Casi un año después de haberlos mencionado por primera vez como cabezas de lo que llamó “una empresa criminal” –el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)–, la fiscalía de Adriana Camargo le mete el acelerador a los procesos contra tres de los alfiles más cercanos al presidente Gustavo Petro.En una sola semana, y después de meses de críticas por la supuesta demora para avanzar en las investigaciones del que hasta ahora es el más grande escándalo de esta administración, la Fiscalía no solo pidió cárcel para Carlos Ramón González, el poderoso exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y de la Dirección de Inteligencia, sino que reveló que el exdirector de Función Pública César Manrique habría sido el destinatario final de 3.000 millones de pesos, llevados en maletas, que fueron entregadas en un baño de un centro comercial de Bogotá. También confirmó que acusará por dos delitos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el único al que el presidente Petro ha salido a defender públicamente, en contraste con el silencio que ha guardado frente a los graves señalamientos contra sus otros dos excompañeros en el M-19.La más reciente acusación fue contra González, un viejo conocido de Petro que tras compartir varios años con él en el M-19 llegó a la política de la mano de los ‘verdes’ y en el Gobierno manejó los hilos del Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), puesto del que salió el año pasado con una discreta labor y sin revelar su destino.Olmedo López, César Manrique y Sneyder Pinilla en caso UNGRD. Foto:Archivo particularEl viernes, la fiscal María Cristina Patiño le pidió al Tribunal de Bogotá que lo envíe a la cárcel por ser uno de los supuestos cerebros de la red delincuencial, y lanzó un fuerte señalamiento al decir que tras siete meses de haberse ido del país, se tiene registro de que estaría en Managua (Nicaragua). A esa hipótesis llegó luego de un informe del CTI con el que le rastrearon la IP del celular el 21 de mayo pasado, cuando le imputaron los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación, de los cuales se declaró inocente. El dato exacto de su paradero, sin embargo, no se sabe desde que en octubre le dijo al ente acusador que su residencia estaba en el norte de Bogotá.Precisamente, el martes, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se refirió al tema. “Efectivamente, hay información de que (González) se encuentra en el exterior, pero esperamos que él venga y ponga la cara, yo considero que eso va a suceder”, dijo.El comportamiento del procesado fue reprochado por Patiño en la audiencia de antier. Señaló que “sabiendo de la existencia de esta investigación, de su importancia y de la gravedad de sus consecuencias negativas, se abstuvo de informar a la Fiscalía de su salida del país y mucho menos de su regreso. Y si bien frente a este argumento podría oponerse que González no tiene restricción de salir del país, su comportamiento es indicativo de que no quiere que la administración de justicia tenga conocimiento de su ubicación material. González hoy tiene un arraigo aparente y no real”.Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto:Foto: Jesús BlanquicetSegún la investigadora, a eso se suma la relación de González con las altas esferas del Ejecutivo, lo que podría afectar el caso en el que su defensa, el próximo 17 de junio, por disposición del Tribunal de Bogotá, tendrá la posibilidad de sustentar por qué debe seguir libre.Las coimas a congresistasEn el expediente contra el exjefe del Dapre se lee que a finales de 2023 le habría ordenado a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, entregar 70.000 millones de pesos en contratos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara: Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, a quienes pretendía comprarles su voz y voto. La oferta varió y, tal como lo revelaron López y su socio Sneyder Pinilla –a cambio de beneficios judiciales–, habría quedado en 3.000 millones de pesos en efectivo para Name y 1.000 millones para Calle.“Carlos Ramón ofreció a los parlamentarios primero contratos y luego dinero en efectivo para que, a cambio de ello, apoyaran los proyectos de ley de interés del Ejecutivo; y con el propósito de conseguir los recursos necesarios para alcanzar tal finalidad, determinó a Olmedo López para que los obtuviera de la contratación de la UNGRD, como en efecto sucedió con la orden de proveeduría 1922023 (de los 40 carrotanques para La Guajira)”, concluyó la fiscal.Esas entregas de coimas no las habría logrado sin la intervención de López y de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, hoy presa por el escándalo. Al parecer, ella fue quien en septiembre siguió las instrucciones de González a la hora de contactar a Name para comer juntos en Bogotá y montar la repartija de recursos públicos.De todo ello, la Fiscalía dice tener no solo los testimonios de Pinilla y López, sino también documentos que les dan solidez a sus señalamientos.Sandra Ortiz a su arribo en los juzgados de Paloquemao. Foto:Mauricio MorenoEl capítulo de ManriqueEl de Carlos Ramón González es uno de los cuatro capítulos que tienen abiertos la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia contra 25 personas ya judicializadas, y a otras más a la espera de que se les conozca si las vinculan al caso.El panorama de César Manrique es similar al de González. Durante varios años ha sido considerado una mano derecha del Presidente, tanto así que lo acompañó durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, y al actual gobierno llegó a dirigir la Función Pública, de donde se fue en noviembre del año pasado alegando motivos de salud. En esa época ya le había estallado el escándalo en el que lo tildan de haber puesto a Luis Carlos Barreto Gantiva como la ficha en la UNGRD para tener el manejo de esa entidad.Así como ha ascendido políticamente en puestos de poder, Manrique se ha visto empañado por escándalos judiciales que en este momento lo tienen respondiendo por dos casos. Uno por la condena en primera instancia a 10 años de cárcel debido a la corrupción cometida en el Fondo de Vigilancia de Bogotá, con la compra de 100 motos eléctricas para la Policía, que dejó la pérdida de 1.000 millones de pesos.El otro escándalo es porque al parecer direccionó a dedo un contrato entre la UNGRD y la Fundación Yapurutú para la compra de 40 carrotanques pequeños. El beneficio ilícito que habría recibido por ello es de 3.000 millones de pesos en efectivo, entregados entre el 4 de enero y el 12 de marzo de 2024 a través de personas también bajo la lupa de las autoridades. El desfalco al parecer hubiera sido mayor, pues al momento de leerle a Manrique la imputación por cuatro delitos, la fiscal Patiño describió que él y sus socios habrían pactado irregularidades en otros cinco contratos.Olmedo López. Foto:UNGRDUno para comprar plantas desalinizadoras en el marco del desastre nacional en 2024 en Uribia, La Guajira, por 42.428 millones de pesos; otro para la orden de proveeduría por 2.547 millones; el tercero para una obra de 2023 con la que se les haría mantenimiento a pozos subterráneos en Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha, por 4.351 millones de pesos. También el de la interventoría al proyecto de los pozos por 261 millones, y, por último, el contrato de prestación de servicios por 4.538 millones de pesos para hacer levantamientos topográficos.“De los seis contratos, hasta el momento se tiene que solo se giraron recursos de la orden de proveeduría 185 de 2023, correspondiente a la adquisición de 40 carrotanques pequeños”, anotó la fiscal, quien le recriminó que sin tener ningún vínculo contractual con la Unidad, pactó con Olmedo López el pago de una coima del 7 por ciento del valor de cada uno de los contratos que tramitan.Por eso, la fiscal pidió que Manrique sea recluido en la cárcel junto con los otros siete socios que habrían participado en este capítulo de corrupción: Édgar Riveros, Ana María Riveros, Sonia Romero, Francisco Estupiñán, Óscar Cárdenas, Édgar Echeverry y Jorge Aristizábal.Audiencia contra Carlos Ramón González por caso UNGRD. Foto:Archivo particularBonilla, próximo a imputarEl exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, un profesor que en 2023 llegó a ese puesto en reemplazo de José Antonio Ocampo y acompañó a Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá y ha sido su asesor de confianza en temas económicos, es otro de los alfiles del Presidente que están reseñados en el organigrama de la red delictiva.Su nombre es parte del cuarto capítulo del desfalco y, si bien había sido mencionado hace meses, apenas esta semana la Fiscalía General anunció que va a solicitar la imputación de cargos en su contra una vez termine de negociar con María Alejandra Benavides, quien de ser la asesora del exfuncionario va a pasar a ser la principal testigo en su contra. “La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla, a partir de un acercamiento en virtud de una negociación de principio de oportunidad con la señora María Alejandra Benavides. Ese principio se va a radicar a finales de esta semana, y una vez el juez a quien corresponda decidir la legalidad de este principio lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de imputación contra el exministro”, contó la fiscal Patiño en una rueda de prensa del martes.A Bonilla se lo asocia con que, a cambio de que a finales de 2023 le aprobaran cupos indicativos en las comisiones económicas del Legislativo, habría direccionado a dedo contratos por 92.000 millones de pesos para seis congresistas en municipios como Cotorra, El Carmen de Bolívar y Saravena. Por eso responderá por dos delitos en los que desde ya su defensa anticipó que ratificará que es inocente una vez sea llamado por la fiscal María Cristina Patiño a los estrados judiciales.Otros nombres bajo la lupaLas autoridades ya tienen a 25 personas judicializadas por el escándalo de la UNGRD. Cuando se materialice el llamado a imputación contra Ricardo Bonilla, ese registro subirá, pero aun así faltarán nombres sobre los cuales definir si van a ser o no procesados. Entre ellos está el del exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Él habría hecho parte del cónclave en el Palacio de Nariño en el que se habría ordenado utilizar los recursos de la UNGRD bajo el mando de Olmedo López para comprar al Congreso a cambio de votos a favor del Gobierno Nacional.Como él, también están a la espera el exasesor del Dapre Jaime Ramírez Cobo, quien habría sido el enlace de Palacio para monitorear junto a María Alejandra Benavides los contratos que se repartirían a congresistas en la UNGRD con el aval del Ministerio de Hacienda. Lo último que se supo de Ramírez es que salió del Gobierno y viajó a Europa hace unos meses.Andrea Ramírez, por último, es otra de las personas sobre las que están los reflectores puestos. Ella era la titular en la asesoría del Minhacienda, pero por una licencia de maternidad entró a reemplazarla Benavides, a quien supuestamente le dejó un listado de proyectos y de nombres de congresistas que iban a ser beneficiados.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: