Nueva condena al Servicio Andaluz de Salud, ahora por tardar 13 meses en diagnosticar un cáncer a una paciente | Sociedad

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 6 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con 200.000 euros, más intereses, a una sevillana a la que se le tardó 13 meses en diagnosticarle un cáncer. “La demora diagnóstica ha supuesto a la paciente un calvario terapéutico”, ha indicado a este diario la abogada de la asociación Defensora del Paciente, María Jesús Villalpando, que ha llevado la acusación y que se refiere no solo al año largo de incertidumbre ante su diagnóstico -en el que acudió con más dolores que tampoco fueron atendidos convenientemente-, sino al resto de pruebas quirúrgicas a las que tuvo que someterse una vez que se confirmó que tenía un sarcoma y a las secuelas a las que se tiene que enfrentar. “Va a seguir necesitando quimioterapia paliativa el resto de su vida”, subraya la letrada.La paciente acudió a su médico de cabecera en un centro de salud de Alcalá de Guadaíra el 19 de julio de 2017 por un dolor en la espalda y este le encargó una radiografía que se realizó un día después. El resultado, según los hechos probados, “muestra una imagen patológica (masa de unos 10 centímetros de diámetro) que debió llevar a la realización de más pruebas diagnósticas”, pruebas que no se practicaron en ese momento, pero que tampoco se iniciaron cuando la mujer, que entonces tenía 43 años, acudió el 23 de septiembre de ese mismo año con dificultades para respirar, ni el 15 de febrero de 2018, cuando regreso por más dolores osteomusculares en la misma zona –“se dictaminó que era una contractura”-. Tampoco se tuvo en cuenta el historial de la demandante en el que constaba que tanto su abuela como una tía paterna habían tenido sarcoma.No es hasta el 9 de agosto de 2018 -13 meses después de la primera consulta– cuando, al acudir de urgencias al Hospital Virgen de Valme de Sevilla, se le diagnostica un sarcoma, que había crecido hasta los 14 centímetros de diámetro. Durante la operación no se pudo extirpar toda la masa, quedando restos del tumor que precisaron de una segunda intervención en las costillas y vértebras, tras la que “no quedaron restos del tumor, pero sí una lesión metastásica del pulmón y ello porque la localización impide una resección completa”, según testificó en el juicio el cirujano que realizó esa segunda operación que también confirmó que “el tumor era muy agresivo” -algo que también ha quedado probado en los hechos recogidos en la sentencia- y que el tratamiento de quimio al que debería someterse la paciente, “cada 15 días”, “será de por vida, al tratarse de un tumor maligno”.“Todo evidencia una mala praxis”, concluye la jueza en la sentencia, al describir la atención prestada por el médico de atención primaria durante los 13 meses previos a la visita de la paciente al Virgen de Valme. Ante la argumentación del SAS -que denegó en la vía administrativa la reclamación que le pedía la demandante- de que la tardanza en el diagnóstico no afectó a las posibilidades de curación de la mujer porque se trataba de un tumor de crecimiento lento y se desconocía si en julio de 2017 ya estaba infiltrado, la magistrada es tajante: “Es obvio que, por lo ahora expuesto, el retraso en el diagnóstico disminuyó considerablemente las posibilidades de curación o de mejor pronóstico de la paciente”. Además, arguye que tanto da si el tumor estaba o no infiltrado cuando la mujer acudió por primera vez a la consulta. En el primer caso, porque en esos 13 meses de demora se incrementó la infiltración y ella “que ya tenía perdida la posibilidad de sanación, presenta mayor dificultad y morbilidad del tratamiento”; en el segundo, porque, ese mismo retraso hizo que la demandante “perdiera cualquier posibilidad de sanación”.La jueza tampoco admite la excusa del SAS de que la “carga asistencial” a la que se ve sometida la atención primaria y el “poco tiempo del que dispone para atender a cada paciente” el médico de familia, determine que solo se recojan “los datos alterados de las exploraciones” realizados a pacientes. “Cuando hay omisión de medios y ello no obedece a que estos sean escasos o de imposible uso, sino a que erróneamente no se posibilita la valoración por un especialista de su utilización, ya se dificulta que el paciente logre superar la enfermedad y hay una disminución de la tasa o porcentaje de supervivencia”.“¿Qué está pasando en la sanidad andaluza?”Esta es la segunda condena por responsabilidad patrimonial al SAS que se conoce en los últimos días. La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía imponía una indemnización de 250.000 euros a otra sevillana, en este caso no por tardar en detectar un tumor, sino por haber diagnosticado uno que nunca existió, obligando a la paciente a someterse a un tratamiento quirúrgico y terapéutico muy agresivo que la dejó sin poder caminar y con graves secuelas psicológicas. “¿Qué está pasando en la sanidad andaluza?”, se ha preguntado la presidenta de la Defensora del Paciente, Carmen Flores, en relación a la mala praxis evidenciada en estas dos sentencias, ambas firmes y cuya acusación ha dirigido la organización.Flores ha puesto el foco en la mala calidad asistencial de la atención primaria de la comunidad que ha evidenciado este último caso. “Es absolutamente injustificable esta falta de rigor y profesionalidad, y más injustificable si cabe que en casos como los narrados se someta a los pacientes a tener que pasar por un trámite judicial largo, defendiendo actuaciones que lo que requieren, es una inspección interna, y la honestidad de reconocer ante el ciudadano errores de calado”, ha indicado la defensora. “Lo de menos es el dinero, lo que les importa a estas mujeres es que se reconozca el calvario que han vivido y que seguirán viviendo por culpa de una mala praxis, pero, sobre todo, que no vuelva a pasar”, abunda Villalpando.