Sobre las 9 de la mañana de ayer, y durante varias horas, un equipo técnico de la Procuraduría y otro de la Contraloría se ‘tomaron’ las sedes de la Cancillería y la Imprenta Nacional. Peritos y abogados evaluaron la capacidad de ambas entidades para poner en marcha el plan del Gobierno de asumir la expedición de pasaportes, que actualmente está en manos de la multinacional Thomas Greg & Sons. El informe aún no se conoce oficialmente. Pero altas fuentes le confirmaron a este diario que la conclusión de las visitas, aunada a revisiones previas del contrato, es clara: la Imprenta Nacional no está preparada técnicamente para fabricar los pasaportes a partir del 1.º de septiembre, cuando concluye la actual prórroga del contrato con Thomas. Foto:procuraduríaInsistir en esa vía podría abrir espacio para millonarios detrimentos patrimoniales y, sobre todo, podría poner en riesgo el derecho de los colombianos a la libre movilización. Esas consideraciones técnicas y jurídicas de los dos organismos de control, ambos con facultades sancionatorias, dejan en el limbo la decisión del presidente Petro para que la Imprenta tome la responsabilidad de fabricar el documento internacional de los colombianos en menos de dos meses.Además, confirmaría la posición que sostuvo la canciller saliente, Laura Sarabia, y que fue el punto de quiebre de su relación con el jefe de Estado, a quien le presentó la carta de renuncia el pasado 3 de julio. Para ella, es “inviable” que la Imprenta cumpla, desde septiembre, con la producción para una demanda de 8.000 libretas diarias. Por esta incapacidad, Sarabia había declarado una urgencia manifiesta y extendido el contrato con Thomas Greg por 11 meses. Sin embargo, esa decisión fue rechazada de plano por el Presidente, quien en reiteradas ocasiones –hasta ahora sin mostrar pruebas– ha señalado a la multinacional de presuntos actos de corrupción para quedarse con la millonaria operación.Según la saliente funcionaria, se necesitan al menos 35 semanas para la transferencia tecnológica y la capacitación por parte de la Casa de la Moneda de Portugal, con la que el Gobierno celebraría un convenio interadministrativo para fortalecer sus capacidades técnicas. A pesar de ello, hasta el momento no se ha firmado, ni en Lisboa conocen el papel. Largas filas se presentan en este momento en la oficina de pasaportes. Foto:Mauricio MorenoEl excanciller Luis Gilberto Murillo, gestor de este modelo, dijo en medios de comunicación que, antes de un periodo entre seis y ocho meses después de la firma del contrato con la Casa de la Moneda, no sería viable que la Imprenta Nacional quede a cargo.Este concepto coincide con los informes remitidos por los sindicatos de trabajadores, que no saben cómo será la curva de aprendizaje del nuevo esquema, ahora reducido a poco más de ocho semanas (ver nota anexa). “Es necesario que haya claridad sobre cómo será esa transición, y que contemos tanto con la tecnología como con el conocimiento para hacer las cosas bien”, comentó Néstor Bojacá, presidente del sindicato de la Imprenta.Prórroga, ¿inevitable?Las alertas de los exministros y organizaciones, sumadas al concepto de los entes de control, dejan al Gobierno del presidente Petro en una disyuntiva: seguir adelante con la imprenta y arriesgar una operación que ha funcionado o repetir el procedimiento que ha sido usado desde el 2023 a pesar de los cuestionamientos del jefe de Estado a Thomas Greg: declarar la urgencia manifiesta y optar por una prórroga del contrato.El canciller Luis Gilberto Murillo. Foto:Archivo particularDe mantenerse el plan inicial que, según denunció Sarabia, por orden del jefe de Gabinete, Alfredo Saade, por ahora consistiría en dilatar las citas de expedición de pasaportes para “rendir” las libretas que queden en el inventario tras la salida de Thomas Greg, los funcionarios involucrados podrían exponerse a investigaciones disciplinarias y fiscales. ¿Misma suerte de Leyva?Saade, según expertos consultados, se enfrentaría a una situación similar a la del entonces canciller Álvaro Leyva, que en 2024 fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.Para el exprocurador, Carlos Gustavo Arrieta, más allá de las “imprudentes declaraciones”, Saade podría tener “responsabilidad en la extralimitación de funciones o que invadió las de otro funcionario”, ya que no existe un decreto que le haya atribuido funciones interinas de canciller.El abogado Francisco Bernate además aseguró que, si se comprueba una afectación al ciudadano derivada de las supuestas órdenes del jefe de Despacho, “podría ser sancionado disciplinariamente”.La propuesta de un nuevo #paroarrocero Foto:En el caso de la sanción a Leyva, la entonces procuradora Margarita Cabello explicó que respondió a irregularidades cometidas al frenar la licitación para la impresión de pasaportes en Colombia. Según el Ministerio Público, el excanciller y entonces mano derecha del Presidente –ahora acérrimo contradictor– vulneró varios principios de índole económica al declarar desierta la licitación que buscaba adjudicar el contrato a la empresa Thomas Greg, que ya había resultado ganadora del proceso.Redacción Justicia