La peor crisis humanitaria en la historia del Catatumbo cumple un mes, y con ella, la presencia del Gobierno en una región históricamente desatendida. Con facultades extraordinarias decretadas bajo conmoción interior, busca no solo restablecer el orden público alterado por los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc, sino también generar una transformación territorial con efectos permanentes. Pero hasta el momento, casi cinco mil personas siguen viviendo en albergues temporales, de las cuales el 38 % son menores de edad.EL TIEMPO habló con Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes víctimas directas o indirectas de esta ola de violencia, la garantía de sus derechos fundamentales y acerca del aumento del reclutamiento, no solo en Norte de Santander, sino en todos los rincones del país. ¿Cuál es la situación de los menores de edad en el Catatumbo?Lo primero que encontramos fue una población asustada por los enfrentamientos armados entre los dos grupos. Había dos tipos de situaciones: una, la victimización derivada de la cercanía de los combates; y otra, los que sufrieron directamente, ya sea porque asesinaron a alguno de sus familiares o vivieron despojos al ocuparles las fincas. Nosotros llegamos desde la primera noche, teníamos equipos en Ocaña, y cuando empezaron a contarnos la magnitud de lo que estaba sucediendo, movimos equipos de otras regionales para que empezaran a acompañar esos puntos, como Tibú y Cúcuta.Trabajo del ICBF en el Catatumbo Foto:ICBF¿Cómo se han restablecido los derechos fundamentales de los niños, como la educación, ya pasado un mes de desatada la crisis?En toda esta crisis hay dos etapas clave. Una es la inmediata, que se centra en la contención y el equilibrio, y una segunda etapa, que corresponde a la estabilización de las personas que quedan y cómo se quedan. Muchas personas llegaron a lo que se llamaron albergues, alojamientos temporales distribuidos por las alcaldías; otras, en el caso de Cúcuta, fueron a hoteles, y algunas llegaron a las casas de familias, amigos o parientes. Ese es el primer momento. En ese momento, nosotros entramos con los equipos a trabajar: primero, estabilizando la alimentación y el descanso de la gente, y poco a poco mejorando las condiciones. Luego viene el restablecimiento de todo lo que implica la garantía de derechos. En el ámbito educativo, los docentes desplazados en Cúcuta, junto con el colegio que está al lado del coliseo donde funcionaba el albergue, se pusieron de acuerdo. Ahí comenzó un proceso en el que la situación se transformó. Los niños comenzaron a ir al colegio, a almorzar con el PAE y a regresar a los refugios satélites que tenían. La instalación de la educación en emergencia permitió que los niños no quedaran desescolarizados.¿Cuántos niños, niñas y adolescentes siguen viviendo en albergues?Actualmente, hay 4.900 personas en albergues, de las cuales el 37,8 % son menores de edad. Nosotros hemos trabajado para mejorar sus condiciones. Hemos logrado que muchas familias, especialmente las de niños pequeños, ya no estén tanto en albergues colectivos, sino en alojamientos individuales o familiares, para resguardar a los menores. También contamos con un espacio de unas monjas gestionado gracias a la Unidad de Gestión del Riesgo, donde se están alojando otras familias con niños de edades tempranas.Trabajo del ICBF en el Catatumbo Foto:ICBF¿Han tenido que tomar potestad de algunos de los menores?, ¿por qué razón?En el marco del restablecimiento de derechos, los que más hemos logrado vincular al proceso han sido los niños que dejaron las filas de los actores armados, aquellos que habían sido reclutados. Ya hemos logrado que 24 niños y niñas abandonen las filas, y están trabajando con UNICEF, pero bajo nuestro sistema de restitución de derechos. Además, tenemos otros casos particulares en los que no ha sido necesario un retiro del niño, sino que se está ofreciendo acompañamiento a las familias o algún tipo de apoyo psicosocial especializado.La OCHA, de la ONU, había alertado sobre el posible riesgo de explotación sexual o delitos sexuales en los albergues. ¿Cómo se ha garantizado que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos de este peligro?Por un lado, estamos presentes de manera permanente en los espacios colectivos y visitamos los alojamientos temporales. Es decir, los equipos que tenemos en el terreno nos reportan lo que encuentran en cada sitio para saber cuál es la ruta que debemos seguir. Contamos con un registro diario, por si alguien encuentra alguna alerta, y a las 5 de la tarde siempre se realiza un barrido de esas alertas para dar una respuesta inmediata a cualquier situación de riesgo. Realmente, los alojamientos temporales no son los mejores espacios; deben ser precisamente eso, temporales. Estamos a la expectativa de que la