Una encuesta realizada a 310 juezas mostró dos preocupaciones de las mujeres de la rama judicial. La primera, las flaquezas en el respaldo del Estado a las violencias que ejercen los grupos armados en el territorio. Y la segunda, las agresiones a las que se enfrentan en el transcurso de la carrera, ejercidas por la jerarquía masculina. Con este contexto de antesala, la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial organizó un encuentro para desnudar las realidades de los despachos dirigidos por juezas en los rincones más recónditos del país. De esta manera, se plantea ante la judicatura los retos para nivelar las condiciones, así como los instrumentos que han sido efectivos en el camino hacia la equidad.En un conversatorio moderado por el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, cuatro juezas de Putumayo, Chocó, Catatumbo y Huila tomaron la palabra para narrar a viva voz las brechas sociales que enfrentan sus jurisdicciones para garantizar el acceso a la justicia.En Catatumbo, por ejemplo, Gladys Álvarez, jueza de San Calixto, Norte de Santander, se ve obligada a llegar a su oficina en bus o en moto, sin casco, para que los integrantes de los grupos armados puedan reconocerla. En su caso, asegura que no hay camioneta blindada que sirva, pues sería aún más llamativa para los ilegales y aumentaría su riesgo.”No tenía un mes y en el traslado ya había vivido la muerte a un sacerdote y a otras personas más en la vía. No hay ninguna alternativa que pueda asegurar mi seguridad personal, mi única armadura es la toga. Tener un policía que me escolte me haría necesariamente objetivo militar”, contó la jueza. Álvarez ha estado en el corazón de la codillera oriental desde la creación misma del despacho en San Calixto. Además de las condiciones de seguridad en una región históricamente controlada por los grupos armados, el desafío ha sido recobrar la confianza de los pobladores en la institucionalidad. “El reto que tuve fue devaluar el pensamiento de que la creación del juzgado era para ir en contra del pueblo. Contaba con un citador y acordamos llevar ese voz a voz de que el juzgado estaba para solucionar los conflictos y garantizar los derechos”, agregó. Cientos de kilómetros al sur, en Putumayo, un departamento cundido por el accionar criminal de las disidencias, Sibundoy es un remanso de paz. Esta es la jurisdicción de la jueza Jaqueline Ortiz, donde, si bien no enfrenta las condiciones de inseguridad de regiones como Catatumbo o Mocoa, ha sorteado otras problemáticas que amenazan su labor.Una de ellas es la ‘falta de manos’. A su despacho (el único del municipio) llegan cientos de procesos de toda índole, pero principalmente denuncias de violencia sexual en niñas menores de 14 años. Por la montaña de expedientes, los procesos pueden tardar hasta cuatro años en resolverse, y en el camino, muchos prescriben. Este hecho, asegura, le genera impotencia al ver cómo las víctimas sienten que no se imparte justicia y empiezan a desconfiar de un sistema que no logra cubrir todas sus necesidades.”Me preocupan mucho las madres de las víctimas de delitos sexuales. El 99 % de los casos van a juicio, pero la agenda está tan copada que hay un alto vencimiento de términos. En nuestros juzgados hay audiencias todos los días del año, pero no se logra y yo necesito cumplirles a las víctimas. Aún pasando todo el día en audiencias, no alcanzamos”, afirmó la jueza. En el otro extremo del país, en la selva chocoana, la jueza administrativa Yudy Moreno, pese a que su especialidad no está directamente relacionada con los embates de la guerra, como servidora judicial sí se ha visto expuesta a los controles impuestos por los grupos armados en la ciudad.”En este momento, Chocó y Quibdó enfrentan una situación difícil. Hace 15 días tuvimos el último paro armado. Quibdó está sumido en la disputa entre grupos al margen de la ley y en este conflicto no es tanto como jueza que me veo expuesta, sino como mujer. La situación de seguridad es muy compleja”, contó Moreno. Esta incertidumbre también la vivió Rocío del Pilar Polanco, quien actualmente ejerce como jueza penal para adolescentes en Neiva, pero que, a lo largo de su trayectoria en la rama, en municipios más ‘calientes’ como Rivera, Huila, enfrentó en carne propia amenazas, las dinámicas impuestas por los grupos armados y la masacre de los 11 concejales.”Trato de que el paso de los adolescentes por el sistema pueda convertirse en una transformación positiva, pero inicié mi carrera judicial en un municipio con alta influencia guerrillera y condiciones de seguridad terribles. Tuve que presenciar la masacre de los 11 concejales. Al final, el despacho terminó cerrando, y no podía administrar justicia a distancia. En general, las juezas solo contamos con la fuerza de la palabra”, narró.Entre las herramientas que consideraron como los salvavidas, las cuatro juezas apuntaron a la virtualidad. Esta modalidad, que se instauró en la pandemia pero que fue reversada por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, no solo ha sido su aliada para resguardar su integridad en zonas focos del conflicto, también para poder asumir las cargas del hogar y acelerar los procesos. También aplaudieron los cursos, diplomados y la oferta académica que ofrece la judicatura y que les permite seguir formándose para escalar en la rama o tener un mejor desempeño en el cargo. Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia