La médica Eva Barrionuevo (La Rioja, 39 años) cuenta que hay mujeres en su provincia, La Rioja, en el noroeste de Argentina, que piensan que el aborto ha dejado de ser legal. Que creen que lo prohibió el presidente, Javier Milei, porque lo han escuchado equiparar la interrupción voluntaria del embarazo a un “asesinato agravado por el vínculo”. Que llegan a los hospitales con embarazos más avanzados, ya en el segundo trimestre, por falta de información. Que han vuelto a recurrir a medicamentos que se usaban en la clandestinidad antes de que el aborto fuese legal, menos efectivos y más peligrosos que los que hoy reparte de forma gratuita el sistema de salud. Barrionuevo batalla a diario contra esa desinformación y contra el miedo creciente entre profesionales como ella que acompañan interrupciones voluntarias del embarazo. Garantiza que las mujeres que se quedan embarazadas puedan decidir ser madres en ese momento o no serlo, un derecho que fue conquistado a finales de 2020, pero que ahora está en riesgo.La Rioja es una provincia del noroeste de Argentina con menos de 400.000 habitantes repartidos en una extensión de casi 90.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a Andalucía, en el sur de España. La gran influencia de la Iglesia católica en su territorio se sintió en la votación definitiva de la ley de legalización del aborto, el 30 de diciembre de 2020: de los tres senadores riojanos, uno votó en contra y los otros dos se ausentaron del recinto. La normativa chocó también con una sociedad que rechazaba en voz alta el aborto y callaba sobre los que se realizaban a escondidas.Barrionuevo, hija de presos políticos de la última dictadura, está acostumbrada a luchar. Asegura que en un primer momento no fue fácil garantizar esta práctica en el sistema público de salud. Todos los tocoginecólogos se declararon objetores de conciencia y quedaron a cargo médicos de familia o de otras especialidades, como ella, que es cardióloga de formación. En 2021, pocos meses después de la legalización, Barrionuevo estaba preparada para realizar abortos por aspiración manual endouterina, pero las autoridades del hospital de La Rioja en el que trabajaba le ponían una excusa tras otro para impedirlo. Hasta que un día improvisó: con la ayuda de otra médica y de una psicóloga, se encerraron junto a la paciente que quería abortar en un pequeño consultorio del hospital. Mientras realizaban el procedimiento, un grupo de colegas golpeaba los cristales, las insultaba e intentaba forzar la puerta para entrar.“Una médica estaba en la puerta para evitar que entraran y la psicóloga intentaba calmar a la paciente. Desde el otro lado nos decían que si teníamos una complicación nadie nos iba a asistir, había un anestesista que gritaba que si él estaba de guardia los legrados serían sin anestesia”, recuerda esta médica. “Pero continuamos. Pensamos que si nos dejábamos intimidar en ese momento, no nos iban a dejar nunca más”, recuerda esta doctora. La aceptación creció de a poco, hasta que todo lo ganado comenzó a revertirse desde la llegada de Milei a la Presidencia.“El discurso violento del Gobierno ha vuelto a fortalecer a los antiderechos en todos lados, juzgando a las mujeres que deciden no seguir adelante con su embarazo y amedrentando a los que los acompañan”, subraya esta integrante de la Red de profesionales por el derecho a decidir.Amenazas y falta de medicamentosLos problemas llegan desde todas las provincias y cada vez son más. Hace un año, el partido de Milei presentó un proyecto para derogar el aborto, pero dio marcha atrás al alegar que había sido por iniciativa inconsulta de una diputada. Meses después, el Gobierno interrumpió el envío de medicamentos abortivos a las provincias con el argumento de que les corresponde a ellas comprarlos, lo que obligó a muchas mujeres a ir de un hospital a otro en busca de una solución que nadie les podía brindar. En la entrada de algunos hospitales se han detectado falsos puestos de orientación que buscan disuadir del aborto a las gestantes con información falsa. En su interior, crecen de nuevo los obstáculos para practicar abortos y el personal a cargo ha sufrido situaciones de maltrato y amenazas.Los recortes presupuestarios en salud agravan la situación. El Gobierno nacional ha limitado además la distribución de anticonceptivos, lo que pone en riesgo la salud sexual y la prevención de embarazos adolescentes y de mujeres en situación vulnerable en aquellas provincias con menos recursos para afrontar ese gasto.Profesionales como Barrionuevo se unen en redes para resistir de forma colectiva a los ataques y cuidarse: “No vamos a bajar los brazos. Seguimos con los pañuelos en alto y lo vamos a demostrar el 8 de marzo en las calles, porque sabemos que los derechos no son para siempre y que vamos a tener que luchar por ellos”.

Eva Barrionuevo, una doctora en primera línea en Argentina: “Sabemos que el derecho al aborto no es para siempre y luchamos por él” | Lideresas de Latinoamérica
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