Filas de cientos de estudiantes reclamando el diploma o al menos una explicación sobre el pago de servicios educativos que no les certificaron fue una escena que hace 11 años conmocionó a Bogotá. La Fundación Universitaria San Martín, que tenía su sede en el sector de El Lago, había orquestado un entramado de estafa por el que ahora el Tribunal Superior endurece la condena contra los directivos.En fallo de segunda instancia, el Tribunal modificó la sentencia proferida por un juzgado en Bogotá en contra de Martín Eduardo Alvear (hijo de Mariano Alvear, dueño del instituto) y su esposa Xiani Piedad Ocampo Sequeda, quienes habían sido condenados a 10 años de cárcel por estafa agravada en masa y enriquecimiento ilícito.Martin Alvear, uno de los imputados por el entramado. Foto:ArchivoEl Tribunal extendió esta pena a 11 años (132 meses) y fijó el tope de la multa en 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En la sentencia también los inhabilitan para ejercer funciones públicas por el mismo periodo. Los otros dos implicados, Luis Fernando Sánchez Tovar, el contador, y Ana Rosalba Galvis, quien administraba el libro de cuentas plagado de irregularidades, habían recibido una tercera parte de la pena que los demás directivos condenados únicamente por estafa.Sin embargo, el Tribunal revocó este fallo y condenó a los dos financieros como coautores de los dos delitos identificados en el proceso, igualando la sanción a la de los directivos: 11 años.”En lugar de pagar la nómina, los impuestos y los servicios públicos que, por su cargo, conocía se debían y eran indispensable para el funcionamiento de la universidad, autorizó que los recursos de los créditos obtenidos con la fiducia fueran a parar infundadamente a las empresas de la familia Alvear sin contraprestación alguna para el patrimonio de la fundación”, indicó el Tribunal sobre la tesorera Galvis. El escándalo de estafa en la Fundación San Martín se dio en el 2014 Foto:ArchivoEn este mismo sentido, señaló que el contador Sánchez Tovar “tuvo un rol importante para la consumación del reato. El desvío de recursos y la transferencia de bienes requirió de la consignación en los estados financieros de hechos económicos no verídicos para dar soporte a las operaciones financieras ilícitas”, se lee en la sentencia.Había un cuarto nombre en el proceso, el de Jorge Eliécer Paternina, quien fue señalado como el enlace con las notarías que servían a los intereses de la familia Alvear. Sin embargo, para la jueza él había sido instrumentalizado y desconocía sobre los intereses ilegales. Durante el trámite judicial, cuatro delitos quedaron por fuera: concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y fraude a resolución judicial.Los hechosEn 2014, la Fundación San Martín habilitó la inscripción a más de 15 programas de educación superior sin contar con la acreditación del Ministerio de Educación. Sin este visto bueno, los diplomas de los estudiantes que se graduaban de dichas carreras eran inválidos, lo que provocó una oleada de decenas de afectados.Tribunales de Bogotá y de Cundinamarca Foto:Carlos López/El TiempoSegún las investigaciones, el entramado fue orquestado desde la junta directiva a la que pertenecían los ahora sentenciados. Se trató de una serie de hechos delictivos en los que, además del dinero obtenido a través de la estafa, se desviaron recursos de la Fundación hacia cuentas bancarias en el exterior o a nombre de terceros, así como a inversiones en bienes raíces.”Además, utilizaban documentación falsa para levantar las medidas cautelares decretadas judicialmente, tras lo cual simulaban ventas de los inmuebles de la universidad a empresas y fundaciones propiedad de Mariano Alvear o de su círculo cercano, con el fin de sustraer esos bienes de la persecución de los acreedores”, consignó la decisión de primera instancia.Sara Valentina Quevedo Redacción Justicia