Hogares pobres atados a coches viejos: cómo un ‘leasing social’ de eléctricos frenaría la pobreza en el transporte en zonas rurales | Clima y Medio Ambiente

Los hogares con rentas más bajas situados en zonas rurales —muchas en la España vacía— están atados a coches viejos. Es lo que se denomina pobreza en el transporte: la falta de frecuencias del transporte público o de alternativas de movilidad obliga a poseer un vehículo privado, que además genera gastos —como reparaciones o combustible— difíciles de asumir y mantiene en circulación coches muy contaminantes. Cuando esos mismos hogares se encuentran en ciudades, apuestan por tener menos vehículos y prefieren moverse en metros, trenes y autobuses. Son cifras de un informe de Transport & Environment (T&E) y el Basque Centre for Climate Change (BC3) que propone paliar esta situación con “leasing social” de vehículos eléctricos impulsado por el Estado, que alquilaría coches cero emisiones a estas familias por cuotas de unos 100 euros al mes. Desde hace meses, el Ejecutivo estudia la iniciativa.La investigación se ha basado en la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2023, realizada por el INE a 24.000 hogares, en la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas de 2021 (ambas, las últimas disponibles), así como en estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT). “Analizando los datos comprobamos que en los pueblos hay una mayor dependencia del vehículo privado, que se trata de un parque automovilístico muy envejecido, por lo que su mantenimiento supone un gasto muy superior. Es una rueda que se retroalimenta”, explica Mercè Amich, la economista que ha liderado la investigación del BC3.La tenencia de vehículos está vinculada al nivel de ingresos, siendo menor en los deciles (franjas) de ingresos bajos y aumentando de manera progresiva a medida que se incrementa la renta. Sin embargo, en las franjas más bajas, la diferencia entre las zonas urbanas y las demás es más pronunciada. “Esto sugiere que, aunque el nivel de ingresos facilita la adquisición de un vehículo en todos los contextos, la necesidad de disponer de transporte propio es más acentuada en las áreas rurales y semiurbanas (periferia)”, apunta el documento.En total, el 28% de los hogares de zonas urbanas no cuentan con vehículo propio, dado que en general hay buenas alternativas de movilidad, mientras que en las zonas rurales no llega al 19%. Mientras, el transporte público supone más gasto en hogares de las ciudades: “para las rentas bajas, en entornos urbanos donde existe una mayor presencia y disponibilidad de transporte público, este medio colectivo se consume con una intensidad significativamente mayor”, señala el informe.Los automóviles de los pueblos son más antiguos: más de la mitad pasan de los 15 años (un 13% del total supera los 25 años), una cifra que baja en seis puntos en lugares urbanos y periféricos. En las furgonetas es todavía peor, llegando al 65% de antiguas (15 puntos menos en ciudades). Esto tiene un efecto en la polución: en el entorno rural la proporción de vehículos sin etiqueta ambiental es del 34,4%, casi diez puntos superior a la de entornos no rurales. Los vehículos con etiquetado más eficiente de categoría ECO y 0 son más comunes en zonas no rurales.Los datos coinciden con el primer informe de pobreza en el transporte que presentó este miércoles el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El documento muestra que los hogares de las áreas urbanas invierten un 10,6% de su presupuesto anual en transporte, frente al 14,1% de las familias de entornos rurales. Además, un 13,3% de la población con menos ingresos carece de coche con el que desplazarse.Un tercer estudio presentado este miércoles apunta que cinco millones de españoles de la España rural manifiestan preocupación por temas relacionados con su movilidad y la repercusión en su desarrollo económico y profesional; de ellos, el 47,6% tiene dificultades para acceder a un empleo por falta de alternativas de movilidad. Lo elaboran las consultoras BeConfluence e Impulso a partir de millones de búsquedas en foros, redes sociales y comentarios en internet.Coches cero emisiones para los pueblosLa ONG Transport & Environment (T&E) considera que estos datos refrendan su propuesta de impulsar un “leasing social” de vehículos eléctricos para zonas rurales. “Esta propuesta serviría para paliar la pobreza en el transporte en las zonas rurales, además de para hacer los vehículos eléctricos más accesibles y mejorar su percepción entre la población, así como para apoyar a la industria de la automoción europea, fomentando la adquisición de vehículos fabricados aquí”, apunta Laura Vélez de Mendizábal, de T&E.La idea se basa en el modelo que Francia aplica desde el año pasado: el Estado facilita coches eléctricos pequeños a ciudadanos con rentas medias y bajas que se comprometen a alquilarlos durante al menos tres años por una cuota mensual que ronda los 100 euros —algo más para los modelos grandes—. Para ello, hizo falta un acuerdo entre fabricantes, concesionarios, empresas de renting y financieras, así como fondos estatales. El plan tuvo tantas peticiones que se agotó en un mes, aunque el Ejecutivo quiere renovarlo.Un hombre carga un coche eléctrico de la cooperativa ALTERNAcoop en el pueblo valenciano de Catarroja, este miércoles. Mònica TorresLa idea de la ONG ambiental sería que los coches eléctricos pequeños se ofrecieran a rentas bajas españolas por unos 90 euros al mes durante un periodo de cuatro a ocho años. “El plan francés se centró en los turismos, pero vistos los datos de España creemos que aquí habría que incluir también furgonetas pequeñas, dada la antigüedad del parque. Serían muy útiles para trabajadores y empresas de logística de los pueblos”, señala la portavoz de T&E. No han desarrollado a qué precios podrían ofrecerse.La experta apunta que parte del futuro Fondo Social para el Clima (FSC) europeo se podría dedicar a esta partida, dado que permitiría impulsar una transición justa en hogares rurales vulnerables. En España, el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a estudiarlo, pero por ahora no hay novedades.Por su parte, la patronal de fabricantes Anfac no se opone, siempre que no suponga restar fondos al Plan Moves III. “La prioridad ahora es consolidar un plan de ayuda a la demanda de vehículo eléctrico para posicionar más rápido a España con los países de cabeza en electrificación. Un plan de ‘leasing social’, bien enfocado, bien gestionado y con presupuesto suficiente, puede ser un complemento al paquete de ayudas directas y fiscales potente”. Ahora bien, “los fondos del ‘leasing social’ deberían ser complementarios a estas ayudas a la demanda. Es decir, tendría sentido este proyecto si se aporta financiación pública adicional a los incentivos a la compra de vehículos eléctricos”.Otra idea para las zonas rurales son las cooperativas de vehículos eléctricos, que permiten usarlos sin obligar a la compra —como ocurre con el carsharing en las urbes—. Una de ellas es Alterna, que ha instalado vehículos en varios pueblos valencianos, entre ellos Albalat dels Sorells, Sedavi, Alfafar, Benetuser y Pobla de Vallbona; otra es Som Mobilitat, que hace lo mismo en Cataluña. El modelo se extiende también a Castilla y León, Madrid, Navarra, Aragón y Canarias.