apoyo. Del mismo modo, impulsa el estudio de la violencia dentro de parejas del mismo sexo y el desarrollo de programas de salud mental, con especial énfasis en la prevención del suicidio (según el informe La situación de la salud mental en España, elaborado en 2023 por la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña, el 32,1% de personas LGTBIQ+ ha intentado suicidarse o ha tenido ideaciones suicidas frente al 14,5% de la población general), y en la formación de profesionales.Otro eje clave es la creación de redes y espacios de convivencia para la comunidad LGTBI+, tanto en zonas urbanas como rurales, así como la promoción de actividades de ocio inclusivo para jóvenes y personas mayores. Asimismo, el documento impulsa iniciativas para recuperar la memoria histórica LGTBI+ mediante archivos, eventos conmemorativos y procesos de reparación simbólica. Por otro lado, defiende una “educación sexual integral en todos los niveles educativos”, fomentando la formación del profesorado y el desarrollo de materiales didácticos. Asimismo, impulsa la inclusión de contenidos sobre diversidad en estudios universitarios y la investigación en este ámbito.InterseccionalidadEl texto invita a incluir en el desarrollo de las medidas una visión transversal ―contemplar la superposición de discriminaciones, como por ejemplo ser migrante o vivir con una discapacidad además de ser LGTBI+― y también aplicarla a la hora de realizar investigaciones o el desarrollo de políticas.Además, propone desarrollar acciones de sensibilización y formación para periodistas e influencers, mientras que en el caso de la publicidad defiende la creación de un código deontológico que evite los prejuicios y estereotipos. En el entorno digital, la estrategia demanda “identificar y prevenir los discursos de odio, en colaboración con las plataformas digitales”. Una propuesta que llega en un momento en el que algunas redes sociales, como Facebook, Instagram o X ―las dos primeras, propiedad de Mark Zuckerberg y la otra, de Elon Musk―, han eliminado la moderación de contenidos, justificándolo en la “libertad” de prensa e información; ahora, por ejemplo, toleran que se trate como enfermos a las personas LGTBI+También hay medidas para el ámbito de la salud, el laboral o el deportivo. En este último, plantea “sensibilizar a clubes y federaciones, promover la inclusión y el deporte mixto, o fomentar la visibilización de las personas trans e intersex”. Mientras que en la esfera internacional se busca el fomento de la cooperación, “fortaleciendo alianzas y promoviendo la protección de derechos a nivel global”, además de consolidar a España “como líder en la defensa de derechos”.Rendición de cuentasEl documento desarrolla “un sistema de seguimiento basado la rendición de cuentas” para evaluar los progresos. Para ello se aplicarán “indicadores cuantitativos y cualitativos” con la finalidad de “generar un conocimiento sistemático” sobre el desarrollo de la estrategia.Esa evaluación de los avances se realizará basándose en cuatro criterios: la realización, es decir“el desempeño temporal, la ejecución y el presupuesto”, además de “identificar las dificultades encontradas y las soluciones implementadas”; la eficacia en “el logro de los objetivos y metas establecidos”; la eficiencia: “la relación entre los recursos utilizados y los resultados”, y los propios resultados, analizando “los efectos directos e indirectos en la realidad social”. De ahí se deduce que la estrategia tendrá una partida presupuestaria del ministerio, a la que se deberá sumar las aportaciones de las Comunidades.El debate para concretar el desarrollo final de la estrategia con los Ejecutivos regionales puede ser áspero. El Partido Popular domina en 10 de ellos, al igual que en las dos ciudades autónomas, gobernando bien en solitario, bien con el apoyo de la extrema derecha de Vox.Gran parte de los gobiernos autonómicos controlados por los conservadores se han opuesto de manera furibunda a la Ley trans. Así, el Parlamento de Cantabria, gobernado por el PP en minoría, aprobó en febrero una proposición no de ley que pedía al Gobierno derogar las leyes estatales que permiten la participación de deportistas trans en categorías de deporte femenino de competición. Desde Madrid, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, con mayoría absoluta, intentó cercenar la normativa LGTBI+ de la región (que fue promovida por los populares en 2016 y aprobada por unanimidad) lo que llevó al Gobierno central a denunciar la iniciativa ante el Tribunal Constitucional, que paralizó en parte ese intento de recorte de derechos.