La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide a Transición Ecológica que actúe contra los 250 agricultores que aún esquilman Doñana | Clima y Medio Ambiente

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que actúe contra los 250 agricultores de Huelva, Sevilla y Cádiz que esquilman el acuífero de Doñana desde hace décadas. Es la primera vez que las autoridades hacen un recuento preciso de los freseros que han robado agua del deteriorado acuífero de la reserva y han contribuido a su progresivo declive. La Guardia Civil ha peinado el entorno del Parque Nacional y ha identificado a 250 agricultores que extraen agua sin permisos, la gran mayoría e Huelva (198), pero también de Sevilla (51) y Cádiz (1). Pero, en este caso, no se trata de extracciones de agua de hace décadas, sino de las que han constatado los agentes en 2022 y 2023.El ministerio público mueve ficha casi cuatro años después de que en junio de 2021 recibiera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España por las extracciones de agua ilegales en el espacio protegido, motivadas por la agricultura y el turismo en la macrourbanización de Matalascañas. Tras la sentencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió unas diligencias preprocesales ―una investigación previa a la presentación de una demanda o denuncia― sobre la responsabilidad medioambiental el 8 de mayo de 2023, que ahora han concluido. Antes de denunciar los hechos en vía penal, la Fiscalía ha solicitado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que imponga medidas a estos agricultores para que paren de robar agua.Entre esas medidas, según se detalla en un escrito de la fiscalía hecho público este viernes, estarían el “cese definitivo o temporal, total o parcial, de actividades en las explotaciones económicas y profesionales, que con posterioridad a 2023 hayan continuado con la extracción ilegal de aguas subterráneas de los acuíferos concernidos, sin la concesión administrativa preceptiva o en caudales superiores a los permitidos”. También se reclama “la adopción de medidas de reparación primaria” y “medidas de reparación complementaria”.Desde que se abrieron las diligencias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido informes al área específica de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado y del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil elaboró un informe, fechado el 4 de junio de 2023, en el que se identificaban esos 250 “operadores” que seguían extrayendo agua ilegalmente del acuífero del que vive Doñana contra los que la Fiscalía pide ahora que actúe el ministerio. La mayoría (198) están en la provincia de Huelva, pero también hay 51 en Sevilla y uno en Cádiz.