La Fiscalía pide dos años de cárcel para un profesor de Derecho por una agresión sexual a una alumna en la Universidad de Salamanca | Sociedad

La Fiscalía pide dos años de cárcel y 3.000 euros de indemnización por la agresión sexual de un profesor de Derecho de la Universidad de Salamanca contra una alumna, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. El fiscal señala a la USAL como responsable civil subsidiario, lo que le obligaría a indemnizar a la mujer si el acusado, en caso de condena, no respondiera personalmente. El ministerio público solicita también para el profesor José Lorenzo García Martín la “obligación de participar en programas formativos de educación sexual por el tiempo de tres años” y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante el mismo periodo. García Martín, de 61 años, se jubiló voluntariamente hace poco más de un año.La Fiscalía relata cómo una tarde de diciembre de 2022, la alumna acudió al despacho del profesor en la Facultad de Económicas para asesorarse sobre una práctica relacionada con la asignatura de Derecho Mercantil, pasadas las ocho de la tarde. “El acusado cerró la puerta, tomando asiento junto a la referida estudiante, realizándole seguidamente una serie de preguntas sobre su vida personal, hasta que en un momento dado, movido por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, empezó a realizar tocamientos en la zona interior del muslo izquierdo de la estudiante, subiendo la mano hasta llegar a tocarle el pecho, quedándose la joven totalmente bloqueada y sin saber cómo reaccionar, hasta que finalmente decidió levantarse de la silla”.La alumna, de origen latinoamericano y cuya familia reside en España desde hace años, está personada como acusación particular. Si el instructor decide sentar finalmente en el banquillo a este profesor de Derecho Mercantil, sería su primer juicio después de tres procesos judiciales iniciados por hechos idénticos. En los dos anteriores, las víctimas, también extranjeras, regresaron a sus países dejando sin impulso la investigación judicial, que por tratarse de un delito de los considerados semipúblicos, no puede seguir adelante sin que la víctima esté personada en el proceso.Los tres procesos judiciales se desencadenaron lo largo de casi una década, entre 2014 y 2022, tal y como adelantó EL PAÍS. Después del segundo caso, por hechos ocurridos a finales de junio de 2022, la USAL expedientó al profesor y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, aunque mantuvo en su puesto al docente, quien en el siguiente cuatrimestre cometió presuntamente la agresión que ahora está al borde de sentarlo en el banquillo. Ese segundo caso se archivó provisionalmente después de que la denunciante volviera a Francia.Solo después de la tercera denuncia judicial, la universidad lo suspendió de empleo y sueldo en el verano de 2023. Seis meses después, García Martín, después de 30 años de docencia y 15 en los que ejerció también como juez sustituto en Toro (Zamora), se jubiló voluntariamente en enero de 2024. Dado que no tiene antecedentes penales, y que la pena solicitada no excede de los dos años, la petición de la Fiscalía sugiere que en caso de condena García Martín no pisaría la cárcel, salvo que el juez atendiera una petición de pena más alta por parte de la víctima.La Universidad de Salamanca, contraviniendo su propio Protocolo de prevención del acoso sexual, lleva años sin publicar los datos sobre acoso a estudiantes en la universidad. “La Comisión de prevención del acoso a estudiantes elaborará y difundirá anualmente un informe sobre su actuación, preservando el anonimato de las personas a que afecten los que ha conocido y formulará propuestas para […] la prevención del acoso a estudiantes”, afirma el artículo 13 de dicho protocolo. Preguntado por este diario, un portavoz oficial aludió a razones de “protección de datos” para no responder dónde pueden consultarse dichos informes.El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.