estabilización del proceso permita que las víctimas cuenten con lugares de arrendamiento y otros tipos de soluciones, porque, en términos de garantía de derechos de los niños, es lo ideal. Sin embargo, las comunidades son muy organizadas. Cada vereda tiene un líder, y ellos van monitoreando. Incluso nos han dicho: “Tal señora puede estar maltratando al niño, hablen con ella”. Como ellos mismos están asumiendo el proceso, con toda la dignidad que amerita una situación tan compleja, nos ha dado mucha confianza en nuestros equipos. Ellos hacen de padrinos. Lo mejor en estos casos es que los alojamientos sean por el menor tiempo posible, y lo ideal es restituir a las víctimas la garantía de derechos laborales. Mientras tanto, los equipos están ahí de manera permanente, y la confianza con la comunidad es vital para poder alertar sobre cualquier riesgo.Trabajo del ICBF en el Catatumbo Foto:icbfEn el caso de los firmantes de paz y sus familias, ¿se ha desplegado algun tipo de protocolo diferencial?Sí, la ARN (Agencia de Reincorporación) es quien coordina ese protocolo diferencial. Estos niños y niñas no solo son sujetos de especial protección por su condición de menores, sino que también representan una generación que no puede repetir la guerra. Sus padres fueron firmantes del proceso de paz, y realmente no puede repetirse lo que ellos han sufrido. No es sencillo asimilarlo y acompañarlos en ese proceso. Hemos contado con el apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan. Ellos ya han formado un clúster completo de personas que se turnan para realizar estos acompañamientos, tanto a los hijos de los firmantes de paz como a los hijos de los refugiados que tenemos.¿Qué medidas extraordinarias han implementado a propósito de la conmoción interior para garantizar todos los derechos fundamentales de los niños en el Catatumbo?Una de las medidas es la educación en emergencia, que consiste en establecer tiempos de educación flexibles y llegar hasta las instituciones educativas, lo cual es necesario para el Ministerio de Educación. En cuanto a la salud, la permanencia de los equipos y las EPS en todos los albergues temporales nos ha permitido llegar con mayor rapidez. Además, hemos establecido comedores infantiles en algunos de los albergues para garantizar que los niños y niñas estén comiendo en condiciones dignas. La entrega de ayudas también ha sido importante. Y el derecho más grande que hay que restablecer es la paz. Este es el objetivo central de todas las medidas de conmoción interior. Las charlas con las víctimas que hemos tenido han sido bastante receptivas a medidas como la prohibición de vender la tierra que se está usurpando en este momento, congelar cualquier tipo de transacción por esas tierras, darles un margen de acción a las alcaldías para el uso de recursos, y, para nosotros en particular, todo el fortalecimiento que tendremos con las defensorías de familia, para que podamos contar con unidades locales de apoyo en cada uno de los municipios. Todo esto forma parte de la orientación que nos ha dado directamente el presidente en los consejos de seguridad.Colombia en 5 minutos. Foto:La Defensoría y la Ministra de Justicia alertaron sobre un panorama muy preocupante de reclutamiento. La ministra incluso mencionó que algunos de los niños se estaban suicidando debido a esta situación. ¿Qué ha encontrado el Instituto relacionado con este flagelo?Nosotros, sobre el tema del reclutamiento forzado, lo alertamos incluso cuando aún estábamos en el proceso de construcción del programa de gobierno, cuando recién comenzamos en este gobierno, y las cifras venían subiendo en el marco del reclutamiento. En ese momento, hicimos alianzas con las organizaciones indígenas para poder acompañar ese proceso, no solo de prevención, sino también de rescate de los niños y niñas cuando encontramos alguna alerta. A muchos de esos territorios el Estado no logra acceder directamente, sino que es a través de las comunidades, acompañándolas. Entonces, aunque el fenómeno ha crecido, también ha crecido mucho más la conciencia social gracias a esas alianzas. ¿Qué sentimos nosotros? Que, por un lado, el proceso de paz debe poner en primer lugar a los niños y las niñas, y eso no es negociable. En la mesa de paz hemos insistido en que ellos son uno de los actores de principal protección, y en ese sentido, los negociadores han logrado, por supuesto, algunas desvinculaciones y compromisos territoriales en algunos puntos del país. Sin embargo, hace falta un compromiso formal por parte de los actores armados, que nos permita dar algo de tranquilidad al país, asegurando que, a pesar de la guerra, hay unas reglas de juego que no involucran a los niños y las niñas. Ese compromiso aún no ha sido cumplido por parte de los actores armados. Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia