Mujer, de entre 23 y 27 años y nacionalidad colombiana. Ese es el perfil mayoritario de las 648 víctimas de trata y explotación sexual liberadas el año pasado en España, según el último informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, dependiente del Ministerio de Interior), hecho público este miércoles. Los datos se acercan mucho a los de 2023, cuando fueron 664. En 2024, las fuerzas de seguridad del Estado detectaron 261 víctimas de trata en situación administrativa irregular, de las que cinco eran menores; y 387 de explotación sexual ―sin “la concurrencia de redes de trata”―, con 11 menores entre ellas, y situación administrativa regular. La víctimas eran originarias principalmente de Colombia, Venezuela, Paraguay y España.Estas mujeres, dice la nota de Interior que acompaña al informe, se encontraban en situaciones de restricción y violación de sus derechos y, en el caso de las redes de trata, captadas “mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad”. Datos y análisis que ponen sobre la mesa la dimensión de un problema estructural que la legislación española, la europea y organismos internacionales recogen como una de las violencias sexuales más graves y extendidas. Es, además, una de las violencias más complicadas de erradicar porque es una de las más ocultas, de las que se mueven en mayor clandestinidad.El año pasado, se desarrollaron 188 operaciones policiales contra esta actividad delictiva que desembocaron en la desarticulación de 77 organizaciones criminales y la detención de 525 personas, la mayoría de nacionalidad española. Además, se hicieron 1.705 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución en las que se identificó a 7.697 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, “con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana” y que suponen un 9% más que el pasado año (7.049).Y sigue ocurriendo, aunque sea de forma minoritaria, la trata para obligar a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes a casarse. Interior intervino en 2024 en ocho de estos casos, en los que seis de ellos las víctimas eran menores “de nacionalidades búlgara, rumana, española, marroquí, gambiana y afgana”. Hubo 21 personas detenidas por este delito.La violencia contra las mujeres, en todas sus formas, está extendida de tal forma que la OMS la califica como “omnipresente y devastadora” además de uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo. Y esto es solo con las cifras que se conocen, para las que se estima que hay unas bolsas ocultas que no dejan ver la inmensa mayoría de la que se perpetra.En el caso de la trata y la explotaciones sexual es aún más complejo aproximarse a la realidad, y desde hace unos años, con la expansión de la tecnología ―sobre todo después de la pandemia―, las redes criminales, los proxenetas y toda la cadena que opera en este delito ha ido cambiando tanto las estrategias como los lugares, operando cada vez más a través de Internet y llevando a las mujeres a espacios cada vez más privados, como los pisos, que son mucho más difíciles de detectar.Estos hombres y mujeres que se dedican a traficar y a explotar mujeres también tienen un perfil, según recoge el informe del CITCO. En el caso de la trata, son hombres de entre 28 y 37 años de nacionalidad española; en el caso de la explotación, son mujeres, también españolas, de más de 53 años. Y aunque la española es la nacionalidad de la mayoría de las 525 personas detenidas por estos delitos, en el caso de la trata hay también concurrencia de nacionalidades colombiana y venezolana, y en el de explotación, colombiana y de paraguaya.Contra esto ―que ocurre en España de forma más acusada por su situación geográfica pero sucede en todos los países―, el pasado año, el Parlamento y el Consejo europeos aprobaron una nueva directiva en relación a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. Se trataba de una revisión para incluir nuevas normas y herramientas tanto para las autoridades policiales como las judiciales después del estudio de cómo han ido evolucionando en los últimos años estos delito.En esa revisión, que los países tienen dos años para trasponer a sus legislaciones nacionales, se incluyó “añadir la explotación del matrimonio forzado, de la gestación subrogada y de la adopción ilegal entre las formas de explotación explícitamente cubiertas por la directiva; hacer referencia explícita a los delitos de trata cometidos o facilitados por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en relación con la explotación sexual; o penalizar el uso consciente de servicios obtenidos de víctimas de trata para reducir la demanda que la fomenta”, entre otros.Y la directiva europea, además, prevé que los países miembros pongan en marcha planes nacionales contra la trata. En España, la ley de trata lleva varios años saliendo y entrando de cajones. El Gobierno la recuperó después de un parón en marzo de 2024 y, hace algo más de un mes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó en una entrevista a EL PAÍS que está “pendiente de segunda lectura en Consejo de Ministros” y que esperaba que el texto nuevo de la norma estuviese listo para antes del verano.Explotación laboral, mendicidad o criminalidadEsa ley integral contra la trata no es específica para la explotación sexual, abarca la laboral, de órganos, o con fines de mendicidad o criminalidad organizada, entre otros. En este sentido, el balance de Interior refleja un cambio sobre todo en el perfil de víctimas respecto a las de explotación sexual y unas cifras más elevadas en el caso de la la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, que el año pasado registraron además un fuerte incremento respecto a periodos anteriores.Según la estadística del CITCO, en 2024 fueron liberadas 1.794 personas por este motivo. La mayoría eran varones situados en la franja entre los 23 y los 27 años, aunque también hubo 10 menores de edad. De ellas, 905 lo fueron cuando estaban siendo explotadas laboralmente en situaciones de semiesclavitud (un 48% más que en 2023) y 246, por ser víctimas de las redes de trata con este mismo fin (un incremento del 26% respecto a los 12 meses anteriores). A finales de año, por ejemplo, se desmanteló en Baleares una organización que explotaba, bajo el paraguas de una empresa ficticia, a 185 víctimas inmigrantes en situación irregular para ofrecer servicios de cuidados a personas dependientes y de limpieza en la isla de Mallorca.En el caso de las víctimas de explotación laboral, predominan los nacionales de Colombia (281), seguidos por marroquíes (151), senegaleses (74) y rumanos (61). También hubo 40 españoles. La lista de los que fueron víctimas de redes de trata la encabezan también los colombianos (87), seguidos en esta ocasión por los originarios de la India (43), Pakistán (25) y Marruecos (17). Por todos estos hechos fueron desmanteladas 33 organizaciones criminales y detenidas 425 personas, en su mayoría hombres de nacionalidad española. Las fuerzas de seguridad también realizaron 8.308 inspecciones administrativas en centros de trabajo, lo que permitió la identificación de 27.080 trabajadores en situaciones de riesgo.Las cifras de otros tipos de tratas y explotación fueron el año pasado residuales. Así, en 2024 no se detectaron redes que trajeran a personas para obligarlas a mendigar. En los 12 meses anterior se habían liberado a dos víctimas y habían sido detenidas por hechos de esta naturaleza. Sin embargo, en esta ocasión sí se han detectado casos de trata para la criminalidad forzada. En concreto, se liberaron a tres mujeres de origen colombiano que eran forzadas a trabajar en cultivos clandestinos de marihuana en Cataluña. Estas víctimas fueron obligadas a custodiar durante meses las plantaciones en condiciones infrahumanas bajo continuas amenazas y coacciones hasta que hubieran pagado la deuda contraída con los cabecillas de la organización por haberlas traído a España con falsas promesas de trabajo. Hubo cinco detenidos.El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

La policía liberó el año pasado a 648 víctimas de trata y explotación sexual | Sociedad
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