La obligación imposible de empadronarse: “Quieren invisibilizar a muchos ciudadanos” | Noticias de Madrid

Cuando se lesionó la espalda en noviembre de 2024, Abass R. (24 años, Senegal) llevaba nueve meses cotizados en la Seguridad Social, como etiquetador de productos de una empresa en Madrid. Aun así, en el hospital le negaron la atención por no tener empadronamiento. Por esa misma razón, no tuvo derecho a la baja. Su empleador le solicitó presentarse a trabajar o presentar la incapacidad médica bajo amenaza de despedido. La carencia de un padrón condiciona el acceso a salud, la escolarización y los trámites de Extranjería de “miles de personas” en Madrid, un número que “ha subido sustancialmente el último año”, afirma Mayte Zabalza, portavoz de Padrón por Derechos, una red que trabaja en un censo estatal de esta población. El plan del Ayuntamiento de Madrid es inoperante en la práctica en lo que se refiere a tramitar el empadronamiento sin domicilio, según denuncian desde la asociación.El empadronamiento es la vía de acceso a muchos derechos esenciales y ayudas del Estado. Zabalza explicaque su organización atiende con frecuencia “a familias que no pueden tener atención sanitaria o escolarizar a los niños porque no tienen el padrón, lo que es una vulneración contra la ley de protección a los menores”. “Quieren hacer invisibles a muchos ciudadanos, que no cuenten”, opina.Entre esos invisibles abundan “los migrantes en situación irregular, personas sin contrato de arrendamiento, los temporeros, las personas sin techo y muchas mujeres que trabajan en el hogar como internas”, indica Zabalza. Un régimen que conoce la peruana Gina A., que estuvo dos años al cuidado de un adulto mayor. La familia que le dio trabajo le prometió entonces ayudarla con el empadronamiento, pero se arrepintieron la noche antes del trámite. “Ese día lloré, porque había luchado mucho para sacar la cita. Lo pasé fatal, tuve muchos ataques de ansiedad. Había momentos incluso en los que quería quitarme la vida”, relata esta mujer de 59 años que hoy, como interna en otra casa, persiste en el intento de darse de alta en el padrón.En la misma situación esta Abass, cuya ilusión de una vida normal, tras una lucha que empezó en una patera con 17 años, se ha visto turbada ante la dificultad para hacerse con el certificado de empadronamiento, ya no solamente por cuestiones de salud, sino por la imposibilidad para renovar su permiso de residencia. “Para obtener papeles nos exigen estar empadronados durante dos años”, explica por teléfono el senegalés.El certificado de empadronamiento es imprescindible para casi cualquier trámite de migración. De hecho, la solicitud del arraigo, uno de los mecanismos más frecuentes de regularización, requiere demostrar el tiempo de residencia en España mediante este documento. “Es una medida bastante racista”, condena Zabalza en la sede del colectivo en Lavapiés, adonde han llegado Abdou L. y Abdoulaye L. para consultar el expediente de su caso de empadronamiento.Abdou L. es un brasileño que roza los 50 años. Quiere trabajar y no puede. Quiere hacer un curso de soldadura en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y no puede: inscribirse requiere padrón. Por no poder, no puede ni recibir la correspondencia.A su lado, Abdoulaye también revela sus temores. Este senegalés de 38 años vive en una casa con dos habitaciones y siete ocupantes. Ninguno empadronado. “Me falta un año para pedir un arraigo. Si no tengo padrón no puedo hacerlo”, ha afirmado, antes de una matización de Zabalza: “Para extranjería el tiempo cuenta desde que se dan de alta en el padrón, así que él todavía no ha empezado a contar ni un día en España, dan igual los meses que haya estado aquí”.Misma justificación municipalAbdoulaye, Abdou y Mayte Zabalza, portavoz de la red Padrón Por Derechos, en la sede la asociación en Lavapies (Madrid), el 8 de abril de 2025.J. J. M.Abass ha intentado empadronarse “cada año, después de salir del centro de menores”. La primera negativa ha llegado de parte de los caseros. Primero, en Barcelona; ahora, en Madrid, en la habitación en un piso compartido cuyo titular del contrato le ha dicho “que tiene bastantes chicos empadronados desde antes”, por lo que no puede dar de alta a nadie más. Lo mismo le han dicho a Diego V., un colombiano de 28 años que trabaja en B como instalador de muebles, pero quiere regularizarse gracias al contrato que le ha ofrecido su empleador y no puede hacerlo hasta que tenga un padrón.Zabalza ha explicado que muchos contratos