Colombia ocupa el puesto 13 en la región en cuanto a gasto público en educación, uno de los pilares del desarrollo infantil. Destina el 3,9 % de su PIB, una cifra inferior a la de países como Bolivia (7,7 %) y Jamaica (5,7 %), y por debajo del promedio recomendado por la Ocde (5 %). Pero también se raja en otras aristas: el año pasado murieron 149 niños por desnutrición y un millón desertó del colegio. Este fue el crudo panorama presentado por la Contraloría, que ahora busca blindar los fondos dirigidos a esta población.En el lanzamiento de la Alianza Nacional para la Defensa de los Recursos Públicos destinados a la Niñez y Juventud, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez desnudó la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes, quienes siguen enfrentando “profundas brechas que deben ser cerradas con urgencia”. En el tema presupuestal, que es de su competencia, el ente de control enumeró una serie de vacíos en los que los dineros públicos no logran suplir las necesidades priorizadas de esta población. Desde 2016, los gobiernos han destinado más de 286 billones a la atención de la niñez. Solo entre 2022 y 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar administró más de 35,8 billones en programas de alimentación, protección y educación de la primera infancia. Pero al traducir esta inversión en impactos tangibles, los números muestran resultados agridulces. El Programa de Alimentación Escolar alcanzó una cobertura de solo 83,54 % y su ejecución sigue plagada de irregularidades. En el arranque de este año la Contraloría encendió las alarmas porque más de 307.000 estudiantes de todo el país seguían sin recibir alimentación en los colegios y comedores públicos.No obstante la inversión de $2 billones de pesos en educación, que sigue siendo insuficiente de cara a la asignación de los demás países, un millón de niños, niñas y adolescentes dejó el colegio el año pasado. Así mismo, Rodríguez subrayó el flaco presupuesto dirigido para el sector de salud infantil, que apenas recibe $2.084 millones de pesos.La baja ejecución también es otra de las trabas para que los recursos públicos lleguen a sus destinatarios. De acuerdo con el Trazador de la Primera Infancia y Adolescencia del Departamento Nacional de Planeación, “las entidades de orden Nacional reportaron inversiones por un total de $12 billones, de los cuales se ejecutaron $3 billones de pesos, es decir, solo el 27 %”. “Persisten fallas en la calidad y oportunidad del reporte de las entidades territoriales en los sistemas de información del DNP, dificultando el seguimiento y la transparencia en el uso de estos recursos”, advirtió el Contralor, quien el pasado lunes 7 de abril denunció ante la Fiscalía al Departamento de Prosperidad Social por una supuesta pérdida de documentos contables de la entidad.Otro de los lunares que encontró la entidad fue el rezago en las cifras estadísticas. La Encuesta Nacional de Situación Nutricional es uno de los principales insumos para las decisiones en políticas públicas sobre la niñez pero desde 2015 no se actualizan. Sin los números que reflejen la realidad, los Gobiernos planean a ciegas los programas gubernamentales, lo que compromete la eficiencia en la asignación de recursos. “Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para garantizar la realización de la ENSIN sin más dilaciones”, dijo el Contralor. De igual manera expuso las brechas de políticas públicas para la niñez y la adolescencia en departamentos como Arauca, Vaupés, Guaviare, Amazonas, Vichada, Chocó, Guainía, San Andrés y Putumayo, territorios históricamente desatendidos.Así mismo, pidió mayor transparencia en los reportes fiscales para que los recursos asignados a la niñez y adolescencia no sigan camuflándose como inversiones transversales. “Hemos detectado una alarmante tendencia: numerosas entidades reportan como inversión en niñez recursos que, en la práctica, no inciden directamente en la garantía de sus derechos fundamentales”, recalcó Rodríguez. Otros indicadoresEntre las realidades a atacar con inversión social, la Contraloría destacó las alarmantes cifras de violencia infantil. Solo el año pasado se reportaron 36.791 casos, de los cuales el 48 % correspondieron a violencia sexual. Aunque el trabajo infantil bajó del 3,4 % al 2,4 %, sigue siendo una problemática latente. El reclutamiento forzado también se disparó, cerrando el 2024 con 409 casos.Niños, niñas y adolescentes siguen siendo el eslabón más vulnerable en las cifras de víctimas. En la emergencia humanitaria del Catatumbo, por ejemplo, 20.000 menores fueron desplazados. Además, más de 3,7 millones fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas por haber sufrido algún hecho victimizante. De ellos, apenas el 14,64 %, es decir, 542.721, han recibido algún tipo de reparación.“El futuro de Colombia depende de cómo protejamos a nuestros niños hoy. No podemos seguir permitiendo que la desnutrición, la violencia y la falta de oportunidades sigan truncando el desarrollo de millones de menores”, insistió el contralor.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia