La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador conservador Miguel Ángel Barreto por su presunta participación en el entramado de corrupción conocido como el de ‘las marionetas’, una red que se beneficiaba con porcentajes de contratos públicos. Esta fue encabezada por el fallecido congresista liberal Mario Castaño y también salpica a otros políticos, como el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez.Esta fue encabezada por el fallecido congresista liberal Mario Castaño y también salpica a otros políticos, como el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, quien fue capturado en diciembre de 2023 y recientemente quedó en libertad, mientras sigue en curso el proceso en su contra ante el alto tribunal, que ya entra en etapa de juicio.Corte Suprema de Justicia. Foto:Archivo ParticularLa Sala de Instrucción de la Corte Suprema decretó pruebas contra Barreto y se alista para vincularlo mediante diligencia indagatoria, que está próxima a ser programada.Según el expediente elaborado por un grupo especial de fiscales contra la corrupción y remitido a la Corte, los congresistas Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Ciro Ramírez, Juan Felipe Lemos, Carlos Fernando Motoa y el entonces candidato a la Cámara Julio César García habrían desplegado una red, bajo la batuta del fallecido Mario Castaño, para aumentar su caudal electoral en las regiones, direccionando ilegalmente contratos.De esta lista de parlamentarios, Barreto es el tercero investigado por el alto tribunal. La investigación también ha vinculado a asesores, políticos regionales y altos funcionarios, como el subdirector de Programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y excandidato a la Cámara, Pierre Eugenio García, imputado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. El enlace del congresista Barreto —según el dosier del caso— sería Óscar Humberto Leyton.El senador Ciro Ramírez regresa al Senado de la República después de quedar en libertad. Foto:Néstor Gómez – El TiempoAlgunos de los vinculados que han colaborado con la justicia a cambio de beneficios penales han logrado expandir el organigrama de esta red, que operó desde 2021 y cuyas irregularidades, a través del cobro de porcentajes sobre los contratos adjudicados, superarían los 70.000 millones de pesos.Entre los contratos a los que les habrían sacado tajada están el 501 de 2021 y el 670 de 2021, suscritos entre el DPS y Proyecta Quindío, con los que se buscaba “direccionar” proyectos de obra en Tolima, Quindío y Valle del Cauca.En interceptaciones telefónicas a algunos de los investigados se escuchan conversaciones del 6 de octubre, en las que se mencionan citas con el alcalde de Sincelejo para una adición de contrato con el Invías, y sobre un contrato del parque automotor de Bogotá.Corte Suprema de Justicia. Foto:EL TIEMPOEl otro proceso contra el congresistaEl congresista está vinculado a otro proceso por una denuncia que llegó al alto tribunal el 1.º de junio de 2020, en su contra, por no haber reportado en 2018 —dentro de los gastos de campaña al Senado— una donación de 20 millones de pesos que le giró Juan Guillermo Mancera García.La Sala de Instrucción del alto tribunal asumió el proceso por la presunta comisión de los delitos mencionados, abrió la investigación el 14 de octubre de 2021 y citó al senador a indagatoria el 22 de octubre de ese mismo año.A inicios de mayo de 2022, fue acusado por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. La decisión fue confirmada el 23 de junio de 2022, luego de resolverse un recurso de reposición interpuesto por la defensa.Sara Valentina Quevedo DelgadoReducción Justicia