El segundo capítulo del escándalo de la expedición de pasaportes en este Gobierno podría acarrear sanciones contra tres personas que han hecho parte del círculo más cercano al presidente Gustavo Petro. La Procuraduría abrió una investigación contra Alfredo Saade, su jefe de despacho, y contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, quienes de distintas formas habrían incurrido en faltas disciplinarias.El país viene de la urgencia manifiesta en las épocas de Murillo y de la licitación desierta en la era de Álvaro Leyva, y ahora enfrenta un choque entre el mismo Ejecutivo por la viabilidad de que sea la Imprenta Nacional la que empiece a expedir los pasaportes desde el próximo 1 de septiembre, fecha en la que se acaba la prórroga con la que empresa Thomas Greg ha venido imprimiéndolos.Históricamente, esa compañía ha tenido en sus manos el contrato de los pasaportes, pero el Presidente quiere que sea una entidad del Estado, en este caso la Imprenta, la que lo haga. La idea ha tenido consecuencias en la ciudadanía, que ha visto cómo se le retrasan las citas; asimismo, ha sido cuestionada últimamente por la saliente canciller Laura Sarabia, quien afirmó que la Imprenta no está preparada técnicamente para asumir esa función, pues son 8.000 documentos los que se demandan diariamente.Laura Sarabia y Alfredo Saade. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO / Redes socialesEl salvavidas a esta situación lo busca el Gobierno, de la mano de Saade, con autoridades de Portugal, específicamente con la Casa de la Moneda. Entretanto, en Colombia ya se pasó de las acciones preventivas -esta semana hubo inspecciones de la Contraloría y la Procuraduría a la Imprenta y la Cancillería- a las disciplinarias. De prosperar, podrían derivar en sanciones contra Saade, Sarabia y Murillo.EL TIEMPO conoció el documento de 10 páginas con el que el órgano de control, al mando de Gregorio Eljach, les abrió una investigación por presuntas faltas cometidas en distintos momentos. El delegado a cargo del caso es Esiquio Sánchez, quien tomó acciones que se desprenden de dos informes preventivos que elaboró otra dependencia de la entidad, concentrada en los últimos días en analizar la implementación del nuevo modelo que quiere Petro para la expedición de pasaportes. La saliente canciller Laura Sarabia y su antecesor Luis Gilberto Murillo. Foto:Presidencia de la RepúblicaEn él, se evidenció una “posible existencia de conductas con incidencia disciplinaria” que se remontan a 2023, cuando con Álvaro Leyva en la Cancillería se declaró desierta la licitación por 600.000 millones de pesos para imprimirlos. Eso derivó en la urgencia manifiesta con el que se extendió por un año el contrato con Thomas Greg.Ya bajo la administración de Luis Gilberto Murillo, la Cancillería propuso un nuevo esquema para expedir pasaportes, de la mano de un aliado extranjero. En este caso, Portugal. Y paso seguido, prorrogó nuevamente el contrato.Largas filas en oficina de pasaportes. Foto:Mauricio MorenoLos hallazgosLa tercera investigada es Laura Sarabia, quien el 29 de enero pasado asumió como canciller. La lupa sobre su nombre está en que el 30 de abril estuvo en una reunión con autoridades de Portugal, en la que una funcionaria de la Cancillería expresó que en el negocio con ese país “se contemplaba implementar el modelo con vigencias futuras por un año, sin contar con el respaldo presupuestal para los nueve años restantes”.Por otro lado, en el encuentro otra persona de la Cancillería dijo que todo el proceso tenía que tramitarse bajo un documento de político, “teniendo en cuenta que sin eso no se podrían tramitar unas vigencias futuras más allá del periodo de gobierno, respecto de lo cual destacó que, ‘por rápido que se realice, dicho proceso no tendrá una duración inferior a los seis meses'”.En conclusión, el informe preventivo señala que desde el 30 de abril pasado la Cancillería sabía que es inviable que la Imprenta maneje el tema de los pasaportes desde el 1 de septiembre, pues en los meros trámites se llevarán mucho más plazo del que queda. Por eso, dicho Ministerio expuso que era necesaria la “declaratoria de urgencia manifiesta para garantizar la prestación del servicio”.Imprenta Nacional. Foto:Redes Imprenta NacionalEn esa línea, la Procuraduría ya tiene los indicios frente a qué faltas cometió cada uno. Murillo porque al parecer “no convocó ni estructuró procedimiento de selección en más de nueve meses que transcurrieron desde su entrada al cargo hasta una nueva declaratoria de urgencia manifiesta surtida el 10 de septiembre de 2024”.Asimismo, que Sarabia, pese a saber desde hace cinco meses que tenía que convocar a una selección para mantener vigente la expedición de pasaportes, no lo ha hecho, y muestra de ello es que “actualmente no se surten las gestiones para estructurar y/o abrir proceso de selección alguno”. Con esto, la saliente canciller habría vulnerado los principios de planeación y responsabilidad.Otra conclusión de los informes preventivos de la Procuraduría es que recibieron información de que la Imprenta, hoy en día, no cuenta con la infraestructura física y de personal para prestar el servicio de pasaportes. Esa tesis la ha venido manejando la misma saliente canciller Sarabia, quien ha tenido diferencias con Petro debido a su postura. De allí, su renuncia irrevocable.El presidente Petro durante un consejo de ministros. A su lado, Alfredo Saade, jefe de Despacho. Foto:Ovidio Gonzalez. PresidenciaLas extralimitaciones de SaadeAlfredo Saade, un pastor que ha estado con Petro desde su elección, llegó como jefe de despacho presidencial el pasado 25 de junio. Desde entonces, ha estado en el debate de los pasaportes. Tanto así que dos días después, citó a funcionarios de la Cancillería a dos reuniones para que le informaran del caso debido a que afirma que el Presidente lo encargó de ello.”Les solicitó racionalizar la asignación de citas para la expedición de pasaportes con el fin de asegurar la disponibilidad de libretas durante una mayor cantidad de tiempo”, resalta la Procuraduría, que añade que Saade habría acusado a los funcionarios de la Cancillería de tener intereses particulares con Thomas Greg. Esto se traduciría en una extralimitación de funciones que en caso de ser comprobada, podría tener consecuencias disciplinarias.Alfredo Saade. Foto:PresidenciaPara resolver la situación de estas tres personas,, la Procuraduría ordenó recoger más pruebas con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com