La propuesta de crear una zona económica binacional entre Colombia y Venezuela que incluirá en el lado colombianos a Norte de Santander, donde el Estado completa seis meses sin poder controlar la crisis humanitaria desatada por la violencia del Eln, abre un abanico de interrogantes sobre la viabilidad y los potenciales efectos adversos de esa idea de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro.El documento firmado por la ministra de Comercio, Diana Morales, y la vicepresidenta del vecinos país, Delcy Rodríguez, señala que las partes conformarán un equipo de trabajo bilateral para la articulación en áreas clave como comercio, turismo, agroalimentación, cultura, educación y “cualquier otro que tengan a bien designar” en los estados Zulia y Táchira y en Norte de Santander, departamento con uno de los enclaves cocaleros más grandes del país, con 43.000 hectáreas.El texto indica, además, que no es vinculante ni interfiere en las decisiones soberanas de ambos países. Tendrá una vigencia de cinco años y se prorrogará por periodos iguales, a menos que cualquiera de las partes notifique por escrito al otro su intención de dar por terminado el convenio.Aunque el documento no plantea expresamente que vaya a haber cooperación en seguridad, el propio Nicolás Maduro, en su programa televisivo ‘Con Maduro +’, sostuvo que los dos países se articularían para combatir el crimen organizado. “El objetivo es liberar esta zona de la violencia, el narcotráfico, el paramilitarismo y el sicariato”, señaló el jefe del régimen chavista, quien añadió que la idea es incluir al Cesar y La Guajira. El presidente Petro, por su parte, manifestó que la zona binacional “permitirá llevar el Estado a controlar la frontera como un espacio de prosperidad legal y sin mafias”, pero dijo después que “ningún soldado colombiano pasará la frontera hacia Venezuela, y ningún soldado venezolano la pasará a Colombia”.El presidente Gustavo Petro respondió a los reparos sobre la creación de la zona binacional. Foto:PresidenciaEn el papel, la idea de una zona de comercio binacional suena más que lógica y, de hecho, ha sido una reclamada por décadas. La frontera entre los dos países es la más poblada de Suramérica y tiene en Cúcuta y San Cristóbal dos ciudades polo de desarrollo. Se trata, además, de poblaciones que tienen familia a los dos lados de la frontera y que siguen esperando que los dos estados les cumplan las promesas de prosperidad, seguridad y desarrollo que abundan en los discursos oficiales de Caracas y Bogotá.Pero aterrizada al mundo real, la valoración de la iniciativa sacada de la manga en las últimas semanas es diferente. Por un lado están los problemas de seguridad, pues se trata de una frontera en la que el control oficial es precario y, en consecuencia, el poder de los grupos criminales crece a diario.Por allí pasa una de las principales autopistas del narcotráfico y el régimen de Maduro en Venezuela no es un aliado en esa batalla contra el crimen. Precisamente, el socio del presidente Petro en esta iniciativa representa otro de los peros: el gobierno colombiano le envía otra bocanada de oxígeno internacional a un régimen aislado por su carácter dictatorial. Colateralmente están las eventuales retaliaciones de Estados Unidos, que mantiene a Maduro y sus negocios en la Lista Clinton, sanción que se hace extensiva a cualquiera que quiera acercarse a Miraflores sin el previo aval de Washington.Todo esto, a nueve meses del arranque del ciclo electoral en Colombia.Explosión en Cúcuta. Foto:Schneyder Mendoza. AFP.Las reacciones no se han hecho esperar. “Inaceptable la zona binacional acordada con la tiranía de Maduro. Allí domina la criminalidad financiada por el narcotráfico, auspiciada y protegida por Maduro”, fue una de las críticas que lanzó el expresidente Álvaro Uribe. El senador Nicolás Echeverry, conservador, citó a un debate de control político en la Comisión Segunda a los ministros Diana Morales (Comercio), Rosa Villavicencio (Relaciones Exteriores) y Pedro Sánchez (Defensa), para que expliquen “cuál fue el acuerdo bilateral que firmó el Presidente, su marco legal, su cronograma y su presupuesto”.A su vez, el representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui le envió al presidente