Vecinos de Bacalar han logrado que un juez suspenda temporalmente la construcción de unas casas de retiro para funcionarios militares que el Ejército ha iniciado en la orilla de la famosa laguna de los siete colores, uno de los paraísos mexicanos, en Quintana Roo. El amparo presentado al juzgado primero de distrito federal de Chetumal ha logrado frenar lo que diversas agrupaciones ciudadanas consideran un delito contra el medio ambiente, pero la suspensión no es definitiva y a decir de quienes allí viven, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) está desobedeciendo la orden y las obras prosiguen. El asunto, con gran contestación popular, tiene visos de repetir las antiguas polémicas del Tren Maya en esa misma zona.Una barda de madera se ha levantado alrededor del predio y dentro se han captado -y publicado- imágenes de camiones y maquinaria pesada que vienen operando desde principios de año, allanando la zona frente a la playa lacustre, que antes era un lugar público de solaz, que cuenta con un pequeño muelle de tablas para facilitar el acceso al baño. Una calle separa dicho predio del Fuerte de San Felipe, una antigua edificación defensiva contra los piratas que se mantiene bien conservada como museo. Es el espacio más singular del pueblo. Desde ahí todavía se ve el mar. La ocupación de ese espacio ha levantado la indignación popular. “El Ejército tiene otro predio al lado de la laguna, no entendemos por qué están levantando esas casas aquí, justo en la cara más turística del pueblo”, se queja Araceli Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab (Gema). Ellos y otras organizaciones presentaron recientemente una denuncia ante la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) de la que no han obtenido respuesta. Pero las protestas no han cesado en el pueblo.El proyecto se ha presentado como la rehabilitación de “un inmueble que presenta desgaste y daños estructurales”, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha considerado necesario un informe medioambiental previo. La exención, explican, se debe a que la citada “intervención no genera desequilibrio ecológico y no transgrede la normatividad aplicable en materia ambiental”. Los vecinos niegan la mayor. Domínguez dice que se está interviniendo “un espacio que es federal, los 20 metros que colindan con el agua, que se está rellenando con toneladas de material para elevar el terreno”. La ecologista niega que allí haya edificios que rehabilitar y las fotos panorámicas muestran, en todo caso, esa intervención sobre el predio.La Semarnat, en sus comunicados oficiales, habla de un inmueble destinado al “descanso para personal con estrés postraumático a consecuencia de agresiones sufridas en operaciones de alto riesgo y otros actos del servicio para coadyuvar a su recuperación física y mental”. La dependencia añade que la Sedena “considera implementar medidas preventivas y de mitigación durante el desarrollo de las actividades, con el fin de proteger los factores bióticos y abióticos que integran el ecosistema de la Laguna de Bacalar”. Nada de todo ello convence a los vecinos, que han ganado su primera batalla.Camiones y maquinaria pesada en la zona de construcción de la Sedena.VECINOS DE BACALARLa laguna de Bacalar es un cuerpo de agua de tonos caribeños, azul marino, turquesa, celeste. Se la llama por ello de los siete colores, pero los ecologistas llevan años alertando de que va perdiendo su singular paleta. El espacio es muy turístico porque une la belleza de la selva maya con este pequeño mar de agua dulce por donde circulan veleros y otras embarcaciones. Muchos de los hoteles, cabañas y restaurantes de la zona hunden sus pilares en la misma agua.El camino por recorrer no parece muy largo. Los afectados esperan una pronta suspensión definitiva de las obras, decisión que la Sedena podría recurrir ante un tribunal colegiado o, finalmente, ante la Suprema Corte. Y si no se logra la suspensión, también los colectivos ecologistas pueden apelar al tribunal colegiado. Mientras algo de eso ocurre, se suceden las protestas callejeras y se pide la intervención de las autoridades para que la laguna no privatice nuevos metros de su orilla, ni el Fuerte de San Felipe pierda las vistas al mar, hacia donde apuntan sus viejos cañones.“No está habiendo ninguna transparencia, es lo mismo que ocurrió con el Tren Maya y la laguna es un lugar medioambiental muy sensible”, dice Carlos Samayoa, coordinador en Greenpeace de la campaña México al grito de selva. “Es preocupante, porque hablamos de caer en el mismo modo de actuación que se dio en la construcción del Tren Maya, etiquetar como obras de seguridad nacional para poner barreras a la transparencia y dificultar la intervención de la ciudadanía”, añade. La suspensión provisional, a pesar de todo, ha sido recibida como un reconocimiento a la lucha civil, pero Samayoa también lamenta “que las obras prosiguen desobedeciendo el dictamen judicial”. “Igualito que con el Tren Maya”, dice también Domínguez.Cinco años después de que empezaran las protestas por los destrozos medioambientales que estaba ocasionando el trazado del Tren Maya, y después de una intensa lucha en tribunales entre el Gobierno y los ecologistas por las afectaciones a la flora y la fauna, la Administración actual ha reconocido los daños ecológicos en el área del trazado del ferrocarril, y se ha anunciado un plan de recuperación “integral y con la participación de las comunidades”. Cuando no se ha apagado esa polémica, otra, la de la imponente laguna de Bacalar, llama ya a la puerta.

El pueblo gana la primera batalla al Ejército en Bacalar: un juez suspende las obras de una casa de retiro para militares a orillas de la laguna
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