de vivienda tienen “cláusulas que no permiten realquilar habitaciones o que limitan el número de personas en el piso”, por lo que muchos subarrendadores temen que avalar el empadronamiento de un tercero sea interpretado como un incumplimiento contractual. Otros, continúa la portavoz, rechazan empadronar “por no tener declarado el alquiler o no tener registrado el piso en la Comunidad de Madrid”.Ante esta situación, el Ayuntamiento ha intentado reducir el subregistro de habitantes con vías para empadronarse sin domicilio fijo. Sobre el papel, cualquier ciudadano puede hacerlo a través del centro social más cercano bajo el compromiso de acudir al menos una vez al año para revisar la correspondencia.No obstante, la portavoz del colectivo por el padrón critica que, en la práctica, los servicios sociales “se han negado a empadronar, porque dicen que no es un servicio de su cartera” y añade que tal mecanismo solo funciona “cuando son personas de una vulnerabilidad muy grande sobre las cuales va a realizarse una intervención social”.La carta con la que el Ayuntamiento ha desestimado la solicitud de Abass para empadronarse sin domicilio es idéntica a la que han recibido decenas de migrantes, tal como ha constatado EL PAÍS en los expedientes que reposan en la sede de la Red Padrón Por Derecho. El consistorio justifica la negativa “al no constar sus datos [del solicitante] en el sistema de información de la red municipal”, algo que no deja de ser contradictorio, dado que la solicitud es justamente para registrar los datos personales en las bases de datos municipales.El asunto depende del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento —encargada de gestionar los centros sociales— y del área de Economía, Innovación y Hacienda —que formaliza la inscripción de los solicitantes en el padrón. Ninguno de los dos departamentos ha facilitado información sobre el número de personas empadronadas en centros sociales, listas de espera, o denegación de solicitudes, ante la petición de este periódico.Entre tanto, las mafias y los listillos hacen su agosto con la necesidad ajena, como cobrar hasta 300 euros por empadronar a un extranjero. Zabalza pone como ejemplo el caso de Manek, un bangladeshí que llegó hace poco a la organización para denunciar que “le estás pidiendo cada tres meses pagar, con amenaza de darlo de baja del padrón”.La paradoja de no lograr empadronarse radica en que hacerlo es, por ley, una obligación más que un derecho. Cualquier persona que habite en un barrio sin estar inscrito en el padrón puede ser multado con hasta 150 euros en los municipios de mayor tamaño, según El Real Decreto 1690/1986.Esta penalización se debe a la necesidad que tienen las administraciones de conocer con exactitud cuántos habitantes hay en cada barrio y planear su crecimiento. El padrón es la radiografía de la población y, en consecuencia, la referencia para medir asuntos esenciales como la cantidad de plazas en los institutos educativos, los centros de salud o la necesidad del transporte público. Así, por ejemplo, un barrio que tenga una población más envejecida tendrá prioridad para la asignación de un centro de mayores o uno con muchos niños para la construcción de una guardería.Algunos fondos asignados a los municipios por el Gobierno central y el regional también se tasan en función del número de habitantes. Por todo esto, un subregistro puede derivar en una insuficiencia de plazas para la instituciones públicas o en el presupuesto local.Sin duda, los barrios con más brecha entre el registro escrito y el real son los de mayor población migrante, como Lavapiés en Madrid. Allí dos locales del barrio decidieron actuar desde hace unos años, entre ellos la sede de Padrón por Derechos. Solicitaron un permiso como entidad colaboradora del Ayuntamiento para empadronar a algunos vecinos del barrio que no pudieran hacerlo por sus propios medios. En seis años, más de 600 residentes fueron registrados en la calle Duque de Alba. Pero, tras seis años, el Ayuntamiento revocó el permiso, coincidiendo con el cambio del equipo de gobierno municipal de Manuela Carmena a José Luis Martínez-Almeida. Desde entonces, los sinpadrón han quedado a merced de las decisiones del Samur y de la indulgencia de los caseros. “No somos invisibles”, decía la pancarta con la que salieron a marchar el 5 de abril en Madrid. Lo cierto es que, de momento, para el Estado sí lo son.Migrantes, inquilinos y trabajadoras del hogar marchan en Madrid por el acceso a la vivienda, el 5 de abril de 2025.J. J. M.