A casi tres meses de la captura del representante Andrés Calle, quien permanece recluido en la cárcel La Picota mientras avanza el proceso judicial en su contra, su defensa solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta en el marco del caso UNGRD.La Corte Suprema ordenó la detención del representante Andrés Calle y del senador Iván Name, quienes fueron figuras clave en el Capitolio entre 2023 y 2024. Ambos fueron señalados por presuntamente haber impulsado, o no haberse opuesto, al trámite de las reformas del Ejecutivo en el Congreso.Andrés Calle llegó a La Picota, tras la orden de la Corte Suprema. Foto:CortesíaLa defensa del congresista liberal, vinculado a un clan político cercano al Gobierno del presidente Petro, presentó la solicitud ante el alto tribunal. En su argumentación, sostiene que las pruebas, incluida la declaración de Olmedo López y el testimonio de Sneyder Pinilla, no fueron validadas por la Fiscalía, y que dichos testimonios quedaron incompletos.El magistrado Jorge Emilio Caldas de la Sala de Primera Instancia señaló que se está estudiando “la solicitud de control de legalidad de la medida de aseguramiento presentada por los defensores del procesado Andrés David Calle Aguas contra la decisión de AEI 091-2025, por cuyo medio la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva”.Corte Suprema evalúa solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento contra Andrés Calle. Foto:Archivo Particular’Iván Name y Andrés Calle recibieron plata de UNGRD para impulsar reformas del Gobierno’El auto de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el que ordenó la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado por “aceptar indebidamente dineros públicos de la UNGRD, para impulsar o no oponerse al trámite de las reformas”.En el fallo, de 183 páginas, se sustentó la detención de los congresistas. El alto tribunal señaló que los recursos comprometidos provenían de la UNGRD, “reseñadas, lo que permitió de alguna manera, la compra de gobernabilidad del Congreso de la República”.Parte de ese dinero habría sido entregado a los congresistas a través de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de la entidad, quien recibió el dinero inicialmente de un particular identificado como Pedro José Castro Espinoza. Las entregas habrían ocurrido los días 11 y 13 de octubre de 2023, en Bogotá.Según el alto tribunal, los recursos que debían aliviar las necesidades de comunidades vulnerables fueron desviados para fines personales y políticos, afectando gravemente a la moralidad pública y provocando un “importante menoscabo” en sectores segregados.Este caso se agrava aún más por la participación concertada de varios actores y por la posición de poder que ostentan los implicados, lo que eleva el riesgo de reiteración delictiva.Ivan Name y Andrés Calle Foto:Diego Caucayo / Nestor Gómez. EL TIEMPO“Los aforados utilizaron su poder político para ejecutar presuntamente delitos de significativa gravedad, no solo desde una perspectiva general y abstracta, sino por las especificidades que se observaron en el caso concreto; comportamientos frente a los cuales no se excluye su futura reiteración; en fin, el potencial peligro para la comunidad, en caso de mantenerse en la posición de poder actual, utilizada indebida y al parecer delictivamente”, dijo la Corte.Además añade: “No sobra advertir, como síntesis en torno a la gravedad de las conductas investigadas y el diagnóstico de peligro para la comunidad, que las infracciones punibles que se le imputan a los aforados, (cohecho impropio y peculado por apropiación agravado), son considerados de naturaleza especialmente grave, y tienen por ello señaladas penas considerablemente altas”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com