Petro una solicitud para que convoque a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con el fin de evaluar la viabilidad del acuerdo.La lupa en la seguridadLas inquietudes planteadas no son de poca monta si se considera que a lo largo de la frontera de Norte de Santander se tienen identificadas más de 75 trochas o pasos informales, utilizados por redes de narcotráfico, trata de personas y contrabando. A eso se le suma el dominio que el Eln tiene de la zona. De hecho, agencias de inteligencia sostienen que los elenos mantienen “un outsourcing criminal” con organizaciones como el ‘Tren de Aragua’ y estructuras locales como AK-47.El Puente Internacional Simón Bolívar es el principal paso fronterizo entre Cúcuta y Venezuela. Foto:Efe“Una zona económica compartida no es mala en sí misma. El problema es cuando no se sabe administrar”, aseguró una alta fuente de inteligencia, quien advirtió que sin una política sostenida, el Estado podría perder aún más capacidad de intervención.Esa advertencia coincide con los reparos del analista César Niño, experto en conflicto, quien señala que, el proyecto genera más incertidumbres que garantías. “Ni Colombia ni Venezuela controlan todo el territorio del cual constitucionalmente son soberanos. Eso implica que las zonas donde delinquen grupos armados, como el Eln, están fuera del control estatal”, señaló el académico y resaltó que esto podría derivar en un “acorralamiento” del Estado colombiano en plena época electoral.Niño también alertó sobre el riesgo de que, en la práctica, la zona se convierta en un enclave criminal donde la población civil quede confinada. A su juicio, el plan de zona binacional parece más una decisión política que una estrategia articulada con objetivos de seguridad y desarrollo económico.Guerrilla del Eln. Foto:EFE.Expertos en seguridad del país vecino, que pidieron reserva de su identidad, mostraron su preocupación por el componente militar que respaldaría la seguridad del lado venezolano. Temen que se trate de una versión 2.0 del ‘Escudo Bolivariano 2025’, el plan del régimen supuestamente dirigido a controlar a los ilegales en la zona limítrofe pero que en la práctica opera como una herramienta para mantener el control sobre la oposición en esos estados, donde además el Eln sigue manteniendo sus campamentos sin mayores preocupaciones.Maduro protege a esa guerrilla y a las disidencias de alias Iván Márquez. Las fuentes consultadas cuestionan qué podría pasar con las operaciones militares contra esos grupos y otras bandas de narcos si eventualmente se llegara a instancias de compartir información de inteligencia con Venezuela en medio del nuevo plan.¿Legitimación?EL TIEMPO conoció que entre los gobernadores de departamentos que se verían involucrados hay preocupación y pedirán al Ejecutivo una socialización que, según ellos, no ha ocurrido hasta el momento. “Tenemos que avanzar en un diálogo real, que incluya a los gobernadores y alcaldes de la frontera, porque somos los que día a día padecemos las circunstancias tan complejas”, le dijo a este diario el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar. Es posible que en los próximos días la Federación Nacional de Departamentos fije posición.Nicolás Maduro. Foto:AFPY más allá del contenido del texto, la firma del memorando sin ningún tipo de condicionamiento democrático, sumado a la retórica proveniente del jefe de Despacho, Alfredo Saade, ha causado controversia pues sitúa al gobierno colombiano como un posible legitimador del régimen. “Para lo único que por ahora sirve este memorando, es para entregarle en bandeja de plata el reconocimiento al gobierno de Venezuela”, sostuvo la internacionalista Sandra Borda, quien considera que si bien la oposición le está metiendo “demasiada histeria” a las acciones del Gobierno, también es claro que este es el comienzo de un trabajo conjunto con el “peor socio que existe en la región y el costo de meterse con un Estado tan poco confiable va a ser alto”.Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela del Rosario, consideró que “el gobierno colombiano ha pasado la página de la situación en Venezuela y se ha decantado por reconocer, de facto, al régimen de Nicolás Maduro”Redacciones Justicia y Política – @JusticiaET