Aunque parezca raro, lo cierto es que se ha conseguido poner cierto orden en el tema de urbanismo y ordenación del territorio en España, después de muchos años de trabajo en la materia y de resoluciones de diferente tipo (judiciales, administrativas…) buscando evitar desvaríos al respecto. También es cierto que un amplio sector social se ha percatado de los graves problemas que implica esta materia y de las injusticias que conlleva. Me sorprende que se haya hablado tan poco en este país del Informe Euken, del Parlamento Europeo, que, en su momento, puso de relieve la existencia de una situación kafkiana en España por los abusos cometidos contra los extranjeros que adquirían vivienda en nuestro país y que determinó importantes novedades con ocasión de la reforma del Código Penal de 2015. En cualquier caso, el informe está ahí, pero el problema reside, sobre todo, en la poca memoria que, intencionalmente, tenemos cuando se trata de cosas que no convienen o que no interesan. Ahora, sin embargo, las novedades afloran y las perspectivas cambian, aunque la base del problema sigue existiendo, dado que el turismo sigue exigiendo más habitáculos, igual que las generaciones más jóvenes, lo cual determina la búsqueda de nuevas soluciones. Y una de ellas —no la única—, son las declaraciones responsables. A medida que el tiempo avanza veo más problemas y menos sensatez a la hora de proceder a su aplicación. Pero si, además, hacemos uso de la Inteligencia Artificial, la cosa se complica. Es sabido que la IA consiste en la simulación de la inteligencia humana en máquinas que están programadas para pensar y actuar como seres humanos. Hasta ahí, perfectamente. La cuestión que inmediatamente aflora es ¿en qué estamos pensando los seres humanos? ¿tenemos presente la legalidad a ultranza, como debiera ser? ¿O, como ocurre con frecuencia, lo que se busca es la conveniencia y la oportunidad, en línea con el modus operandi de la corrupción? Veamos cómo están las cosas. Las declaraciones responsables constituyen una institución que permite prescindir, por ejemplo, de la correspondiente licencia, en supuestos en los que la licencia, como forma de control, sería obligatoria. A su vez, en una de las múltiples vistas creadas con IA, que pululan en las redes y por el mundo informático, se señala que “las declaraciones responsables ofrecen ventajas como la rapidez y agilidad en el inicio de actividades, simplificación administrativa y reducción de costos”, lo cual es absolutamente cierto. Pero también se indica que todo esto implica riesgos. El primero de los riesgos que se subraya en las redes es que “si la información declarada es falsa o se incumple la normativa, pueden imponerse sanciones administrativas, civiles o, incluso, penales.” Lo que no se menciona, sin embargo, son las diferentes posibilidades relacionadas con la corrupción.El problema radica en que el planteamiento que se hace no debería de ser considerado como un simple riesgo, como consecuencia de haber aportado información falsa y del que uno puede escapar si decide asumir el riesgo en cuestión. Insisto, no es un riesgo, sino un verdadero delito, de cumplirse las condiciones que establece el Código Penal en materia de falsedades, o incluso otro tipo de supuestos, como la corrupción. Sin embargo, la forma en la que se expone el problema parte de que se trata de un simple riesgo, que uno puede asumir o no, y luego, que Dios reparta suerte. Sinceramente, creo que se están desvirtuando los principios esenciales que deben de regular la conducta correcta de los seres humanos. Sería algo así como si estuviéramos diciendo: “mire, robe usted, si bien, con esa esa conducta, corre el riesgo de que lo descubran, lo cual constituye un serio inconveniente, porque podría acabar en la cárcel”.Creo que lo lógico sería proceder de una manera ordenada y sensata a la hora de afrontar este tipo de problemas novedosos. Lo que vemos, sin embargo, es que determinados sectores ven oportunidades que creen que hay que explotar, que, además, el tiempo corre y, sin embargo, esa velocidad mal entendida puede llevar a situaciones, como la descrita, en temas en los que es fácil cometer serios dislates. Todo ello sin olvidar que las declaraciones responsables se están llevando al complicado mundo urbanístico, en el que dudo que debieran estar, porque además son paradójicas y hasta contradictorias con el concepto de silencio administrativo negativo, propio de la temática ambiental. Es decir, se está entrando en un terreno altamente cenagoso, por así decirlo, y la incipiente experiencia ya está empezando a demostrarlo. Antonio Vercher Noguera es fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo. 

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