A pesar de las turbulencias económicas internacionales, de una baja en la recaudación y de la menor llegada de remesas, los estados y municipios mexicanos parece que no recurrirán a créditos a largo plazo.
De acuerdo con un reciente estudio realizado por la casa de análisis Moody’s, las entidades del país no tienen entre sus planes contratar nuevos créditos a largo plazo, lo que confirma una tendencia a la baja que lleva varios años concretándose.
“Los estados y municipios mexicanos mantienen un mesurado apetito para contratar deuda de largo plazo en 2025, lo cual extenderá una tendencia a la baja en los niveles de apalancamiento en el sector. Entre los emisores calificados, proyectamos un nivel promedio de deuda neta a ingresos operativos de 38.5 por ciento para estados al cierre de 2025 y 10.4 por ciento para municipios. Noticias Relacionadas
“Este menor apalancamiento brinda una flexibilidad financiera positiva para el sector, aunque notamos que algunos estados y municipios que han desistido de contratar nueva deuda de largo plazo siguen dependiendo de la deuda de corto plazo, incrementando su exposición a riesgos de refinanciamiento y de tasa de interés”, señala la analista global.
Menos deuda y más gasto
Para la casa de análisis, la reducción en la contratación de deuda es una buena noticia, pues no solo ayuda a que se mantengan las finanzas sanas, sino que le permitirá a las entidades gastar más en la función pública.
“Para 2025, estimamos que los estados calificados realizarán un gasto de capital equivalente al 4 por ciento de sus ingresos totales, por debajo del nivel que estimamos en 2024 (4.8 por ciento de los ingresos totales), pero todavía por arriba del promedio de 3.8 por ciento observado entre 2019-2023.
“En los municipios calificados, estimamos un gasto de capital del 18.5 por ciento de los ingresos totales, también con un ajuste a la baja respecto a 2024 (19.7 por ciento), pero por arriba del promedio de 6.4 por ciento en 2019-2023”, destaca Moody’s.
Este aumento en la capacidad de gasto local será vital para poder paliar los efectos de una posible baja en las participaciones federales, las cuales afectarán mucho menos a las entidades con deudas manejables.