El gobierno de Chiapas que entró en funciones el pasado 8 de diciembre, cumplió tres meses de los que el titular del Poder Ejecutivo, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo son “100 días viviendo en paz”. En el recuento que hizo el pasado fin de semana, destacó que se redujo la violencia en las zonas donde por más de tres años grupos del crimen organizado han sometido a la población mediante asesinatos, desapariciones y reclutamiento forzado, para lograr el control de los territorios.Sin embargo, en el marco del informe anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentado este miércoles, el organismo humanitario detalló que “de la paz, entre comillas, en la que estamos, pues es importante insistir en que no va a existir ninguna paz mientras los grupos armados vinculados a la delincuencia organizada, vinculados a grupos de poder que se han enraizado por décadas en el estado de Chiapas, pues no sean desarticulados, judicializados y desarmados”, dijo Carlos Ogaz, encargado del área de sistematización del Frayba.Pedro Faro, también integrante del Frayba, refirió que los discursos de paz oficiales han sido utilizados por gobiernos anteriores, y “hoy estamos viendo que quien se está incorporando al gobierno son los líderes de la delincuencia organizada, están siendo los funcionarios de gobierno ahora y esa es una situación sumamente crítica”.Foto: Ángeles MariscalEl gobierno de Chiapas creó, también desde el 8 de diciembre de 2024, un grupo de policías de élite llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (Pakales), con personas que tienen una formación militar y son en su mayoría originarias de los estados de Zacatecas y la Ciudad de México, según dio a conocer el secretario de Seguridad, Oscar Aparicio Avendaño.En el recuento que este funcionario hizo de los 100 días de gobierno, dijo que entre las acciones que se han logrado es la detención de 2 mil 278 personas, entre ellos 366 policías, a quienes se les acusa de delitos comunes, además de patrullajes en zonas con altos índices de violencia.Al respecto, Carlos Ogaz señaló que “esta estrategia seguritista que está impulsando la actual administración estatal, pasa por fuerzas policiales militarizadas que la experiencia en otros estados de la República nos ha enseñado que también son parte de la administración de la economía criminal y llevan a cabo graves violaciones a los derechos humanos”.Detalló que funcionarios del área de seguridad del estado han tenido procesos de investigación judicial “por ser responsables o partícipes de masacres en México, otros vinculados a el impulso de grupos armados extralegales en la región de los Altos de Chiapas, y unos más por participar en actos de tortura.Pedro Faro dijo que ahora lo que la población vive en las comunidades “ya no el miedo es de la delincuencia organizada, ahora el miedo es de los Pakales”, que inhiben actos de protesta o denuncia.“¿Entonces, de qué paz estamos hablando? Hay quienes llaman al pueblo creyente una paz simulada, una paz narca”. A su ver, lo que se vive en Chiapas “son acuerdos entre grupos locales y grupos criminales. Son (acuerdos) muy frágiles. De pronto podemos estar en medio de 100, 200,300 días, y pareciera que vamos a vivir en una realidad homogénea, Sin embargo, insisto, son acuerdos muy frágiles, endebles, que se rompen y la violencia que impulsan los grupos armados que quedaron en las comunidades, en los territorios que no fueron desarticulados, se vuelven a reactivar”, señaló Ogaz.Pedro Faro subrayó que desde el monitoreo que realiza el Frayba “eso hemos constatado que se han detenido a personas de la delincuencia organizada, pero detienen unos y otros no, por eso decimos que están configurándose nuevos pactos con la delincuencia organizada”.“Para nosotros la paz no es que haya un paréntesis y un respiro con menos enfrentamientos, tiene que ver con la construcción de procesos de justicia”, subrayó Chloé Stevenson, también integrante del Frayba.El informe que este miércoles presentó el Frayba se titula “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”.

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