El jefe de la policía local de Granada asignó a un agente investigado por violencia machista las patrullas en la zona de trabajo de la víctima | Sociedad

El superintendente de la policía local de Granada nombró en junio del año pasado como responsable de las patrullas del área centro de la capital a un subinspector de ese cuerpo con una orden de alejamiento de una mujer residente en esa misma zona. El agente realizaba también tareas de patrullaje, a pesar de que estaba inmerso en diversas investigaciones por maltrato físico y psíquico contra su expareja y sus dos hijas, y con una orden activa de alejamiento de 500 metros de su exesposa y de su “domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente”. Gran parte de su zona de patrulla está a menos de 500 metros de la dirección profesional de su víctima, psicóloga con consulta en el centro de la ciudad. La expareja ha denunciado que desde verano de 2023 el agente patrullaba por su zona.El superintendente del cuerpo local –que dimitió en febrero investigado por presunto amaño de oposiciones y tras entrar la Policía Nacional en la jefatura municipal– era conocedor de las denuncias contra su subinspector y de todas las circunstancias que rodeaban el caso. De hecho, la propia policía local abrió un expediente disciplinario contra el subinspector y le retiró el arma, que aún no ha recuperado. La concejal de Protección Ciudadana, Ana Agudo, ha explicado a este diario que “ante una acusación de este calado, lo primero que se hace es la apertura de un expediente de información reservada que queda abierto y en pausa mientras se resuelva el proceso judicial. Son expedientes muy sensibles y reservados, a la espera de la sentencia judicial”. Además, continúa, se adoptaron medidas cautelares, entre otras “la retirada del arma y dado que no es posible el patrullaje sin arma, normalmente se le asigna una función que implique no patrullar en la calle, en ocasiones de tipo administrativo”. La expareja ha denunciado que en la práctica él ha seguido teniendo una fuerte presencia en la calle, en la zona de exclusión, vestido con su traje reglamentario.El caso de los malos tratos de este agente local a su expareja comenzó, sobre todo, en 2023, un año después de separarse. En julio de 2023 ella presentó la primera denuncia por malos tratos: él la insultaba, entraba en su casa sin permiso e instaló un sistema GPS en su vehículo. La jueza dictó una primera orden de alejamiento de 200 metros que meses después, ante los sucesivos quebrantamientos, elevó a 500 metros. También retiró la custodia de las niñas y suspendió el régimen de visitas. Desde entonces, la madre cree que haciéndose valer de su condición de policía –y de conocer los entresijos del caso y de quienes están involucrados en los presuntos amaños de las oposiciones– consigue datos del sistema VioGén que lo tienen al tanto de la localización de su expareja. De hecho, está investigado, tras denuncia de la Guardia Civil al juzgado, junto a otros seis compañeros por accesos indebidos al sistema VioGén. En total, 48, según la Guardia Civil.La concejal de Protección Ciudadana asocia esos accesos –que afectan a policías que no tenían permiso para ello– al expediente disciplinario: “Cuando se trata de violencia de género, y como la Policía Local de Granada colabora con el resto de cuerpos de seguridad tutelando a un número de víctimas de violencia de género, se usa la plataforma VioGén para una búsqueda de las diferentes denuncias que puedan afectar al agente acusado. Toda la información que se rescata del sistema es añadida al expediente de información reservada. El cuerpo de policía local de Granada no dispone de información adicional sobre el patrón de uso de la plataforma VioGén”.La asignación del centro de la ciudad como zona de patrulla del agente investigado tiene fecha de siete de junio de 2024. Pero en realidad, según cuenta la exesposa, las patrullas del subinspector por la zona de exclusión comenzaron en julio de 2023, a pesar de que el agente no estaba comisionado a esa zona. En febrero de 2024, envió un escrito a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo (PP), en la que le comunicaba la situación. En él, le recuerda que desde unos meses antes está solo “en labores administrativas”, pero que “desde un primer momento este señor incumple las medidas impuestas poniéndose el uniforme a su antojo y utilizándolo para quebrantar la orden de alejamiento utilizando el trabajo como coartada”.La carta a la alcaldesa menciona que “últimamente y de manera reiterada, patrulla por las inmediaciones de mi trabajo, alegando que está trabajando y que le han mandado ese servicio, incumpliendo no sólo él la orden de alejamiento impuesta por el Juzgado, sino también el propio ayuntamiento al mandarlo a zonas que tiene prohibidas expresamente por sentencia judicial”.Ante la inacción municipal, y tras la designación del subinspector para patrullar en la zona de exclusión –un nombramiento con efecto de dos años– la expareja del policía y madre de dos hijas, de 16 y 20 años, volvió a escribir al ayuntamiento granadino. En este caso a la concejala de Protección Ciudadana, Ana Agudo, quejándose especialmente de la elección de su expareja para patrullar cerca de su consulta. Asegura que no cree que sea una decisión casual y explica que “nunca en todos los años que este señor ha estado de servicio ha tenido un turno de lunes a viernes y menos aún en el centro, zona a la que tiene prohibido acercarse”. La carta concluye con una petición para que le cambien la zona de servicio. Finalmente, según explica la víctima a este diario, tuvo que acudir al subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, para que intermediara con la alcaldesa. En julio de 2024, un año después de empezar a hacerlo y mes y medio después de que le asignaran una zona prohibida para él, el presunto agresor dejó de patrullar en las cercanías de su exesposa.