Bolaños ofrece un coche al juez Peinado para que vaya a interrogarlo a La Moncloa | España

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes —encabezado por el socialista Félix Bolaños— ha ofrecido al magistrado Juan Carlos Peinado un coche de su parque móvil para que pueda utilizarlo el próximo 16 de abril para acudir a La Moncloa. El juez tiene previsto tomar declaración ese día al representante del Ejecutivo como testigo dentro de la causa abierta contra Begoña Gómez. Con esta iniciativa, el Gobierno responde a los reproches e insinuaciones de Peinado, que emitió una resolución la pasada semana para subrayar sus recelos sobre celebrar esta cita en el complejo presidencial porque, según expuso, cuando fue allí el pasado verano a interrogar a Pedro Sánchez, los servicios de seguridad retuvieron su coche en el acceso un “tiempo superior al necesario”.Más informaciónA través de un correo electrónico enviado al juzgado, al que tuvo acceso EL PAÍS, la directora general de Servicios del ministerio responde a las pretensiones de Peinado, que planteó la pasada semana la posibilidad de que le pusieran un coche “para realizar el correspondiente traslado a la mencionada sede del complejo presidencial, y el regreso a la sede judicial”. “Para facilitar el acceso y salida de la comisión judicial a La Moncloa, como se sugiere, les ofrecemos la posibilidad de disponer de un vehículo del parque móvil”, apunta la trabajadora de Presidencia, que añade: “Necesitaremos que nos indiquen la hora y el lugar de recogida, y la identidad de las personas que integrarán la comisión judicial”.El magistrado quiere preguntar a Bolaños por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, a la que también mantiene imputada. Peinado ha abierto una nueva línea de investigación por un delito de malversación después de haber interrogado a Álvarez sobre las labores que desempeña para la esposa de Pedro Sánchez. La asesora aseguró que su trabajo consistía en coordinar los actos oficiales y la agenda institucional y personal de la mujer del jefe del Ejecutivo, y que solo realizó favores a Gómez en sus proyectos personales por su relación de amistad.El ministro pidió que este interrogatorio se haga en su despacho de La Moncloa, donde se localiza la sede principal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; en lugar de celebrarlo en otro despacho que tiene disponible en la céntrica calle madrileña de San Bernardo, donde el área de Justicia tiene sus dependencias. Para justificar su solicitud, Bolaños aportó un informe donde alega que, de llevarse a cabo la declaración en San Bernardo, existirían “problemas de seguridad”. Sin embargo, la pasada semana, Peinado no solo dudó de la veracidad de esas conclusiones, sino que se quejó del trato que se le dio en julio de 2024, cuando acudió a interrogar al presidente del Gobierno. Según él, los responsables de seguridad retuvieron su coche un “tiempo sensiblemente superior al necesario” y, por ello, añadió que él no tiene inconveniente en volver, “siempre y cuando se garantice la facilidad de acceso al vehículo judicial”.Este miércoles, el PP ha aprovechado esa próxima cita para cargar contra Bolaños en el Congreso. La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo arremetía contra el ministro en estos términos: “Dígame, ¿va a llamar al juez Peinado prevaricador a la cara? ¿Facha con toga? ¿Ultra del lawfare, cómo hace Trump?”. “¿Sabe que puede acabar imputado, verdad?”, le ha preguntado la parlamentaria conservadora.Hace meses que el Gobierno no se anda con rodeos y carga sin reparos contra la instrucción del magistrado Peinado, que mantiene imputada a Begoña Gómez desde hace un año tras admitir una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. “Lo que hemos conocido del señor Peinado es claramente prevaricador. El señor Peinado ha mentido en sede judicial”, dijo el ministro Óscar López. La Abogacía del Estado, en nombre del presidente del Ejecutivo, también se querelló contra el magistrado por prevaricación por obligarle a declarar en persona en la causa, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó sus pretensiones.