A propósito de la sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a respetar las decisiones judiciales, a garantizar la independencia del poder judicial y a encauzar el debate a través de los mecanismos previstos por el Estado de Derecho para impugnar el fallo.”Hoy el país observa con atención un proceso judicial de gran trascendencia que involucra al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Esta es una oportunidad de oro para dar paso a la voz de la justicia, expresada en la decisión proferida por la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y debilita su legitimidad institucional”, dijo Iris Marín.A propósito del debate político que ha rodeado el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a mermar la pugnacidad que, en el pasado y el presente, ha propiciado violencia contra los servidores judiciales. Reiteró que las decisiones deben controvertirse a través de los canales jurídicos previstos por el Estado de Derecho.“No es admisible en una democracia atacar o deslegitimar a quien profiere las decisiones ni insinuar su parcialidad, sin fundamento. Este no es un debate político ni electoral. Los señalamientos y campañas de desprestigio contra jueces y juezas no solo socavan la independencia judicial, sino que pueden derivar en agresiones violentas contra los servidores públicos, como ha ocurrido en el pasado”, advirtió.Tras la audiencia en la que se conoció la tasación de la pena, la defensa del expresidente, encabezada por el abogado Jaime Granados, anunció la apelación y pidió una prórroga para presentar el escrito, con el fin de que el caso sea revisado por el Tribunal Superior de Bogotá y, eventualmente, por la Corte Suprema de Justicia mediante recurso de casación.La Defensora insistió en que, en este tramo procesal que aún queda pendiente, debe respetarse la independencia de la justicia como garantía democrática.“La independencia no es un privilegio de funcionarios y funcionarias judiciales, sino una garantía esencial para todas las personas. Es lo que permite que las decisiones se adopten con imparcialidad, sin presiones ni intimidaciones que debiliten la confianza de la sociedad en la justicia”, sostuvo.Concluyó invitando a “las partes procesales, a los líderes políticos y a la ciudadanía a confiar en la justicia, a respetar y no estigmatizar a una jueza que ha ejercido su labor con rectitud y transparencia”.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia