La investigación contra los expresidentes del Congreso, el senador Iván Name y el representante Andrés Calle, sigue moviéndose. Luego de que el pasado 7 de mayo se ordenara su captura, la fase probatoria en la Sala de Instrucción finalizó, y la Corte Suprema decidirá si los enjuicia por los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación a favor de terceros. Así mismo, el alto tribunal decidió negar una recusación que había radicado Name en contra de los magistrados que firmaron su detención.Las dos excabezas del Congreso actualmente se encuentran recluidas en el llamado ‘congresito’, el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota. El representante y el senador fueron los primeros en caer del legislativo en el escándalo de corrupción por el saqueo a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, entidad de donde se desfalcaron los recursos que terminaron convertidos en coimas para aceitar las reformas sociales.Corte Suprema rechazó la solicitud de Iván Name y Andrés Calle. Foto:Archivo particular.Según la investigación, Iván Name habría recibido 3.000 millones de pesos, en un plan articulado por la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y el mismo director de la UNGRD, Olmedo López. Luego de un desayuno en las suites Tequendama, en Bogotá, se habría coordinado la entrega del dinero en dos contados en efectivo.Por otro lado, según el testimonio de Sneyder Pinilla, quien sirvió de emisario para tranzar con Calle, el antiguo presidente de la Cámara habría recibido 1.000 millones de pesos, que fueron entregados en su apartamento, en Montería. Según la declaración de Pinilla, exsubdirector de la Unidad, el dinero fue convertido en criptoactivos para evitar viajar con los maletines cargados de billetes en el avión, y posteriormente fue cambiado en la capital de Córdoba y entregado personalmente en el apartamento del representante.Este es Iván Name, expresidente del Senado vinculado al escándalo de la UNGRD. Foto:Archivo particularEste dinero fue sacado de contratos suscritos por la entidad para abastecer de agua las rancherías de La Guajira, pero que, de acuerdo con la investigación del alto tribunal, fueron desviados “para fines personales y políticos, afectando gravemente la moralidad pública y provocando un importante menoscabo en sectores segregados”.“Los aforados utilizaron su poder político para ejecutar presuntamente delitos de significativa gravedad, no solo desde una perspectiva general y abstracta, sino por las especificidades que se observaron en el caso concreto; comportamientos frente a los cuales no se excluye su futura reiteración; en fin, el potencial peligro para la comunidad, en caso de mantenerse en la posición de poder actual, utilizada indebida y al parecer delictivamente”, dijo la Corte.Y agrega: “No sobra advertir, como síntesis en torno a la gravedad de las conductas investigadas y el diagnóstico de peligro para la comunidad, que las infracciones punibles que se le imputan a los aforados, (cohecho impropio y peculado por apropiación agravado), son considerados de naturaleza especialmente grave, y tienen por ello señaladas penas considerablemente altas”; razón por la que ordenó su captura y continuaran el proceso tras las rejas.#Colombiaen5 Foto:Los testimonios de Ortiz, López y Pinilla fueron clave para reunir el expediente de pruebas con el que, hace tres meses, se ordenó su captura. Este lunes 4 de agosto, la Sala de Instrucción dio por finalizada la fase probatoria y tendrá que definir si los acusa, lo que abriría formalmente la etapa de juicio.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia