Tras la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó la intervención del Gobierno a la EPS Sanitas—y en un contexto en el que esta decisión podría generar un efecto dominó sobre otras resoluciones similares—, la Contraloría reveló que la deuda acumulada de las Entidades Prestadoras de Salud asciende a 32,9 billones de pesos y que las ‘tomas’ administrativas por parte de la Superintendencia no han mejorado su solvencia.De acuerdo con el informe financiero del sector salud, con corte a diciembre del año pasado, el billonario monto de la deuda acumulada de las EPS evidencia una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema. Adicionalmente, 16 entidades presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad para responder a sus obligaciones inmediatas.El ente de control señaló que, de las 157 EPS autorizadas desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, hoy operan apenas 29, y solo seis de ellas —que cubren apenas el 10,92 % del total de afiliados— cumplen con las condiciones financieras exigidas: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas.“Las liquidaciones han sobrecargado a las EPS restantes, que deben asumir afiliados sin contar con capacidad operativa o financiera suficiente, profundizando la crisis”, señala el informe.Ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente, lo que evidencia que el control estatal no ha sido efectivo para conjurar las causas financieras por las que fueron tomadas administrativamente por el Gobierno.Actualmente, 15 EPS no cumplen con el capital mínimo, 14 incumplen el patrimonio adecuado y 22 no realizan la inversión de reservas técnicas exigida por la norma.De los más de 32 billones de pesos adeudados, 2,8 corresponden a operadores farmacéuticos. “Esta situación —pese a que en lo corrido de 2024 se ha pagado cerca del 90 % de la facturación (13,3 de 14,7 billones de pesos)— ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de las peticiones, quejas y reclamos (PQR) del sector”, advirtió la Contraloría.