La imputación contra el exministro Ricardo Bonilla por el escándalo de la UNGRD se avecina. La Fiscalía había informado que una vez terminara de negociar con la exasesora María Alejandra Benavides, iba a formular cargos contra su entonces jefe en la cartera de Hacienda, y el acuerdo se dio la semana pasada. Consta de un principio de oportunidad que ahora pasará a revisión de un juez.El despacho de la fiscal María Cristina Patiño le otorgó a la exasesora la inmunidad total por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, cometido en calidad de cómplice. Es decir, Benavides admite que incurrió en esa penalidad y a cambio no pagará cárcel por su participación en el entramado corrupto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que tiene imputados a exaltos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. El acuerdo no se queda solo en la aceptación del delito, también tendrá que ser testigo en contra otras personas salpicadas, entre ellas el exministro Ricardo Bonilla.Audiencia de imputación a María Alejandra Benavides. Foto:Archivo ParticularEn diálogo con EL TIEMPO, el abogado de la exasesora, el penalista Jaime López, manifestó que su cliente “colaboró con la administración de justicia en la teoría del caso de la Fiscalía. Será testigo contra los que la entidad considere, entre ellos, Ricardo Bonilla”.Asimismo, explicó que el principio de oportunidad -que tendrá que ser revisado por un juez de control de garantías el 22 de julio, para que así quede en firme- se lo dieron por tres eventos ampliamente documentados en este escándalo: los contratos para atender emergencias en los municipios de Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra. Esos eran unos proyectos por 92.632 millones de pesos en los que en 2023 seis congresistas de las comisiones económicas estarían interesados indebidamente. Este es Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Foto:Archivo particularLa idea, según la Fiscalía, era que quedaran en manos de contratistas allegados a los congresistas, y a cambio ellos iban a acelerar las aprobaciones de los cupos indicativos que eran necesarios para el entonces ministro Bonilla y el gobierno del presidente Gustavo Petro. La imputación a BonillaLa fiscal María Cristina Patiño anunció hace un mes que solicitará una audiencia de imputación contra Ricardo Bonilla, una vez esté aprobado el principio de oportunidad para Benavides. Según la investigadora, el exministro tendrá que responder por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.Olmedo López en audiencia. Foto:Archivo Particular“La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla, a partir de un acercamiento en virtud de una negociación de principio de oportunidad con la señora María Alejandra Benavides. Ese principio se va a radicar a finales de esta semana, y una vez el juez a quien corresponda decidir la legalidad de este principio lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de imputación contra el exministro”, dijo Patiño en una rueda de prensa.Bonilla será el quinto exalto funcionario de Petro judicializado por el entramado corrupto para desfalcar a la UNGRD, que tuvo a sus exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla como los articuladores para tal plan, y por eso están tras las rejas.Ellos dos son también testigos de lo que habría hecho Bonilla al direccionar supuestamente de forma ilegal, los proyectos por cerca de 92.000 millones de pesos en Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena. Esos dineros no fueron desembolsados debido a que los contratos nunca se firmaron -de allí que le imputen el delito de interés indebido-, pero los interesados eran los legisladores Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Todos ellos están siendo investigados por la Corte Suprema.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com