Las emergencias humanitarias que han vivido regiones como el Catatumbo o el Guaviare se siguen trasladando, con diferente magnitud, a los polvorines activos del conflicto armado. Desde hace 15 días, más de 5.000 personas están confinadas en el sur de Bolívar, donde el Eln decretó un paro armado y el ‘Clan del Golfo’ continúa con acciones para evitar ceder terreno en un corredor clave para el narcotráfico y la minería ilegal.Sobre este tema, así como sobre las alertas frente a la ley de sometimiento que se tramita en el Congreso, la imparcialidad de la justicia tras la condena contra Álvaro Uribe y la posible permeación de la violencia en las elecciones de 2026, habló con EL TIEMPO la defensora del Pueblo, Iris Marín.¿Cuál es la situación hoy en el sur de Bolívar?Desde hace aproximadamente 15 días se presenta un confinamiento que afecta a alrededor de 5.000 personas en los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo. Son varias veredas las que están afectadas por esa razón. También se han presentado algunos secuestros. Se destaca el del líder social Luis Eduardo Bohórquez, quien está secuestrado desde el 22 de julio, pero la comunidad reporta que habría al menos tres personas más secuestradas. El sur de Bolívar y el Magdalena Medio es una zona que actualmente está en disputa por la expansión del ‘clan del Golfo’, la presencia del Eln y la confrontación también con las disidencias de las Farc de la línea de Calarcá. En este momento, este confinamiento se produce por el paro armado decretado por los ‘elenos’. El fin de semana pasado hubo una caravana humanitaria propuesta por la comunidad, acompañada por la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Se movilizaron alrededor de 100 vehículos y motos para hacer un llamado al ELN y pedir que se permita nuevamente la movilidad.Serranía de San Lucas, Sur de Bolivar Foto:Archivo¿Cuál es el balance humanitario y las afectaciones a la libre movilidad de los ciudadanos?El Eln permite el paso de personas enfermas y que una persona por finca pueda salir una vez a la semana a hacer mercado para evitar —según ellos— que pasen víveres u otros elementos básicos hacia grupos armados. Pero se mantiene la restricción. En una de las veredas, me están diciendo que hoy se está verificando un desplazamiento masivo de mineros. ¿Qué busca el Eln con este tipo de acciones criminales contra la población?Al controlar la población lo que buscan es impedir que otros grupos armados vayan también a ejercer control sobre ella, sobre el tráfico de víveres. Buscan quitarle espacio a los otros grupos armados y tener dominio mayoritario sobre la zona.La zona es un corredor estratégico para el tráfico de droga que sacan hacia el Golfo de Morrosquillo. ¿Por qué otras razones se la disputan el Eln, el Clan del Golfo y otros actores?Sí. Es una zona con dos economías ilegales. Por una parte, el narcotráfico, pero también está el tema de la minería de uso ilegal en zonas que no están autorizadas. Es un corredor que va, efectivamente, hacia el Golfo de Morrosquillo, pero también conecta con toda la zona de control general del ‘clan del Golfo’. Además, es un paso hacia la Serranía de Perijá, hacia Venezuela, hacia el Catatumbo y un vértice clave entre estas zonas con alta presencia de grupos armados.¿Qué otros polvorines ha identificado la Defensoría donde podría presentarse una situación similar?La situación sigue siendo muy crítica en el Cauca. Es una zona donde hay muchos actores armados ilegales, donde permanentemente se presentan confinamientos, desplazamientos forzados, tensiones entre grupos, e instrumentalización de la población civil. También está el bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar, Magdalena Medio y Catatumbo, que siguen siendo preocupantes, con diferentes niveles de periodicidad en los hechos de alarma. Están también Caquetá, Arauca y el norte de Antioquia. Así como el Chocó y Valle, en el bajo Calima, el San Juan y también el Baudó, regiones que están en una situación crítica.Desplazados de Puerto Matilde, en Yondó, Antioquia. Foto:Alcaldía de Yondó, Antioquia.¿Cómo ve ese panorama de cara a las elecciones de 2026, teniendo en cuenta que estos grupos podrían instrumentalizar a la población para elegir a sus candidatos?La Defensoría del Pueblo está trabajando en una alerta temprana electoral que esperamos tener antes de que termine el año. Ahí se identificarán de manera más precisa los riesgos. En este momento, 397 municipios tienen alertas vigentes por presencia de grupos armados de diferente tipo y con diferente magnitud. No siempre es un dominio total. Ahora bien, no necesariamente la presencia de un grupo implica una alteración electoral, porque no todos van a estar interesados en incidir en los comicios. La idea de esta alerta es poder precisar de qué manera esos riesgos por presencia de grupos armados pueden afectar los resultados. Ya es previsible que habrá un impacto, porque no hay libertad ciudadana. En general, aquellas zonas donde hay baja presencia institucional y alto control poblacional, la incidencia en las elecciones va a ser inevitable si no se revierte la situación o no se toman acciones para evitarlo.Sobre las soluciones que propone el Gobierno para el desmantelamiento de estos grupos armados, está la ley de sometimiento, que la Defensoría conceptuó de forma desfavorable en el Consejo de Política Criminal. ¿Qué razones hay detrás y qué otra alternativa sugieren desde la entidad?Sobre las soluciones que propone el Gobierno para el desmantelamiento de estos grupos armados, estuvo sobre la mesa la ley de sometimiento, que la Defensoría conceptuó desfavorablemente en el Consejo de Política Criminal. ¿Qué razones hay detrás y qué otra solución sugieren desde la entidad?Nosotros votamos desfavorablemente en el Consejo Superior de Política Criminal porque los factores que presentamos preliminarmente no fueron atendidos en su mayoría por el Gobierno Nacional. El que más nos preocupa es el tratamiento penal a reincidentes que podrían volver a acceder a beneficios penales a pesar de haber pasado ya por procesos de justicia transicional. Creemos que esto es inconstitucional y, sobre todo, inconveniente. Estamos elaborando un concepto con todo el detalle, porque el proyecto de ley nos fue enviado el miércoles a las 11 de la mañana y el Consejo fue el viernes a las 9. Entonces, nuestro concepto fue provisional, y así lo dijimos. Ahora estamos haciendo un estudio detallado y también pensando en propuestas alternativas. Nosotros hemos dicho que sí es necesario un proyecto de ley de sometimiento a grupos armados ilegales. Es una necesidad que incluso identificó la Corte Constitucional en la sentencia sobre la ley de paz total (C-525 de 2023). Sin embargo, tenemos muchas dudas sobre la forma en que está planteado este proyecto.Despliegue de tropas en el sur de Bolívar. Foto:Cortesía¿Qué es lo que más les preocupa de los beneficios a los reincidentes?Hay dos grupos. Por un lado, los desertores del Acuerdo de Paz con las Farc, que firmaron el acuerdo, eran comparecientes o tendrían que haber comparecido ante la JEP, y desertaron. Volvieron a las armas. Incumplieron el principal compromiso del acuerdo: no volver a las armas. Más que no delinquir, el punto era no volver a pertenecer a grupos de crimen organizado y del conflicto armado, y eso fue lo que hicieron. Entonces, esto manda un pésimo mensaje. Termina generando incentivos perversos para personas que no cumplieron el acuerdo, mientras que quienes sí lo cumplieron enfrentan graves problemas de protección y seguridad. Es un mal mensaje, que puede ser problemático para prevenir la reincidencia en los grupos armados. Es decir, ¿cómo nos van a creer ahora que es en serio que deben dejar las armas para acceder a beneficios, si quienes incumplieron ya lo hicieron y hoy vuelven a acceder a beneficios comparables?Eso por el lado de la JEP, pero también pasa con los de Justicia y Paz. Recordemos que hay muchos miembros de grupos armados ilegales que han participado en diferentes formas de reciclaje de la violencia, incluso desde antes de los grupos paramilitares. Uno ve la historia de Otoniel, por ejemplo, que pasó por el EPL, luego por los paramilitares y después fue cabecilla del ‘clan del Golfo’. Y no son historias excepcionales. Muchos han pasado de grupo en grupo, independientemente de su ideología o tendencia. Entonces, algunos de ellos también vienen de Justicia y Paz y deben responder por los incumplimientos y la reincidencia.Desde la Defensoría se envió un mensaje de respaldo a la independencia judicial, en relación con el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué mensaje le envía al país frente a la politización y la polarización que ha generado esta sentencia?La discusión se ha centrado en el talante de la juez o en su decisión. Pero tenemos que entender que esta decisión es un punto de llegada —aunque también intermedio— de un proceso judicial mucho más grande, en el que han intervenido varios fiscales de la Fiscalía General de la Nación y otros jueces. Hoy se da esta sentencia, que como ya se ha anunciado, está en curso de apelación. Será revisada en segunda instancia. Y no hay motivos grandes o evidentes para pensar que ha habido una violación al debido proceso del expresidente, ni que ha faltado independencia judicial por parte de las autoridades que han intervenido. La invitación es a confiar en la justicia, a confiar en que el proceso dará resultados ajustados a la verdad y a las responsabilidades que existan, y a respetarlo. No debe convertirse en un debate político o electoral.#Colombiaen5minutos Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia