Los gritos del hijo de la lideresa social María del Pilar Hurtado, asesinada en Tierralta, Córdoba, en 2019, hicieron eco en todos los rincones del país. El llanto del niño al lado del cuerpo de su madre tendido en el suelo puso el foco en la otra cara de la creciente ola de feminicidios: los niños y niñas quienes quedan huérfanos por este crimen.Según el Observatorio de Feminicidios, en 2024 este delito creció dramáticamente el 55 % con respecto al año anterior. De las 887 víctimas, 293 eran madres, algunas de ellas con más de dos hijos. En total 590 menores de edad vieron afectados sus derechos fundamentales por la violencia de género, cifra que puede estar subestimada por la metodología de la medición que se basa en reportes de prensa. Cada día, en promedio, tres mujeres son asesinadas en el país por el hecho de ser mujer Foto:ONU Mujeres ColombiaLa tragedia se agudiza en el 30 % de los casos, en los que el perpetrador es el compañero sentimental de la víctima y/o el padre de sus hijos. Y al menos 100 de los niños y niñas fueron testigos directos del crimen. Bajo este escenario, el menor tendría a su madre muerta y su padre preso o procesado por el delito, lo cual abriría la ruta de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF).La condición de vulnerabilidad se incrementa porque según la categorización que hace el Observatorio, casi que la totalidad de las madres que son asesinadas por razón de su género son de clase media-baja. “Son mujeres trabajadoras, mujeres populares, vendedoras informales. Es muy claro que hay un estatus socioeconómico que pertenece a estas mujeres y en consecuencia también a sus hijos e hijas que se ve precarizado por su ausencia”, aseguró la analista de esta organización, Sandra López.La OMS señaló que la violencia de género es endémica en todos los países y culturas. Foto:Getty ImagesEl niño, niña o adolescente en condición de orfandad pasa entonces a manos del ICBF, que hace una evaluación integral (psicológica y de riesgo) del impacto del crimen. Si el niño presenció el asesinato inician una ruta de atención psicosocial y posteriormente se busca reacomodarlo en la familia extensa. El Instituto evalúa la viabilidad para que su custodia la tengan sus abuelos, tíos o parientes hasta del sexto grado de consanguinidad. En caso de no dar con nadie que sea apto y quiera hacerse responsable del menor, buscan una familia de adopción o quedan bajo potestad del ICBF en otras modalidades de cuidado como familias sustitutas.Los efectos psicológicosUn niño que a temprana edad pasa por un trauma de estas dimensiones, según varios expertos, automáticamente se desnivela en su desarrollo frente a los que han estado en entornos libres de violencias. “El hecho de que 100 niños o niñas hayan presenciado el asesinato de su madre por parte de un conocido suyo o un sicario -en otros casos-, tiene una repercusión en términos de la naturalización de la crueldad que requiere atención”, señaló López. La Ley 1098 establece una respuesta que garantiza los derechos de los menores y obliga al Estado a protegerlos, especialmente en lo que respecta a la alimentación y la educación, cubriéndolos hasta la universidad. Sin embargo, en algunos casos, existen barreras que dificultan la materialización de este marco normativo.Actualmente Colombia declaró emergencia nacional por el aumento de feminicidios. Foto:ELTIEMPO”Además, dado que un porcentaje de los feminicidios son cometidos por el compañero sentimental de la mujer, existe un proceso de reparación integral que permite embargar los bienes del agresor para indemnizar a la víctima sobreviviente, que en este caso es el niño”, explicó a este diario Alejandro Ruiz, profesor de Derecho Familiar en la Universidad Nacional.El proyecto de LeyActualmente hay en curso en el Congreso un proyecto de ley -a un debate de ser aprobado- que crea un programa para la atención integral de estos niños y niñas enfocado en tres ejes: atención psicosocial gratuita y adaptada a sus necesidades, la creación de una ruta para garantizar sus derechos (educación, deporte, cultura y empleabilidad) y el establecimiento de un Registro Nacional, con un enfoque ético en el manejo de la información.“El Estado no puede permitir que estos menores queden desamparados. Debe garantizarles una vida digna, a pesar de la tragedia que han sufrido. Este proyecto es solo el primer paso para asegurarles un futuro lleno de oportunidades, para que puedan sanar y reconstruir sus vidas”, aseguró Juliana Aray, una de las autoras de la iniciativa.Sin embargo, para algunos defensores de los derechos de los niños, el enfoque debe ser más preventivo, es decir, centrado en reducir la tasa de feminicidios, una tarea que ha resultado infructuosa para el Gobierno.”El Consejo de Política Criminal proporciona conceptos y parámetros, y actualmente hay una respuesta por parte del Estado. Más que crear nuevas leyes, se debe cumplir efectivamente, y en todos los casos, la ruta establecida para la atención de los menores, pero sobre todo garantizar que estos crímenes no sigan ocurriendo”, insistió el abogado especializado en derecho familiar.Las pistas que siguen en asesinato de ‘La Diabla’. Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia