El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez entró en una nueva fase tras la condena en primera instancia proferida por el Juzgado 44 Penal de Bogotá. En un fallo de 1.114 páginas, la jueza declaró al exmandatario culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y le impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria.Si bien el antiguo jefe de Estado estará detenido en su lugar de residencia en Rionegro (Antioquia), la ejecución de la sentencia quedará suspendida con la apelación que se presentará la defensa ante el Tribunal Superior de Bogotá a más tardar el 13 de agosto, cuando se cumplen los siete días hábiles que otorgó el juzgado.El expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema en octubre de 2019. Foto:EL TIEMPO.Hasta que se resuelva la apelación en esa segunda instancia, tres magistrados revisarán el expediente y la impugnación de la defensa, encabezada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana.Para Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CIJ), explicó que el recurso de apelación a una segunda instancia, es una garantía que tiene tanto la Fiscalía como el acusado para recibir otro veredicto.El magistrado Manuel Antonio Merchán, quien será el ponente del caso, ya ha analizado el proceso en otras etapas, como lo establece la regla. Lo acompañan en la sala las magistradas Alexandra Ossa y Leonor Oviedo. Este equipo tendrá la tarea de revisar el fallo de primera instancia, los argumentos de apelación y, eventualmente, decidir si se ratifica, modifica o revoca la condena.El proceso puede enfrentarse a recusaciones o impedimentos por parte de las partes o de los propios magistrados. Si alguno se aparta del caso, los otros dos decidirán si aceptan su impedimento. En caso de empate, la decisión la tomaría la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.El expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema en octubre de 2019. Foto:RAUL ARBOLEDALa fecha clave será el 16 de octubre de este año, cuando se cumple el término de prescripción de la acción penal. Según expertos si para ese momento no se ha registrado oficialmente un proyecto de fallo en el sistema judicial, el caso podría archivarse. Si, por el contrario, hay registro antes de esa fecha, el proceso podrá continuar incluso con una eventual casación ante la Corte Suprema. Incluso, “el Tribunal puede adoptar medidas internas, en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura, a efectos de priorizar el estudio del caso”, dijo el abogado Saúl León.Esa etapa posterior, de casación, solo procede si se cumplen ciertos requisitos legales y su admisión es más estricta. De admitirse, el proceso tendría un nuevo término de prescripción de cinco años, hasta 2030.Además de la apelación, no se descarta que la defensa interponga una tutela contra la decisión judicial que eventualmente, según fuentes de la magistratura, sería revisada por la Corte Constitucional, lo que abriría un camino adicional de revisión si se considera que hubo una vulneración de derechos fundamentales durante el juicio.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias: