La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas insiste en un punto innegociable en las mesas de diálogo que adelanta el Gobierno con seis grupos armados: la protección de la población civil. El más reciente informe entregado por esta delegación mostró un deterioro en aspectos como el control territorial, el uso de niños y niñas en el conflicto y el confinamiento de las comunidades, principalmente afrodescendientes e indígenas, que quedan a merced de los grupos ilegales que han ganado terreno.EL TIEMPO habló con Juan Carlos Monge, representante (e) de esta Oficina en Colombia, quien reafirmó el apoyo del organismo a los esfuerzos de diálogo para lograr una salida pacífica al conflicto, pero aseguró que los compromisos pactados en la mesa deben traducirse en condiciones de seguridad para las regiones.¿Qué encontraron sobre los efectos de la política de ‘paz total’ en los territorios?La paz es una aspiración legítima de todos los pueblos, y Naciones Unidas la tiene entre uno de sus tres pilares. Por eso, el secretario general siempre insiste en que el diálogo es el camino y que la paz debe ser apoyada. La política de “paz total” es la más importante de este gobierno, y nosotros hemos respaldado los esfuerzos de diálogo. Pero la paz, más allá de eso, es desarrollo rural, justicia transicional y desmantelamiento de organizaciones criminales. Y ahí es donde hemos encontrado flaquezas, debido a la dispersión de los diferentes grupos y la situación de seguridad. El año pasado, el gobierno tenía diálogos o conversaciones con unas diez organizaciones, y lo que reitera el Alto Comisionado es que el esfuerzo de paz debe centrarse en la protección de la población civil, un punto que debe prevalecer por encima de cualquier conversación con cualquier grupo.Según el último informe de Derechos Humanos, los grupos armados se han fortalecido en las regiones. Foto:CortesíaEl informe abordó una percepción de retorno del conflicto de los colombianos en las regiones. ¿Qué identificaron al respecto?Ha habido avances importantes en la implementación del acuerdo de 2016, pero también es necesario entender que, según lo señala el Comité Internacional de la Cruz Roja, existen varios conflictos activos en Colombia; es decir, todavía persiste el conflicto armado interno. La principal preocupación del Alto Comisionado en su informe sobre la situación en 2024 es el impacto territorial de la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, que tienen diversas estrategias, algunas de las cuales sugieren que lo que hacen es cooptar liderazgos, tratar de eliminarlos e imponer su propio control. Esto tiene una afectación directa sobre la población civil.¿Cuál es el detonante de la disputa territorial que se están jugando ahora los nuevos grupos armados?Son muchos los factores. Claramente, hay una disputa por el territorio, intereses del crimen organizado relacionados con la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y varias otras actividades. Pero aquí también hay un tema de presencia y de cooptación de los espacios que dejaron otros grupos y que el Estado no ha logrado asumir. Ese ha sido el llamado del Alto Comisionado y el de la Oficina durante muchos años. La gran preocupación es que el Estado llegue de manera suficiente y sin restricciones a los diferentes territorios, ofreciendo una propuesta que incluya no solo seguridad, sino también la garantía de derechos para la población civil: educación, salud, trabajo, y oportunidades para que las personas encuentren incentivos para vivir en esos territorios, en condiciones de seguridad y dignidad.¿Qué evaluación hacen de la implementación de los acuerdos? Hay varios temas pendientes con los acuerdos de paz de 2016. Por una parte, históricamente, desde su inicio, han tenido un nivel de implementación que no es el deseado. Este gobierno no escapa a algunos de estos rezagos. En cuanto a los aciertos, diría que hay dos avances: primero, la política de desmantelamiento de organizaciones criminales; y segundo, lo que se llamó el ‘plan de choque’ presentado por el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a finales del año pasado. Sin embargo, hay claros rezagos, y uno de ellos es la falta de una implementación adecuada. Uno de los puntos más deficientes es el capítulo étnico, y esto no es un tema menor, porque, como mencionaba, son precisamente los pueblos indígenas los que sufren una mayor afectación por el impacto de la violencia, que tiene diversas manifestaciones.La implementación de los acuerdos de paz es uno de los puntos con mayores avances. Foto:Afp¿Qué debe hacer el gobierno con el Eln, que estaba sentado en la mesa de diálogo, pero fue uno de los responsables de la peor escalada del conflicto en el Catatumbo?Lo que ha dicho el Alto Comisionado de manera muy clara es que cualquier proceso de negociación o diálogo debe poner, por encima de todo, la protección de la población civil. Deben existir condiciones para que esto se haga realidad, y ambas partes deben mostrar voluntad. En este caso, el ELN debería demostrar voluntad para cumplir con esas condiciones. Esto no es más que la gobernabilidad que el Estado debe mantener en su rol de garante de los derechos humanos, y eso es algo que no se negocia.¿Qué han encontrado sobre el asesinato de los firmantes y el asesinato de líderes sociales?Hay avances importantes en cuanto a las cifras. La Oficina ha registrado una disminución en el número de homicidios de personas defensoras de los derechos humanos en los últimos dos años. De las 191 alegaciones, la Oficina pudo comprobar que, en 89 casos, el defensor fue asesinado debido a su actividad de liderazgo.La misión de verificación de las Naciones Unidas también ha reportado una disminución en los homicidios de firmantes, pero aún existe una cifra que supera los 400 desde la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, me gustaría que no nos quedemos solo con las cifras, porque la muerte de una persona que defiende los derechos humanos es una tragedia. Una sola vida es mucho, y 191 sigue siendo un número muy elevado. Es importante recordar que los esfuerzos no deben cesar. Estos no son solo números, son personas, son tragedias familiares, procesos organizativos, comunitarios, saberes ancestrales y procesos de pueblos indígenas que se ven truncados. Por eso, quiero rescatar la memoria de tres liderazgos que fueron cegados el año pasado: Narciso Beleño, un líder campesino del sur de Bolívar; Carmelina Yule, una mayor del pueblo Naza, asesinada en Toribío cuando iba a rescatar a un niño reclutado; y Bruno Pambelé, un sabedor ancestral de Arauca.Reclutamiento de menores creció 20 % en 2024 con respecto al año anterior Foto:ReclutamientoLas cifras de reclutamiento son dramáticas. ¿Qué puede hacer el Gobierno para proteger la niñez de los grupos armados y de los tentáculos de la guerra?Las cifras son dramáticas. Ni en las cifras de reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, ni en las cifras de defensores, ni en las de masacres, podemos reflejar la totalidad de la situación. En el caso del reclutamiento, hemos registrado 216 casos, pero existen otras cifras, como la de la Defensoría del Pueblo, que probablemente arroja un número mayor, con alrededor de 400 casos. El reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes no solo es un crimen gravísimo, porque compromete el futuro de estos menores, quienes deberían estar en un entorno seguro, sino que el uso de estas personas reclutadas implica múltiples violaciones, incluyendo violación sexual y el empleo de niños y niñas para funciones que no les corresponden.¿Cómo atacar esto?Con la presencia sin restricciones de la totalidad de la oferta del Estado en las regiones que están claramente identificadas, que son principalmente habitadas por pueblos indígenas. Pero también una de las mayores medidas de prevención es una justicia pronta y cumplida, unas sentencias ejemplarizantes que no solamente lleguen a los autores materiales de estos actos de reclutamiento, sino también a las estructuras mismas y que esas investigaciones, como es la estrategia de la Fiscalía en algunos otros casos, lleguen también a las estructuras financieras y permitan desmantelar estos grupos.¿Qué regiones ha identificado Naciones Unidas como los principales focos de crisis humanitaria y sobre las cuales el Gobierno debe prestar toda su atención?Tenemos varios departamentos, y rescataría inicialmente, más allá de Norte de Santander y Chocó, a Arauca y Cauca. También mencionaría la Sierra Nevada, Santa Marta, el sur de Bolívar, el Nordeste Antioqueño, Putumayo, Huila y Nariño. Esto coincide bastante con lo que ha identificado la Defensoría del Pueblo, Iris Marín, quien además agrega algunas zonas que nosotros no identificamos necesariamente, como el Pacífico del Valle del Cauca. También incluiría ahí algunos territorios en Guaviare y otras zonas del país de las que prácticamente nadie habla.Las noticias más importantes del 17 de febrero Foto:¿Qué recomendaciones hacen al Gobierno?Las recomendaciones que hace el Alto Comisionado son las siguientes: primero, la necesidad de una acción articulada para avanzar en el desmantelamiento. Segundo, hemos observado una gran apertura por parte del Gobierno para un proyecto de ley sobre inteligencia, y es crucial que se avance en ello. Esta es una gran demanda y una deuda pendiente de muchos años, ya que la inteligencia no siempre ha contado con un marco regulatorio adecuado. La inteligencia debe cumplir con estándares internacionales de derechos humanos para proteger a las personas y evitar que se convierta en una herramienta utilizada para otros fines. Como mencionaba, también es importante incluir, como punto central en los diálogos y negociaciones con actores armados no estatales, el acceso irrestricto del Estado a los territorios para garantizar la protección de los derechos de las personas. Finalmente, en cuanto a los pueblos indígenas, el Alto Comisionado recomienda reiterar la urgencia de tomar medidas para proteger a los pueblos indígenas en riesgo, especialmente a aquellos en riesgo de exterminio, que sufren de manera desproporcionada el impacto del conflicto armado.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia