El grupo ultracatólico Sodalicio se resiste a aceptar su disolución y las víctimas de abusos alertan de que trata de ocultar su patrimonio | Sociedad

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.───────────El poderoso grupo ultraconservador católico peruano Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), sobre el que pesan graves acusaciones de pederastia, abusos sexuales y de rasgos de secta, ha estado muy pendiente de la salud del Papa, porque la orden de Francisco de disolver la organización, firmada el 14 de enero, aún no es completamente efectiva: sus responsables todavía deben firmar la recepción del decreto. Pasados casi tres meses, aún no lo han hecho y legalmente la entidad sigue activa. Tras la salida del Papa del hospital, el pasado 23 de marzo, la posibilidad de un cambio de pontífice y una hipotética congelación in extremis del proceso se ha evaporado, y de hecho los dos institutos de la rama femenina del entramado han acatado su disolución en los últimos días. Pero el Sodalicio y otro ente paralelo, el Movimiento de Vida Cristiana (MVC), siguen resistiendo. La razón, según denuncia el abogado de un grupo de víctimas en una carta enviada al Vaticano, es que intentan ganar tiempo para sacar de la entidad todo lo posible del gran patrimonio de la organización.El letrado José Ugaz, que representa a seis víctimas que no han sido indemnizadas, ha enviado un escrito a la Santa Sede, con fecha del 24 de marzo y al que ha tenido acceso este diario, en el que advierte que el Sodalicio está maniobrando para vaciar de bienes y fondos la entidad antes de su cierre, pues una vez disuelta y puesta en manos del Vaticano, sus responsables ya no tendrán acceso a ellos. “Aún son muchas las víctimas de este grupo que no han sido reparadas por los abusos sufridos por los directivos de esta organización”, lamenta Ugaz, que insta a la Santa Sede a tomar medidas para atajar la fuga de dinero y garantizar que los afectados serán indemnizados.El escándalo del Sodalicio, que llegó a tener 20.000 miembros, es similar al del mexicano Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo. La organización, fundada en 1971 por el laico Luis Fernando Figari, inspirada en la Falange española para formar “soldados de Dios”, creció amparada por Juan Pablo II y se expandió a varios países latinoamericanos. Figari, que ahora tiene 77 años y fue expulsado por el Vaticano el año pasado, actuó como un gurú carismático y ha sido acusado de abusar de sus adeptos. El Sodalicio admitió en enero que ha atendido al menos a 83 víctimas de abusos sexuales y psicológicos desde 2016, aunque las investigaciones las elevan a más de un centenar. También asegura haber pagado ya 5,3 millones de dólares (equivalente a 5 millones de euros) en indemnizaciones.Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio. © Alvaro PadillaÁlvaro PadillaEl abogado José Ugaz es muy conocido en Perú por haber sido el procurador de la gran investigación de corrupción contra el expresidente Alberto Fujimori y su mano derecha, Vladimir Montesinos. En un intercambio de mensajes con este diario, explica: “La información que tenemos es que las personas que deciden en el Sodalicio están haciendo gestiones, estructuración societaria y movimientos de dinero para poner a buen recaudo el capital de sus negocios para que no puedan ser afectados en caso de que prosperen medidas judiciales”.Por su parte, responsables del Sodalicio en Perú contactados por este diario rechazan estas acusaciones y niegan que estén retrasando la aceptación del decreto: “La definición de la fecha de intimación del decreto de supresión del Sodalicio es responsabilidad del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, no depende del superior general del Sodalicio. El superior general ha tenido reuniones con monseñor Jordi Bertomeu [el comisario apostólico nombrado por el Papa para liquidar la entidad] desde que recibimos la noticia de supresión, donde se ha dialogado sobre la mejor manera de llevar a cabo este proceso, no hay de parte de las autoridades del Sodalicio alguna intención de dilatar la supresión de nuestra comunidad, y nos mantenemos en total disposición de obediencia a las decisiones del Papa Francisco. Finalmente negamos rotundamente afirmaciones difamatorias sobre el mal manejo de nuestro patrimonio”.En la misiva enviada al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin; a la prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada, Simona Brambilla; y al prefecto del Dicasterio para los Obispos, Robert Prevost, Ugaz detalla que la mayor parte de bienes del Sodalicio “están en sociedades privadas, dirigidas a título personal por miembros del entorno de confianza de sus líderes y sus apoderados”. “A través de un sistema de testaferros y prestanombres, no aparecen formalmente a nombre de la organización y sus verdaderos propietarios”, explica.Las investigaciones de los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz, que en han sufrido en su país acoso mediático y judicial por su trabajo, han calculado en unos mil millones de dólares la riqueza del Sodalicio. Según han publicado, tiene intereses en el sector inmobiliario, industrial, minero y agropecuario, entre otros, y ha desviado fondos a sociedades en paraísos fiscales en Panamá, Islas Vírgenes y Estados Unidos, un entramado que actualmente investiga la Fiscalía de Lima, por presunto blanqueo de dinero y delitos tributarios.El abogado peruano José Ugaz, en una imagen de 2016, cuando era presidente de Transparencia Internacional. Las informaciones apuntan que el cerebro de este imperio económico es el sacerdote Jaime Baertl, expulsado por el Papa en octubre de 2024, y comenzó con un gran negocio de cementerios privados, hechos pasar por misiones exentas de impuestos gracias a una polémica interpretación del concordato entre Perú y la Santa Sede. José Ugaz señala al Vaticano que esta trama, con nueve camposantos en todo el país, se fraguó “en connivencia con los obispos de Lurin, Carabayllo, Piura y Callao”. En septiembre de 2024, el Papa expulsó del Sodalicio al obispo de Piura, José Antonio Eguren.El abogado de estas víctimas señala que, tal como se ha publicado, los cementerios “valorados en varios millones de dólares, han sido transferidos a un fideicomiso, Acres Investment, con el objetivo de evitar que tales bienes sirvan para resarcir a las víctimas de abuso del Sodalicio”, una operación que se realizó en 2020. José Ugaz subraya que el alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, potente aliado político de la organización, es el “propietario de la empresa titular del fideicomiso”. También denuncia que según la investigación de la Fiscalía, el Sodalicio ha constituido cuatro empresas en paraísos fiscales, “algunas operando como sociedad civil y canónica en los Estados Unidos desde la parroquia Holy Name, en Denver, Colorado, y que funcionarían bajo los nombres de Providential INC, Foundation Santa Rosa y Christ in the City”.Los intentos del Sodalicio de evitar su fin también han incluido una ofensiva judicial y mediática contra el enviado del Vaticano al que el Papa encargó investigar la entidad en 2023, el sacerdote español Jordi Bertomeu, que ahora gestiona y liquida sus bienes como comisario apostólico, precisamente para recabar fondos para las víctimas de abusos. En septiembre fue denunciado en Perú por dos miembros del Sodalicio por supuesta violación del secreto profesional ―le acusaron de filtrar información de un encuentro―, lo que llevó al Papa a amenazarles con la excomunión por intentar obstruir la justicia eclesiástica. Y en las últimas semanas han aparecido ataques personales y noticias falsas contra Bertomeu para intentar desacreditarlo en medios afines a la organización y de la órbita ultraconservadora.Sin embargo, tras la salida del Papa del hospital, la estructura del Sodalicio ha comenzado a caer. Los dos institutos de la rama femenina han firmado el decreto y anunciado su disolución definitiva. La Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR), fundada en 1991, lo hizo público el 1 de abril y, tres días después, las Siervas del Plan de Dios, creadas en 1998 y conocidas por sus conciertos y videoclips de rock católico.El decreto de supresión de la FMR, con fecha del 14 de enero y divulgado ahora por la propia fraternidad, señala expresamente que la disolución implica investigar los abusos cometidos e indemnizar a las víctimas, “teniendo en cuenta el importe consolidado de los bienes muebles y de los beneficios obtenidos de la alienación de bienes inmuebles pertenecientes a las instituciones”.La FMR, cuyas integrantes son conocidas como las Fraternas, ha emitido un comunicado en el que admite que la liquidación se basa en “la falta de carisma de origen divino en el fundador, así como en los abusos y el comportamiento impropio de Figari y de muchos de sus colaboradores”. En otro comunicado en febrero, la agrupación ya admitió “el sistema sectario y las prácticas abusivas”.El papel del cardenal CiprianiSegún han relatado algunas víctimas, antiguas integrantes de estas comunidades, las mujeres eran esclavizadas como mano de obra barata y para satisfacer los deseos sexuales de responsables del Sodalicio. Algunas de ellas lo denunciaron sin resultado alguno en 2011 al entonces arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani, del Opus Dei. Es más, Cipriani dio la aprobación canónica a la FMR ese año, aunque la propia entidad admite ahora que justo entonces comenzó “un proceso de renovación” a raíz de las denuncias de abusos que salían a la luz. El cardenal también desoyó ese año las denuncias de las primeras víctimas de abusos del Sodalicio. Cuando estalló el escándalo en 2015, tras la publicación de un libro de los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, esas personas llevaban cuatro años sin recibir una llamada. Cipriani llegó a ser investigado entonces en los tribunales por encubrimiento de los abusos del Sodalicio, aunque la causa fue archivada.La caída del Sodalicio ha ido pareja a la de Cipriani. Según reveló EL PAÍS en enero, el cardenal fue obligado a renunciar a su cargo en 2019 por el papa Francisco, tras recibir una acusación contra él de abuso de menores, aunque en ese momento no se desveló la razón de su marcha, que era automática al cumplir 75 años. Tras la publicación de la noticia, el cardenal aseguró que es inocente y criticó al Papa por haberle castigado “sin haber sido escuchado”. Francisco impuso a Cipriani un precepto penal con la obligación de exiliarse de Perú y no vestir hábitos cardenalicios. Sin embargo, el pasado 7 de enero fue a Lima y recibió de manos del alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga, también miembro del Opus Dei, la medalla de la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, máximo reconocimiento de la ciudad.El alcalde Lima, Rafael López Aliaga, entrega la medalla al mérito de la ciudad al cardenal y exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, en enero de 2025.Municipalidad de LimaCipriani también se está resistiendo a asumir su castigo y se ha enfrentado a la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), que apoyó públicamente a la víctima y la decisión del Papa. El cardenal ha vuelto a enviar una carta a la CEP, fechada el pasado 28 de marzo, en la que niega las acusaciones y pide una rectificación. No obstante, los obispos peruanos le han respondido este lunes: “Aunque el cardenal Cipriani tiene todo el derecho de afirmar su inocencia, pues la culpabilidad se prueba en un proceso penal, no es menos cierto que existe un precepto penal; por ello no debiera olvidar la exquisita caridad pastoral del Santo Padre”.