Desapariciones: Sheinbaum toma el pico y la pala | Opinión

En una presentación de un libro en los años noventa sobre el cardenismo se compartió una anécdota del general michoacano y el trato que dispensaba a los más pobres.Lázaro Cárdenas citó a buena parte de su gabinete para ir a una gira serrana. Irían a atender comunidades indígenas. Al día siguiente, a la hora programada el presidente se encontró a sus colaboradores con atuendo campirano. Por qué están vestidos así, les dijo palabras más palabras menos. Cuando los indígenas acuden a sus despachos a pedir audiencia, les recordó, tratan de vestir con sus mejores prendas. Vayan y pónganse traje.Claudia Sheinbaum dio esta semana pasos que si mantienen el rumbo repararían una enorme deuda con las víctimas del delito de desaparición. Pero lo primero que hay que señalar es uno de los defectos de las audiencias de Gobernación con las buscadoras: la sede de esos encuentros.La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez escuchó esta semana a un centenar de colectivos de buscadores. Hubiera sido ideal que tales encuentros se llevaran a cabo en una sede oficial, no en un hotel (tres de ellos), ni en un centro de convenciones (el del jueves).Si la administración por fin ha decidido emprender un esfuerzo genuino de búsqueda de desaparecidos, ha de hacerlo con toda la fuerza de las instituciones, ha de dar a las demandas de justicia la categoría que merecen. Ha de vestirse, el gobierno, con sus mejores atuendos.La secretaria Rodríguez ha informado que las sesiones con esos colectivos seguirán. Hay entonces margen para que las siguientes sean en la propia Segob o, por qué no, en Palacio Nacional: así dispensarían a esas madres/padres/hijas la recepción que merecen.De estas primeras cuatro encerronas con las buscadoras, que han durado bastantes horas y no han estado exentas de roces, surgió ya un diagnóstico preliminar de la cuestión: los colectivos exigen despedir a quienes no han hecho su trabajo.Las buscadoras demandaron las renuncias de: Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Teresa Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional del Búsqueda y Yuriria Rodríguez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.Es decir, las víctimas que por largos años no solo no han recibido justicia ni trato digno, reprueban sin ambages la labor de tres cabezas de organismos cuya única razón de ser consiste en, precisamente, atender a colectivos como esos.La ausencia de Rosario Piedra de los encuentros no puede ser más significativa: es el autorretrato de la indolencia, una demostración de que ella está en todo menos en lo que es su obligación. Si su madre, esa incansable luchadora social, la viera.Si hubiera un poco de dignidad, las tres aludidas le harían el favor a la presidenta y renunciarían para que ésta pusiera en esos cargos a gente que sí sume credibilidad al compromiso que ha asumido Sheinbaum tras el escándalo por la tragedia del rancho en Teuchitlán.Porque los encuentros son consecuencia de la palabra comprometida por Claudia cuando decidió el mes pasado atajar la crisis por el rancho Izaguirre y poner en el centro de la agenda la búsqueda de personas desaparecidas. Eso no puede acabar en un nuevo fiasco.Ese deporte de la comentocracia que es el pedir deslindes del actual gobierno con el anterior no ha dimensionado los encuentros de la secretaria Rodríguez con las buscadoras. Hay aquí un claro contraste con el pasado. Uno incluso problemático para la titular de Segob.Rodríguez encara hoy lo que se dejó de hacer cuando fue titular de Seguridad del gobierno de AMLO. La secretaría de ese ramo forma parte del sistema nacional de búsqueda, por lo que en primera persona sabe de omisiones y cerrazón que ella secundó hasta 2024.He aquí una segunda oportunidad para Rodríguez, y para funcionarios de Gobernación como el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina. Éste ocupaba el mismo cargo en Segob cuando Andrés Manuel ordenó recortar el padrón de desaparecidos.López Obrador determinó que la cifra de los desaparecidos estaba inflada y ordenó una compulsa. Guiados por una verificación que se hizo en la Ciudad de México, para marzo pasado Medina y su entonces jefa Luisa María Alcalde “habían localizado” 20 mil personas.El de AMLO no fue el primer gobierno que se peleó con la cifra de desaparecidos. Mas tampoco fue el primero que trató de hacer un recorte o depuración con un enfoque carente de empatía con las víctimas y, desde luego, desconectado del que debería ser el propósito esencial: buscar no solo al alguien en la esperanza de encontrarle con vida o al menos sus restos, sino buscar justicia.Claudia Sheinbaum ha anunciado su propia metodología para recomponer el sistema de búsqueda. Lo de esta semana también supone una encomiable corrección de la presidenta, que el mes pasado anunció esas reformas legales sin escuchar a los colectivos.Cualquier iniciativa desde el gobierno sin el real acompañamiento de las buscadoras está destinado al fracaso. Eso incluye el nuevo padrón que se pretende hacer de las personas desaparecidas y, desde luego, los encargos a los organismos del ramo.De igual forma el gobierno tiene que formular sin titubeos que la desaparición forzada está en el centro de esta problemática.Si desde la oposición el obradorismo secundó el “Fue el Estado”, ese reclamo de justicia que señaló acciones y omisiones en cuerpos de seguridad en el caso Ayotzinapa, ya en el gobierno debe escarbar en el pasado, remoto y reciente, para juzgar a policías y militares que han participado o permitido las desapariciones. Sí, el Estado ha sido cómplice.Es fútil la vehemencia del presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña al no aceptar que la desaparición forzada es una realidad. Si el Estado castiga y corrige ahí donde más falla, administración y sociedad saldrán fortalecidas. Qué mejor que terminar diciendo que fue un gobierno de izquierda el que por fin saneó la podredumbre de décadas de colusión entre fuerzas de seguridad y criminales.Urge escuchar a gente como Noroña comprometerse a que la fuerza de las instituciones acompañará a las madres para que juntos, sociedad y gobierno, deshagan los nudos entre criminales y elementos de cuerpos de seguridad, ese mafioso uno-dos de muchos levantones.Quizá así disminuirá hasta desaparecer esa tragedia sobre tragedia que acosa a las integrantes de estos colectivos: un Estado resuelto a que dejen de secuestrarle ciudadanos y a castigar a los perpetrados de ese delito intimidará a quienes encima asesinan a buscadoras.Que nadie espere, sin embargo, que en los casos de desaparición haya pronto grandes avances o exitosos resultados de esos que en las mañaneras tanto gustan de presumir. Para empezar, por lo mucho que se dejó de hacer el sexenio anterior al combatir al crimen organizado.La buena noticia es que Rosa Icela Rodríguez, por encargo de la presidenta, se convierte en la primera titular de Gobernación en varios sexenios en sostener encuentros como los de esta semana que, como ella misma anunció, han de seguir en los meses por venir.Desde Bucareli se envía un potente mensaje. La presidenta ha decidido emprender el azaroso y complicado camino de la justicia para las víctimas de desapariciones. Las y los gobernadores han de prestar atención y replicar lo realizado por la secretaria Rodríguez.Quienes apuesten a que esta agenda quedará pronto enterrada en medio de otras crisis o escándalos estarán haciendo un pésimo, además de ruin, cálculo.La presidenta ya se comprometió en esta agenda. Y las víctimas serán las primeras en reconocérselo, pero exigiéndole que ella y su equipo tomen el pico y la pala.El segundo gobierno del obradorismo podría abrir las puertas de la justicia para las víctimas de la desaparición. Todo un hito. Para ello las víctimas deben ser visitantes regulares de los palacios del poder. Y el gabinete recibirlas en sus despachos con sus mejores prendas.