Durante la audiencia de acusación contra Andrés Peñate, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por el capítulo de las interceptaciones ilegales conocidas como ‘chuzadas’, entre 2005 y 2007, la Corte Suprema de Justicia acreditó como víctimas al presidente Gustavo Petro, al periodista Daniel Coronell, al Polo Democrático, al Dapre y a seis exmagistrados de ese alto tribunal.El exdirector está en el banquillo por concierto para delinquir agravado y se enfrenta a una pena de entre 8 y 18 años de prisión por, según la Corte, “haber dirigido las interceptaciones contra servidores públicos, magistrados de la Corte y excongresistas con ocasión de sus funciones e investidura”.El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue liquidado por las ‘chuzadas’ ilegales. Foto:Martín García. Archivo EL TIEMPOLa audiencia se llevó a cabo ante la Sala Especial de Primera Instancia y durante su duración (cuatro horas con el tiempo tomado por la magistrada Blanca Nélida Barreto para discutir con la Sala la acreditación) las partes presentaron sus argumentos. Entre ellas, los representantes de las víctimas, de las cuales diez fueron debidamente acreditadas como intervinientes en el caso.En el listado figuran el presidente de la República Gustavo Petro, el partido Polo Democrático, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el periodista Daniel Coronell, y los exmagistrados de la Corte Suprema Sigifredo Espinosa, Pedro Octavio Munar, Jorge Luis Quintero, Luis Javier Osorio, Javier de Jesús Zapata y Alfredo Gómez Quintero.”El daño que sufrió el entonces senador Gustavo Petro, frente a las presuntas conductas que se acusan, consistió en afectar su libertad y su ejercicio democrático. El hecho de que el Estado hubiera utilizado sus instrumentos de persecución e investigación para afectarlo en sus derechos a la intimidad y en el ejercicio legítimo de la acción política”, dijo el abogado del primer mandatario.Los apoderados de los congresistas del Polo Democrático, así como de los exmagistrados de la Corte Suprema, también expusieron las razones por las que sus representados debían ser incluidos como intervinientes. En el caso del Polo, aseguraron que “se quebrantaron los derechos políticos de un partido en calidad de opositor, configurándose violaciones a la libertad política”.Y, en el de los magistrados, se hizo énfasis en el objetivo de deslegitimar su imparcialidad y ejercicio judicial, accediendo incluso a las discusiones de la Sala Plena, lo que constituyó una violación a la autonomía de las ramas del poder público.Al exdirector del DAS regional lo espera una condena en Colombia. Foto:EL TIEMPOLa magistrada ponente comunicó la decisión de la Sala, en la que “comprobaron la probable ocurrencia de un daño para los solicitantes”.En el caso del presidente Gustavo Petro Urrego, la magistrada aseguró que con las ‘chuzadas’ de las que fue blanco —que incluyeron vigilancias encubiertas, interceptaciones ilegales y seguimientos a sus desplazamientos—, todo ello con fines políticos y no relacionados con la seguridad nacional, se le reconoció como víctima, pues sus derechos fundamentales fueron menoscabados por la presunta conducta del procesado.Sobre Daniel Coronel, quien según la investigación también fue objeto de la misma persecución orquestada por Peñate en su calidad de director del DAS, la Corte determinó que no solo se violó su derecho a la intimidad, sino que también se vulneró su derecho a la libertad de prensa, protegido constitucionalmente.En el caso del Polo, la magistrada sostuvo que los congresistas opositores, a causa de este seguimiento ilegal, pudieron haber sufrido un daño a su buen nombre y un perjuicio moral. Y en el caso de los exmagistrados, la Sala destacó que este órgano fue objeto de una infiltración por parte de empleados de la Corte que actuaban para el DAS, logrando obtener información privilegiada de la máxima instancia de la justicia.En diciembre de 1989, un bus bomba con 500 kilos de dinamita explotó en el edificio del DAS Foto:Archivo EL TIEMPOEsa infiltración estuvo acompañada de la instalación de dispositivos electrónicos, como micrófonos en la Sala Plena y la Sala de Casación Penal de la Corte, así como de la interceptación de las comunicaciones de magistrados y sus familiares, con el fin de elaborar expedientes y campañas de desprestigio contra los servidores judiciales, basadas en hipótesis falsas, como la presunta filtración del narcotráfico en el alto tribunal. Esto no solo mancilló su imagen y la de sus miembros, sino que pudo transgredir el ejercicio judicial.La defensa de Peñate presentó una serie de aclaraciones al escrito de acusación, y la audiencia se reanudará el 31 de julio.El escrito de acusaciónSegún el escrito de acusación, que desempolva hechos ocurridos hace 20 años, el imputado se asoció en una empresa criminal con subalternos como la condenada María del Pilar Hurtado, exsubdirectora del DAS, y otros directivos de inteligencia, contrainteligencia y fuentes humanas, para “materializar las órdenes ilegales y entregar información a Bernardo Moreno”, entonces director del Dapre.Choque en la Corte por ‘decretazo’ de Petro Foto:Algunos de los implicados ya aceptaron cargos y fueron condenados.La respuesta de PeñateA través de un comunicado de prensa, el exdirector del DAS aseguró que jamás ordenó, autoricé ni toleré el uso de la entidad para perseguir a opositores, críticos del gobierno o miembros de otras ramas del poder público. “Las actuaciones que acontecieron en las administraciones anterior y posterior a mi gestión no me corresponden. Como lo he manifestado de manera constante, en ningún momento recibí, impartí ni toleré órdenes que permitieran el uso del DAS para perseguir o acosar a opositores, disidentes o críticos del gobierno”, aseveró.Y agregó: “Una de las principales prioridades de la entidad durante mi gestión fue adelantar todas las acciones necesarias para que la oposición pudiera ejercer con total libertad y seguridad sus derechos políticos. El hecho de que durante mi gestión no hubiera ocurrido ni un solo atentado contra un líder de la oposición, así lo demuestra. Tampoco recibí, emití ni toleré instrucciones dirigidas a presionar o acosar a miembros de otras ramas del poder público, ni a interferir en el cumplimiento de sus funciones constitucionales”.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia