La Contraloría pondrá en conocimiento de la Fiscalía la pérdida de archivos contables del Departamento de Prosperidad Social, que impidieron su auditaje. Para la fiscalización se tenía una muestra de 889 convenios interadministrativos relacionados con los proyectos para la implementación de ‘obras para la prosperidad’ a nivel nacional, pero la entidad últimamente entregó información completa de 25 de ellos. Es decir, el 2,31 %.“Esta situación limitó significativamente la labor de la Contraloría en la revisión de recursos por un valor superior a los $2.4 billones”, informó la entidadUna funcionaria de la entidad en una inspección. Foto:ContraloríaSi bien la ‘desaparición’ de la información no significa que los proyectos no se hayan terminado o los recursos no auditados no se hayan invertido adecuadamente, sí se encienden las alarmas por las trabas que este vacío pueda generar a las labores del ente de control. Por esta razón, la auditoría se liberó bajo el concepto de limitación en el alcance y abstención de conclusión.“En la muestra se seleccionaron convenios celebrados desde el año 2011 en adelante, que estaban vigentes o se liquidaron entre las vigencias 2020 y el primer semestre del 2024, sin embargo, Prosperidad Social solo aportó los documentos que actualmente reposan en la entidad, y no fue posible obtener información requerida para su análisis, ya que, según manifestó el DPS, dicha documentación no se encontraba en sus archivos y expedientes contractuales; y únicamente pudieron entregar lo que efectivamente obraba en sus archivos”, señaló la Contraloría en un comunicado.Carlos Hernán Rodríguez, contralor general. foto 30/07/2024 Foto:ContraloríaDe acuerdo con la entidad, la auditoría se centró en la revisión de contratos ejecutados en el Programa “Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad”, específicamente en los proyectos para la implementación de obras e infraestructura social y evaluó la gestión fiscal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social correspondiente al periodo comprendido entre los años 2020 y el primer semestre de 2024.“La Contraloría evidenció deficiencias en los procesos de seguimiento y control a los convenios y contratos, relacionadas con el pago de mayores cantidades de obra, calidad de las obras, obras inconclusas, asignación de interventorías y retrasos en la ejecución de las mismas. No obstante, pese a la falta de información, la Contraloría identificó 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de $12.682 millones”, indicó el ente de control.También resaltó la entidad que en San Andrés de Sotavento – Córdoba “se evidenció el pago de obras por concepto de mejoramiento de viviendas que no cumplieron los requisitos para ser recibidas a satisfacción por parte de la interventoría, pero que habían sido canceladas al contratista, generándose un daño al patrimonio por $1.116 millones”. Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: