El expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo le pidió al alto tribunal que tumbe el Decreto 0062 de 2025 con el que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, declaró la conmoción interior por la crisis en la región del Catatumbo por un término de 90 días.El último reporte del Ministerio de Defensa sobre el Catatumbo advierte que en dicha región han sido asesinadas 76 personas y 55.659 han sido desplazadas. Linares, quien culminó su periodo en la Corte en diciembre de 2023, advirtió que los hechos que motivaron la declaratoria de tal estado de excepción, que no se dictaba en Colombia desde el último gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no son extraordinarios. “El Estado dejó acumular una serie de hechos crónicos que, a medida que fueron tomando fuerza con el tiempo, llegaron al punto de causar los estragos referidos en las motivaciones del Decreto 0062 que, si bien sumamente graves y merecedores de la acción del Estado, no son extraordinarios, característica exigida por la jurisprudencia al momento de adelantar el juicio valorativo”, indica Linares sobre la declaratoria que se produjo el pasado 24 de enero.El presidente Gustavo Petro en Tibú, una de los municipios del Catatumbo. Foto:PresidenciaLinares agregó que los problemas en la región del Catatumbo, históricamente afectada por la presencia de narcocultivos y de grupos armados, son estructurales y no constituyen situaciones excepcionales. “Permitir la declaratoria del actual estado de Conmoción Interior desdibujaría el esfuerzo constante de la jurisprudencia constitucional en no regresar a los escenarios de arbitrariedad existentes antes de 1991, con el uso indebido de los Estados de Sitio. Más allá de ello, se desconocen el principio democrático y la separación de poderes, cuando se permite al presidente legislar vía excepción respecto de una situación estructural y crónica del Estado que se remonta incluso a las épocas previas a la Constitución de 1991”, agregó el exmagistrado.El exmagistrado Alejandro Linares Cantillo. Foto:Cortesía Corte ConstitucionalOtro expresidente de la Corte que también pidió tumbar el estado de excepción fue Manuel José Cepeda. “De declararse exequible el Decreto 0062 de 2025 se estará permitiendo al Poder Ejecutivo auto habilitarse para legislar respecto de problemas estructurales y alegando su propia culpa, ya que sus omisiones en el control territorial contribuyeron decisivamente al escalamiento del conflicto en el Catatumbo”, expresó Cepeda. Distintas a las entidades del gobierno que le han pedido a la Corte salvar la conmoción, el alto tribunal ha recibido otras peticiones de la Defensoría del Pueblo, de la Universidad Libre y de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga que piden salvar la declaratoria, pero estas resultan minoritarias en número respecto de las que han llegado con el argumento contrario.”La historia del país ha demostrado que los estados de excepción pueden generar impactos profundos en el ejercicio de los derechos fundamentales. Por ello, la Defensoría hace un llamado a que cualquier medida derivada de esta declaratoria sea objeto de una evaluación minuciosa, garantizando que no se convierta en un mecanismo de restricción desproporcionada de derechos”, indicó el organismo humanitario dirigido por Iris Marín. Intervención de Manuel José Cepeda en la Corte de La Haya Foto:Prensa CancilleríaLa magistrada Paola Meneses ha recibido varias intervenciones en similar sentidoLa vicepresidenta de la Corte, Paola Meneses, ponente en el estudio del decreto madre sobre la conmoción interior en el Catatumbo, ha recibido decenas de peticiones similares a la de Linares. La primera en manifestar que el decreto es “inconstitucional” fue la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, quien además le planteó a la Corte que estrene su facultad de suspender provisionalmente las disposiciones contrarias a la Constitución. “No se trata de una alteración al orden público extraordinaria, contingente, imprevisible o sobreviniente”, expresó. A ella también se unieron la senadora Paloma Valencia y el concejal de Bogotá por el mismo partido, Julián Uscátegui. “No se puede declarar un estado de conmoción interior siempre que haya un enfrentamiento entre guerrillas”, expresó éste.Paola Holguín, senadora del Centro Democrático. Foto:X de Paola HolguínLos abogados Juan Manuel Charry y Abelardo De La Espriella también pidieron declarar inexequible el decreto presidencial, y éste último anexó cédulas de ciudadanos que se adhieren a él. La Universidad de la Sabana, la Universidad de los Andes y la Universidad Sergio Arboleda se pronunciaron en la misma vía.La Corporación Excelencia en la Justicia, dirigida por el abogado Hernando Herrera, no sólo pidió tumbar el decreto madre, también hizo advertencias sobre los decretos ley que se han expedido. “Desde ya se avizora que acarrean graves consecuencias constitucionales, económicas, sociales y tributarias que se concretan en el sentido y alcance de medidas específicas que el Gobierno ha implementado por vía de la expedición de los primeros decretos legislativos”, expresó Leonardo Beltrán, jurídico de la ONG.Igualmente la Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco-, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi-, Fenalcarbón y la Asociación Colombiana de Minería pidieron tumbar la declaratoria. Abelardo De La Espriella pidió a ciudadanos que respaldaran una demanda contra la conmoción Foto:Demanda presentada por De La Espriella”Ni el decreto de declaratoria del estado de excepción expedido por el gobierno nacional ni la justificación expuesta, cumplen con los presupuestos fáctico, de valoración y de necesidad y/o suficiencia de las medidas ordinarias para la declaratoria de la presente conmoción interior”, indicó el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño.La Fundación para el Estado de Derecho, dirigida por Andrés Caro, también solicitó la inconstitucionalidad. “La historia demuestra que la concentración de poderes bajo estados de excepción erosiona el equilibrio institucional”, sentenció Caro.Y el Colectivo de Abogados José Alvear, que ha defendido al presidente Gustavo Petro ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta vez no acompañó al primer mandatario.”Se evidencia una alta preocupación por las garantías constitucionales y de derechos humanos, pues si bien la violencia en el Catatumbo es preocupante, declarar la conmoción interior sin explorar plenamente otras opciones puede abrir la puerta a abusos y restricciones arbitrarias de derechos fundamentales”, expresaron Yesica Hoyos, presidenta del Cajar, y Jomary Ortegón, vicepresidenta. Jomary Ortegón. Foto:@Jomary_OANA MARÍA CUESTAEditora de justicia anacue@eltiempo.com