Seis meses después de que se declaró el estado de conmoción interior ante la crisis humanitaria desatada por los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc, la Corte Constitucional le ha puesto el freno a varios decretos reglamentarios por su inviabilidad.El balance de estas normas, que estaban relacionadas con medidas de orden público sobre combustibles, tecnologías de la información y las comunicaciones, e infraestructura educativa, no es favorable para el Ejecutivo, pues diez fueron tumbados por distintos vicios de forma y fondo.Catatumbo, en Norte de Santander. Foto:Andrés CarvajalLa Corte declaró inexequibles diez decretos por falta de motivación suficiente, extralimitación de competencias o errores formales, como problemas con las firmas obligatorias de los ministros. Estos fueron:Decreto 135, que reorientaba rentas de destinación específica y modificaba el presupuesto.Decreto 133, sobre medidas en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).Decreto 137, que adoptaba medidas de protección para víctimas de violaciones a los derechos humanos.Decreto 155, relacionado con infraestructura educativa para la educación superior.Decreto 132, que regulaba el orden público en relación con los combustibles.Decreto 107, que incluía disposiciones para el abastecimiento alimentario.Decreto 136, que pretendía reasignar recursos del Sistema General de Participaciones.Decreto 131, que financiaba proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías.Decreto 180, enfocado en desvincular a núcleos familiares de cultivos ilícitos.Decreto 116, que incluía medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible.Catatumbo, en Norte de Santander. Foto:Andrés CarvajalEn la Sentencia C-148 de 2025, el alto tribunal reiteró su criterio de que solo las medidas directamente relacionadas con la escalada de violencia entre el Eln y el ‘frente 33’ de las disidencias de las Farc -que desató la peor emergencia de orden público en el Catatumbo- se justifican bajo un régimen de excepción.Entre los decretos anulados figura uno que pretendía habilitar disposiciones presupuestales para que las gobernaciones y alcaldías atendieran la emergencia, pero que fue dejado sin efecto porque no estaba firmado por todos los ministros, requisito indispensable para la validez de este tipo de actos administrativos.Ese mismo error ya había llevado en mayo a la caída de otro decreto que destinaba el 40 % de la asignación presupuestal regional, incluidas las regalías, a la financiación de proyectos para conjurar las causas estructurales de la crisis humanitaria.Catatumbo, en Norte de Santander. Foto:Andrés CarvajalLa Corte también declaró inexequible el decreto que ordenaba medidas de control sobre la comercialización de combustibles, como el cierre temporal de estaciones de servicio y la suspensión de distribución de líquidos inflamables. Aunque estas disposiciones ya habían sido ejecutadas y posteriormente levantadas, el tribunal advirtió que la decisión debía tomarse para efectos normativos, aunque “darle efectos retroactivos a la decisión sería inocuo”.Otro de los decretos anulados disponía medidas en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En particular, autorizaba el uso del espectro radioeléctrico para fines de socorro y seguridad por parte de entidades públicas y organismos humanitarios. Sin embargo, el documento tampoco contaba con la firma de todos los ministros, lo cual fue suficiente para invalidarlo.Un cuarto decreto también fue eliminado por vicio de forma: fijaba acciones extraordinarias para la protección de personas, grupos y comunidades afectadas por violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, pero su firma incompleta impidió su entrada en vigor constitucional. Además, esta semana la Corte tumbó el decreto que establecía un plan de infraestructura educativa para la educación superior. Otros tres decretos fueron aceptados de manera parcial, ya que la Corte encontró válidos algunos contenidos pero limitó o condicionó su aplicación:Decreto 121, que contempla medidas de acceso a agua potable, saneamiento básico y vivienda.Decreto 106, que busca apoyar la producción agropecuaria con financiamiento y alivios, pero solo para casos justificados.Decreto 117, que otorga beneficios tributarios a operadores turísticos que hayan alojado población desplazada.Catatumbo. Foto:Andrés Carvajal. EL TIEMPOLa Corte avaló de forma total únicamente cuatro decretos que, en su criterio, sí respondían a las condiciones excepcionales de la conmoción y se ajustaban a los límites constitucionales:Decreto 118, que establece un esquema excepcional de control operacional unificado de la Fuerza Pública.Decreto 119, que adopta medidas de protección laboral, como el trabajo remoto.Decreto 120, que garantiza el transporte oficial entre los municipios de la región.Decreto 154, que establece restricciones a la circulación terrestre, fluvial y aérea para facilitar operaciones militares y proteger a la población civil.Juan Diego TorresRedacción Justicia